El entonces vicepresidente del Gobierno regional, Antonio Gómez Fayrén, impulsó en 1997 la Ley 4/1997, de 24 de julio, de Construcción y Explotación de Infraestructuras de la Región de Murcia. El texto legislativo abría en la Región la vía legal para financiar obras mediante el denominado peaje en sombra, que fue el elegido para la construcción de una infraestructura que se consideraba fundamental: convertir la carretera comarcal C-415 en la RM-15, una autovía que comunicaba la capital murciana con Mula y Caravaca de la Cruz.
La discusión, a finales de la década de los noventa, fue cómo pagar la obra. Descartado el pago íntegro con fondos propios ante una menguada hacienda regional, el debate se centró en aplicar el modelo alemán o el peaje en sombra. La diferencia entre ellos era evidente. En el primero es una empresa privada quien asume la totalidad del coste de la obra y cobra una vez finalizada. El segundo supone que es la concesionaria la que financia la obra y asume su mantenimiento durante un plazo determinado (en este caso 27 años) y, una vez concluida, la administración abona un coste fijo anual, o en función de su uso, hasta el final de la concesión.
De esta manera, el usuario no abona directamente un peaje en cabina, sino que lo hace la administración.
Este año 2026 finaliza el plazo de concesión de una obra que comenzó a construirse en 1999, por lo que el Ejecutivo regional ya tiene decidida la recuperación y el mantenimiento de la autovía por la que diariamente pasan alrededor de 15.000 vehículos.
El periódico El Economista recuerda hoy que el primer concesionario de la autovía fueron las constructoras Sacyr y OHL junto con el BBVA. Posteriormente Sacyr asumió la totalidad de la propiedad de la sociedad conjunta y en 2010 dio entrada en la UTE Aunor al fondo británico Eiser Infrastructure Limited, con el 49% del capital.
Tomada la decisión de revertir la concesión, el Ejecutivo regional sacará a concurso el mantenimiento de la vía mediante un contrato de servicios.