La Incapacidad Temporal (IT) en España sería tan compleja y costosa que requiere una reforma estructural urgente enfocada en la sostenibilidad, la eficiencia y la responsabilidad compartida.
Las cifras harían tomar conciencia de la magnitud del problema: el gasto en IT por contingencias comunes alcanzó en 2025 los 33.000 millones de euros, un 14% más que en 2024 y supone más de un 60% de incremento en la última década.
El presidente de la Fundación, Alberto Giménez (presidente del grupo asistencial Casaverde), puso en valor el informe resaltando “las propuestas de reforma que contiene, la hoja de ruta a corto y medio plazo para llevarla a cabo a través de cinco decisiones clave a tomar por políticos y administrativos”.
Con el fin de abordar esta situación esta realidad, la Fundación Economía y Salud ha presentado el documento 'La Incapacidad Temporal en España: diagnóstico, desafíos estructurales y propuestas de reforma'. Este estudio es una respuesta proactiva, fundamentada en datos y criterios científicos cuyo objetivo es establecer una hoja de ruta progresiva y verificable para la sostenibilidad del sistema.
Una ruptura entre salud y trabajo
El estudio se sustenta en opiniones y datos aportados por expertos que conocen y trabajan a diario en la materia. Como una de sus propuestas clave, el estudio propone la colaboración entre las administraciones, el sistema sanitario, los agentes sociales y las empresas, abordando la IT desde una perspectiva económica, social y sanitaria.
“La Incapacidad Temporal cumple una triple función”, apuntó el Vicente Pallarés, coordinador general del informe, profesor titular de Medicina en la Universitat Jaume I de Castellón y vocal de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
El experto también destacó que “la IT tiene un impacto que trasciende el gasto económico” y apuntó que este fenómeno también afecta a “la eficiencia sanitaria y la legitimidad institucional, ya que la prestación es confusa o inadaptada, además de generar incertidumbre en la planificación de las empresas y las tensiones laborales”.
Modernizar el sistema: eficiencia, seguridad y equidad
La matriz de transformación institucional recogida en el documento plantea un “nuevo paradigma” enfocado en reducir la burocracia y los trámites administrativos. “Debemos abandonar la gestión fragmentada y los silos y pasar a una visión integrada, funcional y coordinada”, expuso Pallarés. Asimismo, remarcó la necesidad de dejar de concebir la IT como “un episodio rígido y estandarizado para entenderlo como un proceso dinámico, adaptado a realidades médicas y laborales complejas”.
En esa línea, la propuesta del informe se basa en cinco mandatos para la modernización del sistema: Gobernanza integrada para Convertir la IT en un proceso sistémico bien gobernado por todos los actores; Proteger sin cronificar para salvaguardar la salud evitando la dependencia prolongada e innecesaria; Renta sin desincentivos, que garantizaría la protección económica sin minar la cultura preventiva; Equidad eficiente, lo que supondría preservar los derechos eliminando inercias operativas ineficientes; y Corresponsabilidad, lo que supondría alinear bajo un mismo propósito a sanidad, protección social, empresas y personas trabajadoras.
Vicente Pallarés concluyó su presentación reforzando la idea de que la incapacidad temporal “es un gasto imprescindible que mide nuestra capacidad para proteger, curar y sostener el empleo sin sacrificar la salud”. En este sentido, invitó a las administraciones a “invertir en el estado de bienestar para construir una confianza institucional y una cohesión social”, subrayando que atajar el problema de las bajas laborales exige “una reforma serena, ambiciosa y basada en evidencia”.
“La IT no es solo un gasto: es un pacto social”
En la presentación del estudio intervinieron también los expertos autores, como Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Daniel García, subdirector General Gestión de Incapacidad Temporal del INSS o Yolanda Valdeolivas, exsecretaria de Estado de Empleo y catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la UAM, quienes aportaron sus respectivas visiones sobre el futuro del sistema.
