Epitafio de Trump: cómo la administración republicana convirtió a Iberoamérica en botín estratégico

 

La Estrategia de Seguridad Nacional publicada en noviembre de 2025 no dejaba lugar a dudas: el hemisferio occidental volvía a ser, en palabras de la Casa Blanca, "nuestro hemisferio". A poco más de doce meses del regreso de Donald Trump al poder, la región vive la reconfiguración más agresiva de la política exterior estadounidense desde la Guerra Fría, con el control de los recursos naturales como eje vertebrador de una doctrina que mezcla coerción militar, presión económica y alineamiento ideológico.

 

 

1. "América Primero" se vuelve hemisférico

 

El segundo mandato de Donald Trump comenzó el 20 de enero de 2025 con una declaración de intenciones: restaurar la preeminencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Lo que en su primer gobierno fue una política exterior transaccional —aranceles, amenazas de retirada de acuerdos, tensiones bilaterales— evolucionó hacia un intervencionismo explícito, codificado en la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de 2025.

 

El documento, de 33 páginas, actualiza la Doctrina Monroe bajo el nombre de "Corolario Trump". Su premisa es simple y brutal: Washington negará a competidores extrarregionales —léase China y Rusia— la capacidad de "poseer o controlar activos estratégicamente vitales" en las Américas. El texto promete "recompensar y alentar" a gobiernos alineados y "desalentar por diversos medios" la colaboración con otros. No hay ambigüedad: Iberoamérica es una zona de interés vital, y su alineamiento no se negocia. Súbditos del amo, sin posibilidad de interpretaciones.

 

La arquitectura de poder que sostiene esta doctrina descansa en tres pilares: el despliegue militar directo, la asfixia económica selectiva y una red de alianzas con gobiernos de extrema derecha que funcionan como correas de transmisión de los intereses de Washington.

 

Al frente de la operación política está "Narco" Rubio (pueden ver el porqué del apelativo en cualquier buscador (*) ), el primer secretario de Estado de origen hispano (cubano), cuya trayectoria —de línea dura contra Cuba y Venezuela, autor de la ley contra trabajo forzoso uigur, arquitecto del giro antichino en la región— lo convierte en el ejecutor ideal del nuevo intervencionismo.

 

2. Acciones concretas: el laboratorio venezolano y el despliegue sobre el Caribe

 

Ningún caso ilustra mejor el giro de la política trumpista que Venezuela. Desde principios de 2025, la administración escaló sanciones económicas, interceptó buques petroleros en aguas internacionales (lo cual es un acto de piratería) y, en septiembre, desplegó unos 10.000 soldados, buques de guerra y aviones de combate en el Caribe.

 

La excusa oficial fue la lucha contra el narcotráfico. Entre septiembre y diciembre, la Armada estadounidense atacó al menos 34 embarcaciones, causando más de 124 muertos. Human Rights Watch calificó estos ataques de ejecuciones extrajudiciales. Realmente lo son: crímenes de guerra.

 

El punto de no retorno llegó el 3 de enero de 2026. Fuerzas especiales estadounidenses bombardearon Caracas —con un saldo de al menos 77 muertos—, "secuestraron" al presidente Nicolás Maduro (con su esposa) y lo trasladaron a Estados Unidos, donde fue imputado por, realmente delitos menores. Trump anunció entonces que su país "administraría" Venezuela, incluyendo el control de sus ventas de petróleo. A mi modo de ver, lo de Maduro no fue un secuestro, fue una extracción pactada, no solo con los Rodríguez (Delcy y Jorge), sino realmente con todos incluido con Maduro.

 

La justificación oficial —que Venezuela era un narco-Estado— escondía una racionalidad geopolítica más profunda. Venezuela posee el 17% de las reservas mundiales de petróleo y el Arco Minero del Orinoco contiene oro, coltán, diamantes y hierro. El Esequibo, en disputa con Guyana, añade uranio, gas y más petróleo. El control militar sobre Caracas completa un mapa de dominación energética sobre el norte de Sudamérica. Robar recursos, con un pintamonas en Caracas (una pintamonas, "la Delcy") hasta ahora.

