¡Papeles para todos... factura para España!

El Gobierno convierte la regularización masiva en un supuesto hito moral mientras crecen las dudas sobre su impacto en el empleo, la vivienda, la sanidad y la convivencia social. Lo que se vende como justicia termina siendo otra factura más que pagamos todos los españoles.

Hay decisiones políticas que no se miden por el inmediato aplauso del titular, sino por la factura que terminan pasando a la sociedad. La regularización masiva de inmigrantes en situación irregular anunciada por la ministra Elma Saiz pertenece, sin duda, a esa categoría. Lo que el Gobierno presenta como un “gran hito” de la legislatura y un ejercicio de “coherencia ética” y “justicia social”, muchos españoles lo perciben como una nueva muestra de improvisación ideológica, de propaganda moral y de ausencia clara y absoluta de previsión.

Porque una cosa es la dignidad de las personas --que nadie sensato discute-- y otra muy distinta es convertir una cuestión tan delicada como la inmigración en un gesto político de alto impacto emocional, pero de previsibles consecuencias potencialmente gravísimas en el terreno laboral,sanitario, social y económico.

El mensaje del Ejecutivo a traves de su ministra es simple: "otorgar derechos hace mejor a un país". La frase suena y es impecable, casi incontestable. Pero la política seria no se basa en la estética del discurso. La política responsable exige explicar cómo se sostienen esos derechos, quién asume su coste y qué efectos tendrá la medida sobre un país que ya soporta tensiones crecientes en empleo, vivienda y servicios públicos. Es ahí donde el discurso oficial empieza a resquebrajarse y a perder fuelle.

La crítica formulada por el presidente del PP e 'invicto galego do Peares', Alberto Núñez Feijóo, de no compartir está regularización masiva por considerarla “inhumana, injusta, insegura e insostenible", no es una mera consigna de oposición, sino una reflexiva advertencia que merece ser tomada muy en serio.

Es "inhumana" porque puede reforzar el efecto llamada de "papeles para todos". Cuando un Estado transmite que la entrada irregular puede desembocar en una legalización masiva, el mensaje que reciben miles de personas fuera de nuestras fronteras es evidente: merece la pena arriesgarse. Y ese riesgo no es una entelequia abstracta, tiene nombres, rostros y tragedias concretas en rutas migratorias peligrosas y muy controladas por mafias que comercian con la desesperación humana.

Las consecuencias no las paga el Gobierno en la rueda de prensa del ministro de turno, sino quienes ponen su vida en manos de redes criminales y los ciudadanos del país de acogida.

Es "injusta" porque desincentiva el cumplimiento de la ley. Miles de inmigrantes que han seguido los cauces legales -reuniendo documentación, contratos, plazos y permisos exigidos- observan con estupor ahora cómo la irregularidad puede acabar convirtiéndose en una vía más rápida de acceso a los mismos derechos.

Ese mensaje erosiona y debilita gravemente la confianza en el Estado de Derecho y mina la legitimidad de todos esos procedimientos legales exigidos.

Es "insegura" porque la magnitud de la regularización exige una capacidad administrativa extraordinaria que hoy, sencillamente, no existe. Oficinas de correos, de empadronamiento y de cientos de embajadas saturadas por expedientes masivos, junto a millones de rigurosos controles comprimidos en un tiempo record, generan serias dudas y razonables sobre la verificación efectiva de sus antecedentes penales, arraigo y situación individual.

Pero donde la crítica alcanza su mayor solidez es en el cuarto adjetivo usado por Feijóo:"la insostenibilidad".

España atraviesa una grave e importante crisis de vivienda sin precedentes, con miles de jóvenes que no pueden emanciparse por no poder hacer frente a alquileres disparatados y por una oferta insuficiente de viviendas.  Incorporar de golpe a cientos de miles de nuevos demandantes legales de vivienda añade presión y aumenta el problema a un mercado ya roto e intensifica el círculo vicioso: "más demanda, menos oferta y precios más altos".

La ecuación es elemental y en el mercado laboral ocurre algo muy similar. Sectores -como hostelería, agricultura, cuidados a mayores o construcción- ya operan bajo fuertes tensiones salariales y elevada precariedad. La incorporación súbita de un gran volumen de nuevos trabajadores -entre medio y dos millónes- va a agravar la competencia en empleos poco cualificados, afectando de modo especial a los trabajadores más vulnerables.

Y luego está la sanidad. Un sistema público supersaturado -con listas de espera crónicas e interminables y falta de profesionales médicos- que deberá absorber una demanda adicional muy elevada sin que el Gobierno haya explicado de manera transparente y razonada qué recursos extraordinarios piensa destinar para evitar un mayor deterioro asistencial y evitar el colapso total.

¿Dónde está la memoria económica?¿Dónde el plan de refuerzo sanitario? ¿Dónde la coordinación con las diversas comunidades autónomas y ayuntamientos? ¿De donde van a salir los fondos económicos necesarios...?
La respuesta--como tantas otras en las legislaturas de ZP y de Sánchez- parece resumirse en una fórmula ya conocida: primero el titular, después la realidad.

¿Ese es, en verdad, el gran hito del sanchismo del que habla Elma Saiz...?

No es la regularización en sí, el problema es la forma de gobernar de Sánchez: convertir unas  "decisiones estructurales" en operaciones de propaganda moral, sin explicar costes, sin prever consecuencias y sin asumir responsabilidades.

Hoy, el Gobierno de Sánchez -presionado por una urgencia que nadie entiende- reparte millones de "papeles para todos"...pero mañana, seremos todos los españoles quienes paguemos "la enorme factura".

Y esa factura no llegará en forma de discurso medio social y politico, sino en listas sanitarias de espera más largas, alquileres aún más altos, mayor presión laboral y una relación y convivencia social mucho más difícil y tensionada.

Aunque algunos llaman a eso "coherencia ética y justicia social", o tros lo llamamos, simplemente, "irresponsabilidad política" e "incoherencia social".

Porque gobernar no es abrir nuestras fronteras y puertas 'a tutiplén' y sin medir sus directas consecuencias, sino sostener el edificio común para que no se derrumbe sobre quienes ya están dentro.

Cuando la "propaganda" oficiosa sustituye a la previsión objetiva, el resultado "no es justicia": es un país al que siempre le toca pagar la cuenta de los "megalomanos experimentos" de un Gobierno profundamente "irresponsable" e "incoherente".
 

Linkedin: Pedro Manuel Hernández López