Prioridad nacional para ‘dummies’

Como usted ya sabrá, ‘dummy’ es una palabra polisémica en lengua inglesa. Puede referirse a un muñeco de pruebas de choque para testar las condiciones de seguridad de un vehículo, una maqueta, un chupete, e incluso cualquier representación inanimada de la realidad. También puede traducirse como principiante o como sinónimo de tonto (yo prefiero acotarlo a ‘inocente’), que quizá sean las dos acepciones más conocidas gracias a una popular colección de libros de carácter didáctico.

Hago esta introducción para que sea usted quien al término de este artículo pueda, si le apetece, identificarse con alguno de sus significados. El concepto de prioridad nacional en una democracia puede ser político (y por tanto abstracto) o literal. Se entiende que todas las personas que habitamos un mismo territorio y que poseemos un mismo título identificativo por razón de nacimiento o asimilación somos iguales ante la ley. ¿Significa esto que el principio de igualdad no puede romperse so pena de convertirse uno en fascista, inhumano y en extremo un odiador fangoso y fachosférico? Veamos:

Usted y yo vivimos en un país en el que mujeres y hombres somos iguales ante la ley, según reza el artículo 14 de nuestra Constitución, pero hace años el legislador entendió que, para determinados supuestos penales en materia de violencia doméstica o familiar, el mismo delito tiene nombre y penas distintas y se juzga en tribunales distintos según su autor sea mujer u hombre. Y si de prioridades que rompen el principio de igualdad hablamos, podemos bucear en las numerosas formas de discriminación positiva que se aplican a mujeres que concurren a determinadas oposiciones públicas, bien sea por la reserva expresa de puestos o por los diferentes baremos establecidos en las pruebas de acceso. Por tanto, en España existen personas con prioridad sobre otras por razón de sexo.

Y si atendemos al origen, encontramos la gran paradoja: en algunas regiones españolas se establece como requisito o mérito para acceder a un empleo público el conocimiento del idioma local. Si pensamos en Cataluña, por ejemplo, sabemos que el español es el idioma propio más hablado como lengua materna y el más usado también en el ámbito económico. Así, no parece tener mucho sentido establecer normas que expulsan o desincentivan de facto que españoles de otras regiones no puedan concurrir a esos empleos con la misma facilidad. Es un problema serio que afecta a sectores tan sensibles para la ciudadanía como la administración de justicia, la sanidad o la educación públicas, pero no se duda en aplicar la prioridad regional de unos españoles sobre otros. Por no hablar de la Generalidad de Cataluña, que incumple sistemáticamente la obligación de ofrecer hasta un 25% de clases en español, según reiteradas sentencias judiciales.

Podemos hablar también de recursos públicos. La financiación autonómica no parte de un supuesto en el que el ciudadano esté en el centro de la valoración, asignando una cantidad fija por habitante para después repartir el resto considerando variables geográficas y sociales. Esto hace que el principio de igualdad por razón de origen que consagra la Constitución española pierda todo su valor. Para entenderlo mejor, pensemos en las regiones mejor y peor financiadas: Cantabria y Región de Murcia. Ambas son pequeñas y uniprovinciales, sin problemas de despoblación ni de grandes distancias entre localidades y servicios, pero un cántabro recibe del Estado trescientos euros más de media al año que un murciano. Como en la granja orwelliana, unos más iguales que otros. Terminamos nuestro recorrido por la España fangosa constatando cómo, en fechas recientes, los gobiernos regionales vasco y canario acaban de aprobar los nuevos requisitos de arraigo para poder acceder a procedimientos de adjudicación de vivienda pública, entre los que figura una vecindad mínima de tres años en el territorio.

Con estos antecedentes, no me resisto a reproducir parte del comunicado emitido por el Partido Socialista Obrero Español sobre este concepto acuñado por Vox: “… la prioridad nacional no sólo atenta contra los principios constitucionales españoles, sino también contra la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. Según el PSOE, esa propuesta es “inhumana porque pretende fracturar a la sociedad, dividiéndola entre ciudadanos de primera y de segunda categoría…, …y se basa en el odio y la exclusión”.

Saque usted sus conclusiones, y valore si el hecho de ser español, pagar aquí desde siempre sus impuestos, respetar las leyes y participar de nuestras costumbres comunes, conceptos todos ellos compatibles con el de arraigo, no son razones mucho más poderosas que las de simple vecindad a la hora de ordenar, que no impedir, el acceso a determinados servicios públicos.

Resulta profundamente extraño que haya españoles conformes con que existan discriminaciones y desigualdades entre compatriotas, y que sin embargo defiendan con vehemencia que el recién llegado ha de tener los mismos derechos e igualdad de acceso a todos los servicios públicos. Sí, somos muñecos e inocentes, somos ‘dummies’. Pero unos más que otros.

Linkedin: José María Riquelme