La teoría del ‘lawfare’ sanchista es insostenible: las condenas al PP lo desmienten

Desde hace meses, dirigentes próximos al presidente del Gobierno sostienen que determinadas investigaciones judiciales, actuaciones policiales, informaciones periodísticas y procedimientos que afectan al entorno político del PSOE responderían a una supuesta operación de desestabilización antidemocrática contra el Gobierno. Sin emplear siempre los mismos términos, el mensaje es recurrente: existiría una alianza informal de jueces, policías, medios de comunicación y oposición política orientada a erosionar al Ejecutivo por vías no electorales.

El argumentario desarrollado por los sectores más próximos al sanchismo sostiene que la sucesión de investigaciones judiciales que afectan al entorno político, orgánico y personal del presidente del Gobierno no respondería al funcionamiento ordinario de los mecanismos de control propios de una democracia avanzada, sino a una estrategia coordinada de naturaleza política destinada a derribar al Ejecutivo.

Bajo esta interpretación, casos como el denominado caso Koldo–Ábalos–Cerdán, la investigación sobre Santos Cerdán, el procedimiento relativo a Begoña Gómez, la causa que afecta a David Sánchez, las diligencias relacionadas con Leire Díez, la trama de hidrocarburos y Víctor de Aldama, las investigaciones sobre adjudicaciones públicas y posible financiación irregular vinculadas al entorno socialista o las actuaciones que afectan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno empresarial, no serían acontecimientos jurídicos autónomos sometidos a control judicial, sino manifestaciones diversas de una misma operación política orientada a debilitar al Gobierno.

La gravedad de esta tesis exige una reflexión especialmente rigurosa. Porque aceptar semejante planteamiento implica asumir que jueces, fiscales, unidades especializadas de investigación, órganos jurisdiccionales, medios de comunicación y sectores de la oposición actuarían de forma coordinada, sostenida y continuada al margen de los principios constitucionales que regulan su actuación. En otras palabras, supone sostener que una parte significativa de las instituciones encargadas de garantizar el Estado de derecho habría dejado de actuar conforme a la legalidad para convertirse en un instrumento de intervención política.

Sin embargo, la principal debilidad de esta construcción argumental reside en su escasa capacidad para explicar la experiencia histórica reciente de la propia democracia española.

El propósito de mencionar las investigaciones actualmente abiertas no es afirmar la culpabilidad de ninguno de los investigados ni anticipar el resultado de procedimientos que continúan sujetos a las garantías del proceso judicial. La presunción de inocencia constituye un principio irrenunciable del Estado de derecho. La cuestión relevante es otra y posee una dimensión estrictamente institucional.

Si la mera existencia de investigaciones judiciales, informes policiales, registros, diligencias instructoras o actuaciones de la Fiscalía constituye prueba suficiente de una conspiración destinada a derribar gobiernos democráticamente elegidos, resulta obligado explicar por qué las mismas instituciones que desarrollaron durante décadas investigaciones y que afectaron de manera profunda al Partido Popular y a numerosos responsables políticos que ejercían el poder.

El argumentario sanchista constituye una acusación extraordinariamente grave. Y precisamente por su gravedad exige pruebas extraordinarias. Sin embargo, existe un hecho que debilita seriamente esa tesis: las mismas instituciones que hoy investigan casos que afectan al PSOE son las que durante años investigaron, procesaron y lograron condenas firmes en algunos de los mayores escándalos de corrupción vinculados al Partido Popular.

Los principales casos con condenas firmes vinculados al PP incluyen: Caso Gürtel, Caso Bárcenas, Caso Palma Arena, Caso Nóos, Caso Brugal, Caso Pokémon, Caso Púnica (con distintas piezas ya sentenciadas y otras todavía en tramitación), Caso Cooperación Valencia.

Entre los nombres vinculados al PP que sí forman parte de condenas relevantes por corrupción o financiación irregular figuran: Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, Jaume Matas, Francisco Correa, Pablo Crespo, Jesús Sepúlveda, Guillermo Ortega, Carlos Fabra, Alfonso Rus, Francisco Granados (según las distintas piezas y resoluciones correspondientes), Miguel Blesa, etc.

No sólo fueron condenados numerosos cargos y dirigentes vinculados al Partido Popular. El propio Partido Popular fue declarado partícipe a título lucrativo en la sentencia de la trama Gürtel, y posteriormente fue confirmado como responsable civil subsidiario en procedimientos relacionados con la financiación irregular y las obras de la sede de Génova.

Si la UCO, la UDEF, la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo formasen parte de una estructura destinada a derribar gobiernos progresistas mediante el llamado lawfare, resulta difícil explicar cómo esas mismas instituciones investigaron durante más de dos décadas algunos de los mayores casos de corrupción vinculados al Partido Popular, obtuvieron condenas firmes contra ministros, presidentes autonómicos, tesoreros, alcaldes, dirigentes territoriales y empresarios vinculados al poder político, e incluso lograron que el propio Partido Popular fuera condenado como partícipe a título lucrativo en la trama Gürtel.

La existencia de condenas firmes en casos como la Gürtel, la financiación irregular del PP o múltiples procedimientos de corrupción autonómica y local no constituye una opinión política. Constituye un hecho judicial acreditado. Y ese hecho introduce una duda razonable sobre el relato sanchista de que cualquier investigación que afecte a su propio espacio político como una manifestación de lawfare o de persecución institucional.

La democracia no exige creer automáticamente a los gobiernos cuando denuncian conspiraciones. Exige examinar los hechos. Y los hechos muestran que las instituciones españolas han investigado y condenado a responsables políticos de distinto signo cuando han encontrado indicios y pruebas suficientes para hacerlo.

La mejor prueba de que España no vive bajo un sistema de persecución política organizada no son los discursos de los gobiernos ni de la oposición. Es la existencia de una larga lista de condenas firmes por corrupción que afectaron a dirigentes y cargos del Partido Popular cuando este ejercía amplias cuotas de poder institucional.

Ese enfoque tiene una ventaja importante: no necesitas demostrar que todas las investigaciones actuales contra personas vinculadas al PSOE sean correctas ni anticipar culpabilidades. Basta con sostener que la trayectoria histórica de jueces, fiscales y fuerzas policiales especializadas, y periodistas resulta difícilmente compatible con la idea de una conspiración permanente destinada a derribar gobiernos de izquierdas. Ese argumento es mucho más robusto desde el punto de vista institucional y jurídico.

Email: Rubén Darío Torres