 

Paralelamente, Trump presionó para recuperar el control del Canal de Panamá, bajo el argumento —no verificado— de que China lo controla. La amenaza escaló hasta derivar en un acuerdo bilateral que reforzó la presencia estadounidense en la vía interoceánica. Se trata de echar a China y a Rusia de América. Solo puedo robar yo (por Trump, claro).

 

3. Casos país: litio, cobre, petróleo y sometimiento

 

Argentina

 

El presidente Javier Milei es el aliado más incondicional de Trump en Sudamérica. También es el mandatario más sionista del mundo. Un tuercebotas, retrasado, contratado para liquidar los recursos y ponerlos en bandeja a EEUU (y robar mientras, claro). En 2025, Washington otorgó un rescate financiero de 20.000 millones de dólares para estabilizar la economía argentina, condicionado a que el partido de Milei ganara las elecciones legislativas de octubre (muy democrático todo). Milei firmó acuerdos comerciales que favorecen a empresas mineras estadounidenses en detrimento de las chinas.

 

Sin embargo, la paradoja es que la presencia china en el sector del litio argentino está profundamente enraizada: Pekín controla inversiones ya comprometidas en provincias como Jujuy, Salta y Catamarca. La gobernanza descentralizada del litio limita la capacidad del gobierno nacional para reorientar el sector de forma radical. Veremos los siguientes pasos.

 

Chile

 

La llegada de José Antonio Kast a la presidencia en marzo de 2026 supuso un giro de 180 grados. Kast derogó de inmediato los decretos de su predecesor, Gabriel Boric, que protegían un tercio de las salinas como reservas ambientales frente a la extracción de litio. Anuló parques nacionales y zonas de protección de ecosistemas creadas en los últimos meses del gobierno anterior.

 

Chile, primer productor mundial de cobre y poseedor de una de las mayores reservas de litio, firmó una declaración bilateral con Washington para establecer consultas sobre recursos estratégicos. La conflictividad social en torno a la minería del litio —con comunidades indígenas y ambientalistas movilizadas— sigue siendo un factor de disuasión.

 

Bolivia

 

El presidente Rodrigo Paz, mucho menos extremista que sus pares argentino y chileno, ha mantenido los acuerdos de litio firmados con empresas rusas y chinas por el anterior gobierno de Luis Arce. Esto sugiere un enfoque más pragmático que ideológico, reflejo de la dependencia boliviana de la inversión china en infraestructura y energía.

 

México

 

La presidenta Claudia Sheinbaum ha navegado con cautela las aguas del trumpismo. México está sujeto a un arancel general del 25% para productos fuera del T-MEC y ha sido blanco de presión por el fentanilo. Sheinbaum ha cedido en múltiples frentes: desplegó la Guardia Nacional en los estados del norte, extraditó a 133 presuntos narcotraficantes y aceptó un Plan de Acción sobre Minerales Críticos con Washington.

 

La mina de litio de Sonora —con 8,8 millones de toneladas— sigue en litigio con la china Ganfeng Lithium tras la nacionalización de López Obrador, y la presión estadounidense apunta a resolver ese conflicto en favor de inversores occidentales.

 

Brasil

 

La relación Trump-Lula ha sido un péndulo. Trump impuso aranceles a productos brasileños y sanciones individuales al magistrado Alexandre de Moraes, artífice de la condena a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Pero también revocó parcialmente los aranceles cuando el café brasileño empezó a impactar la inflación estadounidense.

 

La invasión de Venezuela sacudió la confianza brasileña: las tropas estadounidenses operan ahora en la frontera norte de Brasil, en el estado de Roraima. ExxonMobil y Chevron adquirieron 19 bloques en la cuenca de la desembocadura del Amazonas en 2025, y Petrobras podría ver erosionada su posición dominante si Washington impone el régimen de concesión sobre el de reparto.

