¿Vivían mejor nuestros padres con un solo salario?

Hace unos días, con un grupo de amigos en la sobremesa, hablamos sobre el problema que día sí, día también, ocurre en nuestro país sobre el acceso a la vivienda, principalmente por los más jóvenes, y es que en los últimos años ha ganado tracción en nuestro país, un debate recurrente en el análisis económico del bienestar: si las generaciones actuales, pese a mayores niveles de empleo agregado y participación laboral, disfrutan de una calidad de vida real superior a la de sus padres. A partir de un caso empírico sencillo —la comparación entre la renta de un ingeniero en la España de principios de los noventa y su equivalente actual— se pueden extraer conclusiones relevantes sobre la evolución del poder adquisitivo, la fiscalidad efectiva y la estructura del coste de la vida.

El punto de partida podría ser una nómina de un empleado por cuenta ajena en el año 1992: ingeniero con seis años de experiencia, casado, con dos hijos y una vivienda gravada por hipoteca en España. Su salario bruto mensual ascendía a 615.000 pesetas, lo que, ajustado por inflación, equivaldría aproximadamente a unos 120.000 euros brutos anuales, la cual nos permitiría transformar una comparación nominal en un análisis en términos reales, eliminando el sesgo inflacionario.

Hoy, en España, un profesional de perfil equivalente percibe, según CCAA y tipo de organización entre 35.000 y 45.000 euros brutos anuales. Esto supone, en términos reales, aproximadamente un tercio del salario de su homólogo en 1992. El dato no es menor: implica una caída muy significativa del poder adquisitivo relativo en ocupaciones cualificadas, tradicionalmente consideradas como parte del núcleo de la clase media-alta urbana.

Sin embargo, no cometiendo el error de centrarnos únicamente en la comparación de salarios brutos y sin ir más lejos, la fiscalidad efectiva introduce una segunda dimensión a analizar. Por ejemplo, en el caso de 1992, la carga fiscal total —suma de IRPF y cotizaciones sociales— se situaba en torno al 27% del salario bruto. Esto dejaba una renta disponible equivalente actual de aproximadamente 87.000 euros netos anuales.

En contraste, un ingeniero actual con 40.000 euros brutos aprox. soporta una carga fiscal ligeramente inferior en términos porcentuales, cercana al 22%. No obstante, el menor nivel de ingresos implica que su renta neta apenas alcanza los 31.000 euros. La conclusión es contundente: la renta disponible se ha reducido aproximadamente en dos terceras partes, a pesar de una presión fiscal algo menor en términos relativos.
Este fenómeno revela un aspecto fundamental del sistema impositivo: la progresividad fiscal vinculada a tramos de renta. A salarios más bajos, el porcentaje de tributación efectivamente soportado disminuye, lo que puede generar la impresión de una menor presión fiscal. Sin embargo, en la práctica, el descenso del tipo efectivo no compensa la fuerte contracción de los ingresos reales.

Más aún, si un trabajador actual alcanzara el equivalente real del salario de 1992 (los mencionados 120.000 euros anuales), la carga fiscal total ascendería aproximadamente al 35%, ocho puntos porcentuales más que en el caso analizado. Este incremento refleja cambios estructurales en el sistema tributario, incluyendo mayores tipos marginales efectivos y una menor presencia de deducciones relevantes.

Entre estas últimas destaca la desaparición de incentivos fiscales como la deducción por adquisición de vivienda habitual para nuevas compras, eliminada en 2013. Este tipo de instrumentos actuaban como mecanismos de redistribución intergeneracional, facilitando la acumulación de patrimonio en la clase media. Su eliminación ha contribuido a endurecer las condiciones de acceso a la vivienda en un contexto de precios crecientes y salarios estancados.

A esta evolución de renta y fiscalidad se añade, a mi juicio, un tercer vector clave: la estructura del consumo y el coste de bienes esenciales. Aunque no forme parte explícita del ejemplo original, es ineludible considerar que partidas como vivienda, educación o energía han experimentado incrementos superiores a la inflación general. En consecuencia, incluso comparaciones de renta neta pueden subestimar la pérdida real de bienestar.
Y es que, aunque sea complejo extraer conclusiones fidedignas, se pretende con esta evidencia empírica real, debatir si el modelo familiar basado en un único ingreso era realmente más eficiente en términos de calidad de vida. La evidencia sugiere que, en términos estrictamente económicos, la respuesta podría ser afirmativa. Una sola fuente de ingresos permitía cubrir necesidades básicas, financiar una vivienda y sostener una unidad familiar sin necesidad de doble participación laboral.

En la actualidad, la incorporación de ambos miembros al mercado laboral se ha convertido, en muchos casos, en un requisito estructural para mantener niveles de vida similares. Este fenómeno no responde únicamente a cambios culturales o de aspiraciones, sino a una necesidad económica derivada de la evolución de las rentas reales.

Desde una perspectiva macroeconómica, lo anterior plantea interrogantes relevantes. Por un lado, el crecimiento del PIB y del empleo no se traduce necesariamente en una mejora proporcional del bienestar individual. Por otro, la distribución funcional de la renta —entre capital y trabajo— y la dinámica salarial en sectores cualificados adquieren una importancia en este diagnóstico puesto que no es lo mismo establecer este estudio en un sector de alta cualificación como el que nos ocupa, o el de un sector basado en empleo intensivo en mano de obra y menos cualificado como p.e, el agroalimentario en la Región de Murcia.

Asimismo, la presión fiscal efectiva sobre las rentas medias-altas ha aumentado en términos reales cuando estas se ajustan por inflación, mientras que la red de beneficios fiscales se ha reducido o reconfigurado. Este doble efecto —menores ingresos reales y menor capacidad de optimización fiscal— intensifica la percepción de pérdida de poder adquisitivo.

Que conste que no se pretende idealizar el pasado sesgando el presente. Las economías actuales ofrecen ventajas indiscutibles en términos de acceso a servicios, tecnología y oportunidades profesionales. Sin embargo, estas mejoras conviven con una mayor fragilidad en la capacidad de las familias para generar y mantener patrimonio a medio y sobre todo a largo plazo.

La comparación entre generaciones pone de manifiesto una evidencia aparente: más empleo y mayor participación laboral no han derivado en una mejora equivalente del bienestar económico familiar. Por el contrario, la necesidad de dos salarios para sostener un nivel de vida comparable deterioraría la eficiencia económica del modelo de ingresos.

En última instancia, el debate trasciende la anécdota individual y se enmarca en el terreno de la política económica. La evolución de salarios reales, la estructura del sistema fiscal y el coste de la vida son variables interdependientes que determinan la capacidad de las economías para sostener una clase media robusta. Ignorar esta dinámica o reducirla a percepciones subjetivas implica el riesgo de desalinear la narrativa institucional con la experiencia económica real de los ciudadanos.

Los datos, incluso en ejemplos microeconómicos como el analizado, nos invitan a una reflexión crítica: la calidad de vida no depende únicamente del nivel de empleo o del crecimiento agregado, sino del equilibrio entre ingresos reales, fiscalidad y costes esenciales. Y en ese equilibrio, las generaciones anteriores parecen haber contado con una ventaja significativa.

Linkedin: Vicente Martínez Ruiz