La Administración de Justicia en la Región de Murcia se encuentra atrapada en una espiral de congestión crónica. Según los datos extraídos de la Memoria Anual de 2025 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), presentada recientemente por su presidente, Manuel Luna Carbonell, el sistema judicial regional cerró el ejercicio con una bolsa de 221.000 asuntos pendientes de resolución. Esta cifra, que supone un incremento del 5% respecto al año anterior, coloca a los tribunales murcianos, un ejercicio más, en la cúspide del ranking de saturación y lentitud en el conjunto nacional.
La radiografía del colapso deja cifras que rozan la ciencia ficción administrativa. Los diez órganos judiciales más desbordados de la comunidad acumulan, entre todos, más de 50.000 procedimientos en espera. En el epicentro de esta tormenta se hallan los juzgados de lo civil de Murcia y Cartagena, encargados de dirimir desde desahucios hasta divorcios, los cuales operan al 222% de la carga máxima de trabajo estipulada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Como consecuencia de esta asfixia procesal, el tiempo medio de espera para obtener una primera sentencia en la Región se eleva a 12,2 meses, superando holgadamente la media estatal y alcanzando los 18,3 meses en el ámbito civil, lo que triplica los plazos de comunidades como Navarra o Asturias.
Un 'top ten' de la saturación
Al descender al detalle estadístico, la tasa de pendencia —el indicador que mide la salud de los órganos— revela escenarios de auténtica emergencia. Mientras la media regional se sitúa en un 0,95 y la nacional en un 0,63, los juzgados más colapsados llegan a multiplicar por doce estos ratios.
A la cabeza de este particular ranking figura el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Murcia, especializado en cláusulas suelo. Pese a despachar una media de cinco asuntos diarios, cerró 2025 con 17.281 expedientes sobre la mesa y una tasa de pendencia estratosférica de 12,19. Le sigue el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cartagena, con 4.601 casos pendientes, y la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que acumula 3.773 asuntos. A estos se suman otros órganos civiles de Murcia y Cartagena —como los juzgados número 4, 12 y 11— que completan una lista donde la pendencia marca los tiempos de una ciudadanía a la espera de tutela judicial efectiva.
Déficit estructural y reformas insuficientes
El informe del TSJ pone el dedo en la llaga de un problema endémico: la escasez de jueces por habitante. Aunque en 2025 se registró un descenso del 2,5% en el ingreso de nuevos asuntos (248.805) y la tasa de resolución mejoró un 2,2%, el ritmo de salida no logra compensar el volumen acumulado. La litigiosidad, fijada en 156 asuntos por cada mil habitantes, sigue sometiendo a los tribunales a una presión insostenible.
Ante este escenario, Manuel Luna ha reclamado un refuerzo urgente de la planta judicial. Si bien el ministerio de Justicia ha aprobado la creación de 19 nuevas unidades (frente a las 22 solicitadas inicialmente por la Sala de Gobierno), el presidente del TSJ considera esta medida paliativa e insuficiente. De hecho, las proyecciones para 2026 ya identifican la necesidad de sumar 23 unidades adicionales para empezar a taponar las vías de agua de un sistema que requiere, además, más personal y recursos materiales.
Asuntos penales y sociales, bajo presión
El mapa de la saturación no es exclusivo del orden civil. La Memoria pone de manifiesto la tensión extrema que soportan los Juzgados de lo Social, especialmente en la capital, con órganos que superan los 2.000 asuntos en trámite. Asimismo, los Juzgados de Instrucción de Murcia asumen una media superior a 4.100 casos anuales, mientras que los de lo Penal arrastran más de 900 procedimientos pendientes y cerca de 1.100 ejecutorias en trámite por órgano. La violencia sobre la mujer también concentra una intensa actividad, con juzgados especializados en Murcia y Cartagena que gestionan miles de asuntos penales, evidenciando la complejidad y el volumen de la litigiosidad regional.
La apuesta por la Inteligencia Artificial y la transformación digital
En medio de este escenario de sobrecarga, la Justicia murciana ha emprendido lo que su presidente ha calificado como la "mayor transformación organizativa de las últimas décadas". La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 ha convertido 127 juzgados unipersonales en 11 Tribunales de Instancia, reconfigurando el mapa territorial y los servicios comunes.
Sin embargo, el verdadero salto al futuro se está produciendo en el terreno de la innovación tecnológica. Alineada con las tendencias más vanguardistas, la Región se ha posicionado como referente nacional en la integración de la Inteligencia Artificial y la Automatización Robótica de Procesos (RPA). Estas herramientas ya se aplican en procedimientos monitorios y en la Robotización de la Unidad de Subastas, automatizando más de 400 actuaciones para garantizar la trazabilidad y homogeneidad del servicio.
Otro de los hitos tecnológicos es el Escritorio de Inmediación Digital (EVID), que permite la práctica de actuaciones procesales en remoto. Esta tecnología no solo optimiza la eficiencia, sino que se erige como un puente fundamental para garantizar el acceso a la Justicia de colectivos vulnerables o de zonas con dificultades de acceso presencial. A esto se suma la implementación de cuadros de mando microjudiciales para el seguimiento en tiempo real, enmarcados en la Agenda Estratégica 2026-2030.
Un sistema en transición
La Memoria Judicial 2025 dibuja, en definitiva, el retrato de un sistema judicial que ha demostrado su resiliencia al transformarse sin detener su actividad. No obstante, la digitalización y la reorganización estructural, por sí solas, no bastan para drenar el atasco histórico. Como concluye el propio TSJ, el éxito de los nuevos Tribunales de Instancia y de la vanguardia tecnológica estará irremediablemente supeditado a una inyección de medios humanos y materiales que permita a la Justicia murciana dejar de ser la más lenta del país para convertirse en un modelo real de eficacia y cercanía ciudadana.