Poder & verdades

Los periodos estivales de julio y agosto junto al mar, alta montaña u otros, siempre han tenido momentos claves para rebobinar lo realizado a lo largo del invierno y los posibles objetivos que podríamos marcarnos a la vuelta de las vacaciones. Son espacios donde de manera familiar, sin ahogos y de forma coloquial sacamos a la mesa debates, pensamientos y hasta posibles resentimientos por actuaciones de toda índole. La política, seguramente, a falta de un año para elecciones no se quedará atrás.

Mi reciente viaje a Viena para asistir a la 30 Asamblea de políticas europeas humanistas cristianas, representando a España, una vez más me han constatado que existe una amplia mayoría europea descontenta y con ganas de cambios cuanto antes. Tema crucial, entre otros, cuando el poder decide qué verdades son aceptables. Dos cuestiones andan tocando el corazón del debate público actual: la denuncia de una “confesionalidad ideológica” del poder y la advertencia sobre la deriva de la democracia que corre el riesgo de convertirse en un sistema que no tolera determinadas verdades.

Lo que subyace en los puntos del discurso que no andan gustando al Gobierno ni a ciertas autonomías regionales, no es una crítica coyuntural, sino un diagnóstico de fondo: cuando el poder político asume la función de definir qué es verdadero, bueno o aceptable, deja de ser árbitro para convertirse en parte. Ello tiene consecuencias profundas, pues en ese momento la ley deja de reconocer la realidad para empezar a redefinirla; el disenso deja de ser legítimo para convertirse en problema; la libertad se transforma en adhesión a un marco previamente fijado. Así, no estamos ante un debate ideológico más. Estamos ante una cuestión estructural.

Durante bastantes siglos, la tradición humanista ha formulado una distinción fundamental para la vida pública: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.  No hablamos de cierta separación hostil, sino de un equilibrio fecundo. El poder político posee su ámbito propio -necesario, legítimo-, pero no es absoluto. Existe un orden moral y ético anterior y superior, prepolítico, que no crea el poder, sino que lo limita y, en última instancia, lo juzga. Ese equilibrio es el que ha desaparecido hoy.

Hace siglos, la distinción entre el César y el Creador ha actuado como un límite al poder. Hoy ese equilibrio está roto: el Estado no solo administra lo suyo, sino que pretende definir aquello que no le corresponde. Sin un orden moral superior que lo ilumine y lo juzgue, el poder deja de estar limitado y comienza a justificarse a sí mismo. Y ahí es donde toda democracia empieza a debilitarse.

El Estado no solo legisla y gobierna, lo cual es propio, sino que cada vez con mayor frecuencia define qué es moralmente aceptable, establece qué visión del hombre debe prevalecer y determina qué posiciones pueden expresarse sin ser estigmatizadas.

Cuando ello ocurre, desaparece el contrapeso moral, la beligerancia selectiva en la exigencia de verdad y reparación de las víctimas de abusos sexuales, concentrada únicamente en la Iglesia con el 0,2% de víctimas, mientras el resto de los espacios sociales, que acumulan el 99,8%, quedan al margen de un análisis comparable. Cabe la pregunta de si realmente se busca la reparación de todas las víctimas o más bien la deslegitimación moral de la Iglesia y si es posible una ruina económica.

El resultado de esta configuración de la vida pública sin referencias morales objetivas es que el poder ya no se siente limitado por nada que esté por encima de él, simplemente porque considera que no hay nada que le haga sombra. Conviene decirlo con claridad: esta tentación ha existido siempre y en todos los sistemas políticos. Pero también es justo reconocer que existen ideologías que, por su propia lógica interna, son más proclives a este escenario que otras.

Sin embargo, lo que hoy se está señalando es algo distinto: una confesionalidad sin trascendencia, pero con contenido ideológico. Andamos ante una confesionalidad que establece qué concepción de la persona es válida; una confesionalidad que determina qué modelos de vida son aceptables; una confesionalidad que decreta qué posiciones pueden expresarse sin ser cuestionadas y cuáles deben ser sancionadas incluso legalmente.

Ante cuestiones como ¿y si no todo es opinable? ¿y si existen verdades que no dependen del consenso? Ante tal diagnóstico, la reacción del Gobierno ha sido, en buena medida, la ironía. No es un detalle menor. Es una señal.

Cuando una crítica estructural se responde con sarcasmo, se está eludiendo el fondo del asunto. Y cuando esto se convierte en hábito, el debate público se degrada. Pues la ironía no construye. Solo desactiva.

Cuando el poder deja de reconocer una verdad que lo trasciende, deja también de tener límites. Sin una verdad que no dependa del poder, la democracia deja de ser un espacio de libertad para convertirse en un instrumento de imposición.