El Real Murcia, un ejemplo de sociedad anónima deportiva que presenta un alto riesgo de impago
Las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) mantienen un riesgo máximo o elevado de impago del 71%, al mismo nivel del año anterior y muy por encima de los niveles de otros sectores. De acuerdo con los datos que ofrece Insight View de Iberinform, sólo el 8% presenta valores bajos o mínimos.
Las sociedades anónimas deportivas operan en un entorno económico caracterizado por crecimiento estructural de ingresos, pero con elevada presión sobre márgenes y resultados, lo que incrementa su perfil de riesgo de crédito. Los confinamientos vinculados a la pandemia ya impactaron en el desempeño de estas sociedades recortando sensiblemente su rentabilidad, que sigue siendo muy limitada.
En cuanto a la dispersión geográfica, de acuerdo con los datos que ofrece Insight View, Madrid (8%) y Barcelona (8%) son las provincias con más sociedades anónimas deportivas, seguidas de Málaga, Alicante y Badajoz con el 5%. Estas dos últimas provincias son las que presenta un nivel más alto de riesgo de crédito, con el 100%
En cuanto a su tamaño, apenas un 2% del sector está compuesto por microempresas. El tejido empresarial muestra una concentración inusualmente elevada de medianas y grandes empresas, que representan el 66% del total.
Por lo que se refiere a su antigüedad, sólo el 28% de las sociedades anónimas deportivas se ha fundado en la última década y un relevante 42% sobrepasa los 25 años de antigüedad. Sin embargo, son las que tienen entre 11 y 25 años las que cuentan con mayor nivel de riesgo crediticio (78%).
Las sociedades anónimas deportivas constituyen una excepcionalidad en el ecosistema mercantil español, implantada para mejorar la transparencia económica y jurídica de las empresas que operan en el mundo del deporte profesional. En la última década del siglo pasado, se impulsó la creación de esta nueva figura mercantil, que trató de adaptar el régimen general de las sociedades anónimas a las especificidades del mundo del deporte, para amparar la actividad de los equipos profesionales inscritos en competiciones oficiales de ámbito estatal.