Next Generation España: cuando los fondos europeos empezaron a tapar agujeros fiscales

La cuestión central no es si el Gobierno 'desvió' directamente fondos europeos para pagar pensiones, sino algo jurídicamente más complejo: utilizó créditos no comprometidos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para cubrir insuficiencias presupuestarias en clases pasivas y complementos a mínimos durante 2024. El Tribunal de Cuentas cifra estas modificaciones en 2.389,4 millones de euros financiados con créditos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Formalmente, el PRTR está destinado a digitalización, transición ecológica y reformas estructurales conforme al Reglamento (UE) 2021/241. Sin embargo, parte de esos créditos europeos no ejecutados fueron reorientados mediante modificaciones presupuestarias para reforzar partidas insuficientes.

El mecanismo encaja en la Ley General Presupuestaria, aunque abre dudas sobre trazabilidad, adicionalidad y uso indirecto del espacio fiscal generado por el MRR.

La Unión Europea detecta un patrón: los fondos europeos como amortiguador fiscal

No existen precedentes idénticos al caso español respecto al uso indirecto de créditos del MRR para aliviar gasto en pensiones, pero sí un patrón común: reprogramaciones constantes, sustitución parcial de gasto nacional y utilización del MRR como colchón frente a restricciones fiscales.

Sin embargo, España no es un caso aislado. Desde la creación del MRR varios Estados miembros han utilizado el instrumento bajo crecientes tensiones fiscales y limitaciones de ejecución.

En Italia, el PNRR ha sufrido reprogramaciones para adaptarlo a la capacidad de ejecución. La Comisión Europea autorizó reasignaciones hacia proyectos con mayor absorción, especialmente infraestructuras. El problema no fue un uso indebido, sino la dificultad estructural italiana para cumplir plazos y objetivos.

Grecia desplegó el MRR en un contexto de elevada deuda y restricción fiscal. Bruselas observó un fenómeno de “baja adicionalidad”: parte del gasto europeo sustituyó inversiones que, en condiciones normales, habría financiado el propio Estado griego.

Portugal concentró recursos en proyectos de rápida ejecución —vivienda, energía o digitalización administrativa— reduciendo iniciativas más complejas por limitaciones administrativas.

De fondo de reformas al salvavidas del gasto público

Afirmar que “el Gobierno utilizó fondos europeos para pagar pensiones” simplifica el mecanismo, pero contiene un núcleo materialmente cierto. El Tribunal de Cuentas describe dos modificaciones presupuestarias por 2.389,4 millones financiadas con créditos no comprometidos del MRR.

El problema no es solo contable. Revela tensiones de sostenibilidad presupuestaria, dependencia de financiación extraordinaria europea, ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado y reducción del margen fiscal.

El Tribunal vincula estas operaciones a la prórroga presupuestaria de 2023 durante 2024, obligando a ajustes excepcionales para atender gasto obligatorio.

El Tribunal de Cuentas deja abierta una zona gris

La Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2024 señala que el Gobierno autorizó una ampliación de crédito de 1.722,1 millones y una transferencia adicional de 667,3 millones financiadas con créditos excedentarios del PRTR no ejecutados.

El origen de esos recursos es el MRR, instrumento extraordinario creado tras la pandemia para financiar reformas e inversiones ligadas a hitos y objetivos aprobados por la Comisión Europea.

El conflicto aparece porque parte de esos créditos se utilizó para cubrir necesidades internas como pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos, finalidades ajenas al diseño original del MRR. Hacienda justificó la operación por la prórroga presupuestaria y la necesidad de atender compromisos ineludibles.

El Tribunal no declaró ilegalidad ni malversación, pero tampoco validó plenamente la operación. Señaló insuficiencias en las justificaciones y dejó abierta una incertidumbre jurídica y presupuestaria sobre la compatibilidad entre créditos del MRR y usos distintos a los autorizados inicialmente.

Bruselas alerta de una deriva silenciosa en el MRR

El MRR nació para financiar modernización económica, transición ecológica y digitalización, no para sostener gasto corriente estructural. Sin embargo, cuando créditos no ejecutados terminan cubriendo insuficiencias internas, se produce un desplazamiento funcional: el instrumento deja de ser exclusivamente transformador y pasa a actuar parcialmente como soporte indirecto del presupuesto ordinario.

En España, este fenómeno coincide con prórroga presupuestaria, aumento del gasto en pensiones, elevada deuda y fuerte dependencia de fondos europeos. AIReF y Comisión Europea ya han advertido sobre estas tensiones. La preocupación en Bruselas no se centra únicamente en la legalidad, sino en la gobernanza fiscal europea.

El gobierno valida el mecanismo como cortafuegos político

El Gobierno no niega las modificaciones presupuestarias señaladas por el Tribunal de Cuentas. Lo que rechaza es la interpretación política de que constituyan una financiación europea de pensiones o una señal de insolvencia estructural.

La posición oficial sostiene que se trató de una reasignación puntual de créditos excedentarios del MRR no ejecutados, realizada conforme a la Ley General Presupuestaria y sin afectar hitos comprometidos con Bruselas.

El argumento oficial resulta poco convincente porque, aunque jurídicamente no exista una transferencia directa de fondos europeos a las pensiones, el efecto económico es prácticamente equivalente: créditos del MRR liberaron recursos nacionales que terminaron cubriendo gasto estructural. Además, si el sistema presupuestario ordinario hubiera tenido suficiente margen fiscal, no habría sido necesario recurrir a créditos europeos no ejecutados para cubrir insuficiencias en gasto obligatorio.

Bruselas y el núcleo duro europeo ven en España un problema estructural, no un ajuste puntual

En el núcleo fiscal europeo crece la percepción de que España está utilizando el Next Generation para aliviar tensiones presupuestarias internas más que para transformar su economía con reformas estructurales.

El problema para Bruselas, Berlín, La Haya y Viena no es solo jurídico: es que la deuda común europea termine convirtiéndose de facto en un mecanismo permanente de financiación indirecta del gasto nacional.

El recurso a créditos del MRR no es el verdadero problema: es la señal de que el modelo fiscal español necesita financiación extraordinaria para sostener un gasto en pensiones cada vez más difícil de absorber.

España no espera sanciones inmediatas, pero Bruselas puede endurecer controles, congelar desembolsos y aumentar la supervisión sobre España. El problema de fondo es político y estratégico: el Next Generation fue diseñado para modernizar economías, no para aliviar tensiones de gasto nacional en pensiones.

Email: Rubén Darío Torres