 

Colombia

 

La tensión entre Trump y Gustavo Petro escaló hasta la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas —primera vez desde los años 90— y el señalamiento directo de Trump a Petro como "líder del narcotráfico". Petro respondió condenando la invasión de Venezuela, pero acabó llamando a Trump para rebajar la tensión. A cambio, se comprometió a retomar las fumigaciones aéreas con glifosato y a extraditar a capos.

 

Colombia celebra elecciones en mayo de 2026, y la oposición uribista —que ha viajado a Washington a buscar respaldo— explota el trumpismo como bandera electoral.

 

4. China: el competidor omnipresente

 

La sombra de Pekín recorre cada párrafo de la estrategia trumpista. China es hoy el principal socio comercial de Brasil, Chile, Perú y Argentina. Sus inversiones en infraestructura —el puerto de Chancay en Perú, el ferrocarril bioceánico Brasil-Perú, la línea de transmisión de Belo Monte en Brasil— son activos difíciles de desmantelar. Controla el 90% del procesamiento global de tierras raras y tiene contratos de litio a largo plazo en Argentina y Bolivia.

 

La respuesta de Trump ha sido doble. Por un lado, el Proyecto Bóveda, una reserva estratégica de minerales críticos valorada en 12.000 millones de dólares, que busca almacenar litio, cobalto, grafito, tierras raras y otros 60 minerales esenciales para la defensa, la IA y la transición energética. Por otro, la Alianza de Minerales Críticos, lanzada en febrero de 2026 con 50 naciones, que incluye a Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú como firmantes iberoamericanos.

 

Pero la capacidad de Washington para desplazar a China es limitada. Las empresas estadounidenses invierten más que las chinas en Brasil (232.000 millones de dólares frente a 40.000 millones), pero la tendencia es a la convergencia. Y en el litio, las refinerías y plantas de procesamiento —el eslabón más rentable de la cadena— están casi todas en territorio chino.

 

La respuesta china no se ha hecho esperar. En diciembre de 2025, Pekín publicó su tercer documento de política hacia Iberoamérica, con un lenguaje de "cooperación, igualdad y bienestar de los pueblos" que contrasta con la belicosidad trumpista. Poco después, Xi Jinping restringió la exportación de tierras raras como arma de negociación comercial, dejando claro que el dominio chino en la minería estratégica es un fusible que puede detonar en cualquier momento.

 

5. Impacto sobre economías locales

 

El coste del nuevo intervencionismo lo pagan las poblaciones locales. En Argentina, las provincias compiten entre sí para atraer inversión minera en un dumping regulatorio que diluye los estándares ambientales. La provincia de Jujuy fue escenario de violentos enfrentamientos en 2023 cuando el gobierno provincial intentó debilitar la protección de derechos indígenas y normas ecológicas para facilitar la extracción de litio.

 

En Chile, la derogación de los decretos de protección ambiental de Boric abre la puerta a la explotación de salinas sagradas para los pueblos atacameños y lickanantay. El litio se extrae de acuíferos subterráneos en el desierto de Atacama, uno de los entornos más áridos del planeta, donde cada litro de agua usado compite directamente con la supervivencia de ecosistemas únicos y comunidades que llevan siglos gestionando ese recurso.

 

En la Amazonía, la frontera norte de Brasil —donde las tropas estadounidenses operan desde enero de 2026 tras la captura de Maduro— alberga las tierras indígenas Yanomami y Raposa Serra do Sol, además de la Estación Ecológica de Grão-Pará y el Parque Nacional Montañas de Tumucumaque. Organizaciones indígenas y ambientales han denunciado que la creciente presencia militar y el interés de las petroleras estadounidenses en la cuenca del Amazonas amenazan con repetir el patrón histórico de despojo y exterminio que sufrieron los Waimiri Atroari durante la construcción de la BR-174 en los años 70.

