Bahía de Cádiz: sangre, abandono y rendición del Estado

Durante años, la lucha de la Guardia Civil contra el narcotráfico en la Bahía de Cádiz se ha convertido en el retrato más descarnado de cómo un Estado puede abandonar a quienes lo defienden. Agentes asesinados, patrulleras insuficientes, chalecos defectuosos, falta de medios, inferioridad operativa frente a narcolanchas cada vez más violentas y una sensación creciente de impunidad han marcado una deriva insoportable para quienes se juegan la vida en el Campo de Gibraltar.

A ello se suma la polémica decisión del ministro Fernando Grande-Marlaska de desmantelar OCON-Sur, la unidad que había conseguido asfixiar económicamente a las redes del narcotráfico y ponerlas contra las cuerdas. Una decisión que coincidió temporalmente con el deterioro de las relaciones institucionales derivadas del 'caso Pegasus' y con crecientes sospechas políticas sobre las presiones ejercidas desde Marruecos hacia el Gobierno de Pedro Sánchez.

Esta serie de artículos aborda no solo la violencia del narco, sino también la desprotección institucional, la desigualdad de medios respecto a otros cuerpos policiales y la sensación de rendición política ante un problema que afecta directamente a la soberanía, la seguridad y la dignidad del Estado español.

¡Tres Minutos...!

Tres minutos, ese es el tiempo que tarda una narcolancha en cruzar la línea de la impunidad. Tres minutos para entrar desde mar abierto, descargar droga, embestir una patrullera y desaparecer entre la oscuridad y la impunidad. Tres minutos que separan la ley del caos. Y mientras tanto --desde los despachos-- algunos siguen intentando maquillar la realidad con minutos de silencio, fatuos funerales institucionales y discursos huecos sobre el “compromiso con las Fuerzas de Seguridad”.

Pero Barbate no fue un accidente. Y Huelva no es una estadística más. Lo que estamos viendo es una guerra asimétrica en toda regla. Una guerra donde el Estado ha decidido enviar a los suyos a combatir con las manos atadas a la espalda mientras el enemigo dispone de dinero, medios, velocidad y --en demasiadas ocasiones-- sensación absoluta de impunidad. Los narcos ya no solo huyen, ahora también embisten, intimidan, atacan y, sobretodo, asesinan.

Analicemos crudamente la táctica y sin hipocresías. ¿Cómo pretende alguien detener una narcolancha de más de cinco mil kilos, equipada con tres motores de alta potencia y lanzada a sesenta nudos, utilizando una embarcación ligera de apenas seis metros de eslora? Eso no es una persecución, es pura física elemental y balística pura.

Es mandar a nuestros agentes de la G.C., prácticamente, indefensos contra auténticos y férreos arietes flotantes del siglo XXI.

Y, aun así, desde arriba se insiste en protocolos pensados para tiempos que ya no existen. Protocolos que hablan de evitar el contacto y contener la respuesta. El problema es que el contacto no lo busca la Guardia Civil, lo busca el narco cuando decide lanzar toneladas de fibra y gasolina contra una zodiac oficial para mandarla al fondo del mar.

Ese es el verdadero drama que nadie quiere reconocer ni oficial ni públicamente. Nuestros guardias civiles tienen más miedo al juez que al delincuente. Y ese miedo es el mayor fallo de seguridad que puede tener un Estado.

Porque un guardia civil sabe perfectamente que, si utiliza el arma y neutraliza un motor, probablemente comenzará después otro combate mucho más devastador: declaraciones, expedientes, investigaciones internas y un proceso judicial capaz de arruinarle la carrera. Mientras tanto, el narcotraficante cuenta con dinero, abogados y organizaciones enteras sosteniendo su negocio multimillonario.

¿El resultado? Dudas.

Y en el Estrecho, la duda es una sentencia de muerte.

Cada segundo que un agente pierde preguntándose si podrá defenderse sin acabar procesado, es una ventaja táctica para el criminal. La legislación actual, tal y como se aplica, se ha convertido en el mejor chaleco antibalas para el narcotráfico. Porque cuando el delincuente sabe que el Estado teme ejercer la fuerza legítima, deja de temer a la ley.

Por eso mi propuesta sigue siendo la misma, aunque muchos la consideren dura: cambio inmediato de las Reglas de Enganche. Una narcolancha cargada no es un simple vehículo. Es una plataforma de agresión utilizada por organizaciones criminales que operan con tácticas casi paramilitares. Y debe tratarse como tal.

Si una embarcación no se detiene tras el primer aviso, el procedimiento debería permitir su inutilización inmediata. Sin ambigüedades. Sin complejos políticos. Y si la vida de los agentes corre peligro por una embestida, la respuesta debe ser proporcional y contundente: fuego de cobertura para neutralizar la amenaza. Porque la prioridad de un Estado serio no puede ser proteger la hélice del delincuente mientras entierra a sus guardias civiles.

O se vacían cargadores para defender la ley, o seguiremos vaciando cuarteles para asistir a entierros.

Y lo más indignante es contemplar después el desfile de autoridades con corbata negra y gesto solemne. Los mismos que acuden a los funerales son quienes llevan años negando patrulleras adecuadas, medios tecnológicos, respaldo jurídico real y la declaración de Zona de Especial Singularidad para Cádiz y Huelva.

Eso ya no es negligencia política. Es hipocresía criminal.

Porque cuando amplias zonas del litoral quedan sometidas al miedo, cuando los narcos circulan con sensación de dominio territorial y cuando las Fuerzas de Seguridad operan limitadas por el temor jurídico, lo que empieza a desaparecer no es solo la autoridad: es el propio Estado.

Y un Estado que pierde el monopolio de la violencia deja de existir como poder real.

No necesitamos más homenajes televisados ni más discursos solemnes. Necesitamos seguridad jurídica, medios y potencia de fuego. Necesitamos que el narco sepa que si intenta pasar por encima de un uniforme, la respuesta será inmediata y contundente.

Porque la ley no puede seguir entrando al mar con miedo mientras el narcotráfico navega convencido de que ya ha ganado.

Linkedin: Pedro Manuel Hernández López