Valencia esperó, Venezuela no

Las tragedias revelan el verdadero orden de prioridades de un Gobierno. No por lo que dice, sino por la velocidad con la que actúa. Y la comparación entre la respuesta a la dana de Valencia y el inmediato despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) hacia Venezuela ha dejado una pregunta política que sigue esperando una respuesta convincente que nunca llegará.

Que España preste ayuda a un país devastado por un terremoto es motivo de gran  orgullo. La solidaridad internacional no solo es un deber moral, sino una de las mejores expresiones de lo que debe representar una nación democrática. Cuando miles de personas luchan por sobrevivir entre los escombros, la ayuda no entiende de fronteras.

Pero precisamente porque esa solidaridad es encomiable, resulta inevitable formular una pregunta muy incómoda: ¿por qué esa misma sensación de urgencia no fue percibida, por miles de valencianos y de españoles, cuando el desastre se desarrollaba dentro de nuestras propias fronteras...?

Las imágenes de la dana permanecerán siempre grabadas en nuestra memoria colectiva. Calles convertidas en ríos de barro, viviendas arrasadas, familias buscando desesperadamente a los suyos, vecinos rescatando a vecinos con sus propias manos y miles de ciudadanos preguntándose dónde estaba el Estado mientras cada minuto podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Durante aquellas primeras horas e, incluso días, las distintas administraciones parecían atrapadas en un absurdo y distópico laberinto de competencias, autorizaciones y protocolos. La "bur(r)ocracia" avanzaba mientras la tragedia también lo hacía. Y en una catástrofe de semejante magnitud, el reloj nunca juega a favor de las víctimas.

La UME ha demostrado durante años ser una de las instituciones más eficaces y mejor valoradas por los españoles. Sus hombres y mujeres han actuado con profesionalidad ejemplar en incendios, inundaciones, terremotos y misiones internacionales. La crítica, por tanto, no se dirige contra ellos, sino contra quienes tienen la responsabilidad "política" y "moral" de ordenar su despliegue inmediato.

Porque la UME no decide nunca cuándo sale... lo decide el Gobierno a través de su ministra de Defensa.
Y el ministerio de Defensa tampoco puede refugiarse indefinidamente tras explicaciones técnicas cuando una parte importante de la sociedad sigue considerando que la respuesta en Valencia llegó demasiado tarde, bastante mal y casi nunca, para la gravisima dimensión de la tragedia.

Ahora comprobamos que España es capaz de organizar con enorme rapidez un complejo operativo humanitario internacional, movilizando efectivos, equipos especializados y recursos logísticos en cuestión de horas cuando la situación lo requiere. Esa capacidad demuestra que los medios existen y que, cuando hay voluntad política, el Estado sabe reaccionar con extraordinaria rapidez.

Precisamente por eso la comparación resulta tan odiosa e incómoda para el Gobierno, pues no se trata de enfrentar el sufrimiento de los valencianos con el de las víctimas venezolanas. El dolor no suele competir entre si y toda ayuda humanitaria merece siempre su reconocimiento.

Lo que sí puede y debe compararse es la percepción de la respuesta política. Porque, el primer deber de cualquier Gobierno es proteger a sus propios ciudadanos cuando una tragedia golpea su territorio. La solidaridad internacional nunca debería proyectar la imagen de ser más mucho más diligente que la protección nacional.

Margarita Robles -la ministra de Defensa- tiene la obligación política de explicar qué ocurrió, qué decisiones se adoptaron durante aquellas horas decisivas y qué medidas se han tomado para garantizar que una situación semejante no vuelva a repetirse. No basta con afirmar que todo funcionó  bien y a la perfección cuando miles de ciudadanos conservan un recuerdo imborrable muy distinto de aquellos aciagos días de octubre del 2025.

La confianza pública no se recupera mediante ruedas de prensa ni con rimbombantes campañas institucionales. Solo se recupera con hechos. Y en la dana:

- Los valencianos no necesitaban promesas...

- Necesitaban alimentos, agua y material sanitario de urgencia.

- Necesitaban bombas de achique y retro excavadoras.

- Necesitaban helicópteros y camiones.

- Necesitaban militares y bomberos.

- Necesitaban equipos de rescate trabajando, desde el minuto cero.

- Necesitaban de todo... pero, mucho más, sentir que el Gobierno de España consideraba su tragedia como la prioridad absoluta de la nación.

Porque cuando un Estado solo transmite la impresión de reaccionar con mayor rapidez ante una tragedia ocurrida a miles de kilómetros frente a otra --sufrida por sus propios ciudadanos-- no solo se abre un debate sobre protocolos o competencias, se resiente algo mucho más valioso: la confianza de los españoles en quienes tienen el deber de protegerlos.

A un Gobierno no se le juzga por los kilómetros que recorren sus aviones, sino por los metros que tarda en llegar hasta sus propios ciudadanos, cuando estos lo han perdido todo.

La solidaridad internacional honra a España. Pero la primera obligación --política y moral-- de cualquier Gobierno es con los españoles. Valencia seguirá recordando que, mientras el barro cubría sus calles y cada minuto podía significar una vida, demasiados sintieron que el Estado llegaba con una lentitud incompatible con la magnitud de aquella tragedia.

Las víctimas nunca olvidarán los discursos, al igual que siempre recordarán quién o quienes estuvieron allí, cuando todavía había muchas vidas que salvar.

Y esa "memoria política" -- a diferencia de la institucional "histórica" o "democrática"-- pesa mucho más que cualquier rueda de prensa y permanecerá siempre en el corazón y en el recuerdo de todos los valencianos y españoles.

Linkedin: Pedro Manuel Hernández López