 

La soberanía económica también se resiente. Los acuerdos bilaterales de minerales críticos no garantizan transferencia tecnológica ni industrialización local: Iberoamérica sigue exportando materia prima e importando productos terminados. El ciclo extractivista se profundiza sin que las economías locales retengan el valor añadido.

 

6. Reacciones: entre la sumisión y la resistencia

 

El espectro de respuestas iberoamericanas a la doctrina Trump es tan variado como la propia región. En un extremo están los gobiernos plenamente alineados: Milei, Kast, Bukele, Asfura en Honduras y Paz en Bolivia. En el medio, los gobiernos que negocian bajo presión: Sheinbaum, Lula, el presidente electo de Chile. Y en el otro, los que resisten: Petro y, en menor medida, el Frente Amplio uruguayo.

 

La sociedad civil ha respondido con movilizaciones. En Argentina, las comunidades de Jujuy mantienen una resistencia activa contra la expansión minera. En Chile, las protestas contra la derogación de las protecciones ambientales han sido constantes. En Brasil, la Conferencia de los Pueblos Indígenas denunció la presencia militar estadounidense en la frontera como una violación de la soberanía nacional.

 

El 22 de diciembre de 2025, los partidos progresistas del continente —Pacto Histórico de Colombia, PT de Brasil, Frente Amplio de Uruguay, entre otros— emitieron una declaración conjunta condenando el Corolario Trump y llamando a "levantar una voz común frente a este nuevo intento de subordinación".

 

En el plano diplomático, la reacción a la invasión de Venezuela fue reveladora: solo cinco países iberoamericanos —Brasil, Colombia, Uruguay, México y Chile, junto con España— firmaron un comunicado de condena que ni siquiera mencionaba a Trump por su nombre. La falta de más adhesiones evidenció el aislamiento de la izquierda regional y la profundidad del giro hacia la derecha, otra ingerencia más del vecino del norte.

 

7. Perspectivas y conclusiones

 

 

 

El segundo mandato de Trump representa un punto de inflexión para Iberoamérica. No se trata de una simple vuelta al intervencionismo clásico: la combinación de guerra económica, despliegue militar directo, alineamiento ideológico de gobiernos afines y competencia abierta con China configura un escenario sin precedentes desde el fin de la Guerra Fría.

 

El Corolario Trump es, en esencia, un proyecto imperial antes que hegemónico: no busca construir liderazgo mediante el consentimiento o la cooperación, sino imponerlo mediante la coerción.

 

Tres variables definirán el desenlace. La primera: la respuesta china.

 

Si Pekín logra mantener su presencia comercial y sus inversiones en infraestructura a pesar de la presión estadounidense, la capacidad de Washington para reconfigurar el tablero regional será limitada.

 

La segunda son las elecciones de 2026: Brasil, Colombia, Perú y Costa Rica acuden a las urnas, y el resultado puede reforzar o erosionar el bloque de aliados de Trump. La tercera es la sostenibilidad interna del trumpismo: con unas elecciones legislativas en noviembre de 2026 en Estados Unidos y un creciente desgaste interno, la capacidad de la administración para mantener el ritmo de intervención es incierta.

 

Para Iberoamérica, el dilema es existencial. La región tiene hoy más alternativas que durante la Guerra Fría —China, la Unión Europea, los BRICS, la cooperación sur-sur— pero también menos capacidad de articular una respuesta colectiva. La fragmentación política, el auge de las extremas derechas locales y la erosión de los mecanismos de integración regional como UNASUR y la CELAC han dejado al continente sin una voz unificada frente al nuevo unilateralismo.

 

El resultado de esta pugna definirá no solo el acceso a recursos críticos para la transición energética y la revolución digital, sino también la capacidad de los pueblos iberoamericanos para decidir su propio modelo de desarrollo. La pregunta abierta, a mediados de 2026, es si Washington conseguirá convertir a Iberoamérica en un patio cerrado —como pretende el Corolario Trump— o si la región encontrará resquicios para preservar un margen de autonomía en un mundo que se reordena entre potencias.

 

Linkedin: Aquilino García