Durante el primer trimestre del año, los juzgados de lo Social de la Región recibieron 1.297 demandas por despido, una cifra un 17,5% inferior a las presentadas entre enero y marzo de 2025. Así se desprende del informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales que desde el año de la pandemia elabora la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Este descenso, que es posiblemente el primer referente que mide la conflictividad laboral, es el mayor registrado en las siete comunidades autónomaS en los que se redujeron los asuntos judiciales por despidos. En las diez restantes aumentaron los casos, con variaciones que van desde el +1,5% en Castilla-La Mancha al aumento cercano al 15% (14,7) en Cataluña.
En el total del España, las 42.572 demandas son un 3,5% más que un año antes.
La bajada en el número de denuncias en la Región ha provocado una bajada en la ratio de demandas por cada cien mil habitantes. Hace exactamente un año era de 98,9, quince puntos por encima de la media nacional (83,7); y al cierre del primer trimestre se había reducido a 81,6, que son cinco puntos menos que en el conjunto de España (86,7).
La comunidad española con más conflictos por despidos es Canarias, con una ratio de 117,1 por cada cien mil habitantes, y la menos conflictiva Navarra, con solo 43,2 por cada cien mil habitantes.
En el periodo analizado, los expedientes de regulación de empleo (ERE) también se han reducido, tanto en el conjunto de España como en Murcia. El todo el territorio han pasado de 107 a 86; y en la Región de tres presentados en el primer trimestre de 2025 a solo uno en el mismo tiempo de 2026.
Sin que medie despido, un asunto relativamente frecuente en los juzgados de lo Social es la reclamación de salarios impagados. Los datos nacionales revelan que entre enero y marzo del pasado año se presentaron 36.146 y entre los mismos meses del actual ejercicio han sido 32.208, prácticamente un 11% menos. En la Región de Murcia fueron 858 hace un año y 638 este año (-25%).
La morosidad no solo afecta a las empresas, pero también a ellas. Los conocidos como procedimientos monitorios o, lo que es lo mismo, el trámite judicial para reclamar deudas de dinero que estén vencidas, sean exigibles y puedan acreditarse mediante documentación (facturas o albaranes), también están a la baja. Estos procedimientos no son competencia de los tribunales de lo Social, sino de salas de lo Civil, pero también se reflejan en los informes del CGPJ.
Hace un año se formalizaron en España 488.518 monitorios. En este 2026 han sido 199.678, un 59% menos. En la Región, de los 13.548 registrados entre enero y marzo de 2025 se ha pasado a 6.530 del primer trimestre de este año, con un descenso del 51,8%.