El impacto estratégico de la regularización extraordinaria en la Región de Murcia

El histórico proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes que acaba de concluir en España representa un hito de profunda transformación socioeconómica. Lejos de ser un simple trámite burocrático, esta medida se erige como una herramienta estratégica de primer orden para nuestro país y de forma específica para la Región de Murcia, consolidando un marco de cohesión social, desarrollo sostenible y justicia distributiva que impacta directamente en el bienestar de nuestras ciudades y en la competitividad de nuestras empresas.

Este proceso de regularización extraordinaria de personas inmigrantes que permanecían en nuestras ciudades en situación administrativa irregular, ha respondido a una demanda social histórica nacida del movimiento ciudadano Regularización Ya, respaldada por más de 800 organizaciones sociales que han podido recabar más de 600.000 firmas para la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso de los Diputados. Su éxito ha radicado en un consenso transversal inédito en nuestro país, habiendo contado con el apoyo explícito de centrales sindicales, organizaciones empresariales, entidades religiosas y organizaciones del tercer sector de acción social, entre otros actores sociales. Diversas entidades e instituciones que han caminado de la mano, entendiendo que la integración legal es el único camino hacia una sociedad más próspera, madura, inclusiva y basada en derechos.

Las cifras oficiales reflejan la magnitud y la relevancia territorial del proceso. A nivel nacional, se han registrado 1.174.978 solicitudes, de las cuales 45.242 corresponden específicamente a la Región de Murcia, cifra un poco más elevada de las previsiones de entidades sociales como Convive Fundación Cepaim que hablaban de unas 40.000. Esta importante cifra demuestra el enorme peso que nuestra comunidad autónoma ostenta en la gestión demográfica y laboral del país, dotando de seguridad jurídica y dignidad administrativa a miles de personas que ya dinamizaban la economía murciana desde la invisibilidad y el miedo que genera su situación administrativa irregular.

El balance del proceso desbanca por completo los mitos de una migración flotante o temporal. Con una distribución por género equilibrada (57% hombres y 43% mujeres), el dato más revelador para la planificación educativa, urbana y social es que cerca del 11% de los expedientes corresponden a menores de 15 años. Esto constata de forma palmaria la existencia de familias plenamente asentadas en los municipios murcianos, con una clara vocación de arraigo y decididas a consolidar un proyecto de vida familiar, escolar y comunitario en nuestros barrios y en nuestras ciudades. No hablamos de una inmigración coyuntural, sino estructural y arraigada que no podía continuar viviendo y soportando las tensiones emocionales, sociales y laborales de una situación administrativa irregular.

Para las empresas murcianas del sector primario, de los servicios, la construcción, el turismo o los cuidados, entre otros sectores productivos, este proceso aporta una solidez estructural indispensable. La regularización elimina las disfunciones de un mercado laboral rígido y aflora la economía sumergida, atajando los nichos de explotación laboral y garantizando un escenario de competencia leal y transparencia laboral donde todas las empresas y empleadores puedan actuar bajo las mismas reglas del juego.

Al regularizar la situación de más de 45.000 personas en la región, se inyecta de forma inmediata salud financiera a las cuentas públicas mediante nuevas cotizaciones a la Seguridad Social e impuestos directos. La evidencia científica demuestra de forma taxativa que estas medidas incrementan la competitividad, la recaudación, los niveles de cohesión social, de inclusión y el crecimiento del PIB, fortaleciendo el Estado del Bienestar sin tensionar el gasto social.

Este proceso de regularización extraordinaria era necesario y justo, convirtiéndose en un factor de desarrollo para nuestra región, desde un punto de vista demográfico, social, laboral, económico y cultural. Otorga derechos y obligaciones a los que no los tenían, permite reducir nuestras elevadas tasas de economía sumergida, incrementa los ingresos fiscales por aportaciones a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, no propiciando efecto llamada, ni inseguridad o incremento del gasto en servicios públicos. La evidencia de los datos objetivos nos indica justo lo contrario, son un aporte y factor de desarrollo inclusivo.

Pero los hechos acaecidos hace ahora un año en Torre Pacheco nos acreditan que siendo necesario y urgente el proceso de regularización extraordinaria, este no es suficiente, ahora nos toca acompañar, apoyar, orientar, formar y asesorar a las personas regularizadas en este proceso para la obtención de las ofertas laborales concretas de nuestras empresas, así como reforzar las medidas y políticas que nos permitan profundizar  en la integración real de estas personas en la sociedad murciana, avanzando en la convivencia real entre personas inmigrantes y autóctonas.

No nos podemos conformar con la mera coexistencia, debemos avanzar hacia la convivencia real y no solo declarativa. Y esta se consigue con políticas públicas a nivel educativo, social, cultural, de vivienda, formación o empleo que apuesten por la articulación de espacios y tiempos de relación, de comunicación y encuentro. Diseñar y apostar por estas políticas que eviten la segregación de las personas migrantes, implica necesariamente la aprobación del primer plan regional de convivencia, ciudadanía e integración, reforzando la participación en su diseño, implementación y seguimiento de las organizaciones del tercer sector de acción social, de las empresas, asociaciones ciudadanas, sindicatos, academia, ayuntamientos y otros actores sociales.

No olvidemos que las personas inmigrantes no son solo mano de obra, son vecinos y vecinas de nuestras ciudades y necesitan sentirse parte de nuestra tierra, que sean reconocidos y valorados por sus aportaciones. Encontrarnos con jóvenes hijos de inmigrantes que han nacido en nuestra región, pero no se sienten de esta tierra, es una realidad que debemos evitar con políticas y medidas concretas que refuercen su sentido de pertenencia y su reconocimiento. Es tarea de todos y a todos nos implica.

Linkedin: Juan Antonio Segura Lucas