Los profesores ante un nuevo decreto de convivencia

Por supuestísimo, “lo importante es la calidad de la enseñanza”. Pero ¿alguien se ha preguntado cuánto tiempo se le permite realmente a un profesor enseñar?

Hoy a un profesor de Secundaria se le exige ejercer, al mismo tiempo, una interminable sucesión de profesiones: docente, tutor, orientador, mediador, administrativo, gestor documental, vigilante, organizador de actividades, técnico informático, certificador de competencias, coordinador de proyectos, instructor de protocolos de autolisis, convivencia o acoso, policía, juez, enlace permanente con las familias, responsable de comunicación, community manager, creador de contenidos y, por supuesto, facilitador del desarrollo integral, la felicidad y el bienestar del alumnado.

Con el paso de los años, sobre los hombros de esa figura llamada profesor se han ido acumulando capas y capas del sedimento político de la ocurrencia de turno. A los gobiernos les resulta comodísimo: descargan sobre los centros educativos la responsabilidad de promesas que pertenecían a otros ámbitos. Educación emocional, prevención de conflictos, igualdad, convivencia, salud mental, orientación familiar, educación vial, educación financiera, competencia digital, sostenibilidad, prevención de adicciones, ciberseguridad… Todo acaba aterrizando en el aula.

Y como no hay bandera política más rentable que “la educación”, a los profesores se les amordaza con cada nuevo decreto que los responsables públicos se cuelgan del pecho como si fuera una medalla.

Nadie discute que muchas de estas tareas sean útiles. Algunas son imprescindibles; otras responden a problemas reales de los alumnos. Y los centros educativos ocupan una posición privilegiada para abordar parte de ellos. Pero ¿siempre tienen que recaer sobre el profesor? Alguien debería atreverse a formular la pregunta que casi nunca se hace: ¿qué está dejando de hacer mientras se le obliga a hacerlo todo?

La respuesta es incómoda.

Una escuela en la que el profesor dispone de menos tiempo para preparar sus clases, explicar, corregir, evaluar o atender académicamente a sus alumnos es, por definición, una escuela peor, por muchos protocolos, plataformas, registros e indicadores de calidad que sea capaz de cumplimentar.

Esto no empezó ayer ni anteayer. Lo verdaderamente sorprendente es la facilidad con la que el propio profesorado ha terminado aceptando esta deriva sin apenas levantar la voz. Y no basta con culpar al sindicalismo —que también tiene su parte de responsabilidad—. Sería una forma demasiado cómoda de escurrir el bulto.

No son mayoría, pero algunos profesores y analistas llevan décadas advirtiéndolo: Ricardo Moreno Castillo, Gregorio Luri, Javier Orrico, Mercedes Ruiz Paz, Alicia Delibes, José Manuel Lacasa o Alberto Royo, entre otros. Fuera de España, Inger Enkvist, E. D. Hirsch Jr., John Hattie o Tom Bennett han defendido ideas similares. Llevan años señalando el mismo problema. Aquí, sin embargo, siguen predicando en el desierto. ¿Quién los escucha? ¿Quién les hace caso?

Los profesores de Secundaria ocupan una de las últimas trincheras frente a la creciente barbarie cultural de nuestro tiempo. Me refiero a los profesores de verdad: los que, pese a la burocracia, las imposiciones y la sobrecarga permanente, siguen entrando cada mañana en un aula convencidos de que enseñar merece la pena porque aprender merece la pena.

No les carguen más piedras al cuello.

Déjenles hacer aquello para lo que nadie puede sustituirlos: enseñar.

Linkedin: Marco Antonio Oma Jiménez