El presente artículo viene de uno anterior: La España que queremos (I)

 

A todo esto, se añade la gran una transformación: la inteligencia artificial, la automatización y los ciberataques. Pueden ser una amenaza o una oportunidad. Pueden destruir empleos o crear otros nuevos. Pueden aumentar la productividad o ampliar desigualdades. Pueden mejorar servicios públicos o convertirse en una nueva forma de exclusión.

 

La clave estará en cómo se gestione el cambio. España no puede permitirse llegar tarde. Necesita formar a sus trabajadores, proteger a sus empresas, reforzar la ciberseguridad y preparar a sus ciudadanos para un entorno digital cada vez más exigente.

 

La IA no es solo una herramienta tecnológica. Es una palanca multiplicadora. Acelerará lo bueno si hay estrategia, talento y responsabilidad. Pero también acelerará lo malo si hay improvisación, falta de formación y ausencia de liderazgo.

 

 

Una política demasiado lejos de la vida real

 

El gran problema es que buena parte de la política parece alejada de estas necesidades reales. Mientras las familias piensan en sanidad, pensiones, vivienda, empleo, seguridad, educación e impuestos, demasiados dirigentes parecen atrapados en la lógica del corto plazo.

 

La polarización ha sustituido al debate. La estrategia electoral ha sustituido a la planificación. Y la necesidad de mantenerse en el poder parece pesar más que la obligación de resolver problemas.

 

Se han abierto debates que dividen más de lo que construyen. Se ha dado protagonismo a posiciones que no representan a la mayoría social. Se han aplicado recetas que la historia ya ha demostrado que no funcionan cuando castigan a la clase media, desincentivan el esfuerzo y aumentan la carga fiscal sin una mejora proporcional de los servicios recibidos.

 

Pagar impuestos es necesario. Pero también lo es que el ciudadano perciba que esos impuestos se gestionan con rigor, eficiencia y respeto. Cuando la carga aumenta y los servicios empeoran, la confianza se rompe.

 

Y cuando la palabra pierde valor, se pierde algo más profundo que una promesa incumplida. Se rompe la base moral de la convivencia. Antes, muchos acuerdos se cerraban con un apretón de manos. Hoy, incluso con contratos, garantías y leyes, demasiadas personas sienten que ya no pueden confiar en nada ni en nadie.

 

Seguridad, justicia y convivencia

 

Una sociedad libre necesita seguridad. Los padres quieren saber que sus hijos pueden estar en la calle sin miedo. Los mayores quieren caminar tranquilos. Los jóvenes quieren vivir en barrios donde la convivencia no dependa de mirar hacia otro lado.

 

La reincidencia no puede normalizarse. La ley debe proteger al ciudadano honrado y transmitir una idea clara: quien la hace, la paga. No por venganza, sino por justicia. Porque sin consecuencias, la convivencia se deteriora.

 

La seguridad no es un asunto menor ni una obsesión autoritaria. Es una condición básica para que exista libertad real. Sin seguridad, los más vulnerables son siempre los primeros perjudicados.

 

La inmigración también debe abordarse con seriedad, sin demagogia y sin miedo a decir la verdad. España necesita inmigración. La necesita por razones económicas, demográficas y sociales. Muchos sectores productivos no funcionarían igual sin personas que vienen de fuera a trabajar, aportar y construir una vida mejor. Pero precisamente por eso debe ser una inmigración ordenada, legal, controlada e integrada. Una inmigración que respete las leyes, los valores de convivencia y las normas básicas del país que la acoge. Cuando la inmigración no se integra, cuando se crean bolsas de marginalidad, economía sumergida o aislamiento cultural, no solo aparece un problema de seguridad: también se frena el desarrollo económico y social. Integrar no es rechazar. Integrar es exigir y ofrecer al mismo tiempo: derechos, deberes, oportunidades, idioma, educación, empleo y respeto mutuo.

 

Una sociedad que también debe mirarse al espejo

 

Pero sería demasiado cómodo culpar solo a los políticos. Los políticos, al final, son también reflejo de la sociedad que los elige, los tolera y muchas veces los justifica.

 

Vivimos en una sociedad cada vez más conformista, más pendiente del presente inmediato y menos acostumbrada a planificar el futuro. Queremos soluciones rápidas para problemas que se han acumulado durante años. Queremos derechos sin hablar de deberes. Queremos bienestar sin esfuerzo. Queremos servicios de calidad sin exigir una gestión seria de los recursos públicos.

 

Y así no se construye un país sólido.

 

La España que queremos exige ciudadanos más responsables, empresas más comprometidas, instituciones más serias y políticos con más altura de miras. Exige recuperar valores que nunca debieron parecer antiguos: esfuerzo, palabra, respeto, familia, mérito, responsabilidad y visión de futuro.

 

Mirar más allá del minuto siguiente

 

La España que queremos no es la de una generación contra otra. No es la de jóvenes contra mayores, trabajadores contra empresarios, padres contra hijos o ciudadanos contra instituciones. Es la España que entiende que todos estamos conectados.

 

Los abuelos necesitan protección y dignidad. Los padres necesitan estabilidad y tiempo. Los hijos necesitan oportunidades y futuro. Y todos necesitan un país que vuelva a pensar en grande.

 

Porque construir cuesta mucho. Destruir, en cambio, puede hacerse deprisa, casi sin darnos cuenta. Se destruye cuando se rompe la confianza. Se destruye cuando se desprecia el esfuerzo. Se destruye cuando se gobierna solo para el titular y las minorías. Se destruye cuando se divide a la sociedad por cálculo político.

 

La pregunta no es solo qué España queremos. La pregunta es si estamos dispuestos a comportarnos como ciudadanos capaces de construirla.

 

Porque ningún país mejora solo con quejarse de sus políticos. Mejora cuando una sociedad deja de vivir al día, recupera la exigencia y entiende que el futuro no se improvisa. Se construye.

 

Linkedin: Pedro Rodríguez Molina