¿También los incendios tienen color político?

Hay momentos en los que la política debería guardar silencio. Momentos en los que la prioridad no es el relato, ni el cálculo electoral, ni el intercambio de reproches en las redes sociales, sino la protección de las personas, la coordinación institucional y el apoyo a quienes están viendo cómo el fuego devora sus montes, sus viviendas, sus explotaciones y una parte de su propia vida.

Los incendios que afectan estos días a Ávila, Madrid y zonas limítrofes han vuelto a poner a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones. En ese contexto, la petición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de estudiar la declaración de emergencia de interés nacional podía compartirse o rechazarse. En un Estado democrático es perfectamente legítimo discrepar sobre la oportunidad de una medida de protección civil.

Lo que resulta mucho más difícil de justificar es convertir esa discrepancia en una batalla partidista mientras las llamas siguen avanzando.

Las respuestas públicas del ministro Óscar Puente, cargadas de sarcasmo, descalificaciones e ironía, reflejan un modo de hacer política que hace tiempo dejó de distinguir entre el adversario político y el enemigo al que hay que ridiculizar. Cuando un ministro utiliza las redes sociales para desacreditar personalmente a quien plantea una petición institucional, el debate deja de girar sobre la gestión de la emergencia para convertirse en un espectáculo de confrontación permanente.

España necesita ministros que coordinen recursos, no polemistas profesionales. Necesita serenidad, no ingenio de barra de bar. Necesita explicaciones, no ocurrencias.

A ello se sumaron las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, alineadas con el rechazo inmediato a la propuesta sin transmitir precisamente una imagen de cooperación institucional. En una emergencia de esta naturaleza, la ciudadanía espera ver a las administraciones colaborando, no compitiendo por imponer un relato político.

Lo verdaderamente preocupante no es que existan diferencias de criterio. Lo preocupante es que cualquier iniciativa procedente del adversario parezca ser rechazada de forma automática por el mero hecho de quién la propone.

¿Acaso el fuego pregunta a quién vota cada vecino antes de arrasar una vivienda?

¿Distinguen las llamas entre municipios gobernados por la izquierda o por la derecha?

¿Tiene color político un bosque calcinado?

La respuesta es evidente. No. Los incendios no entienden de ideologías. La naturaleza tampoco. El sufrimiento de quienes son desalojados de sus casas carece de siglas. La angustia de los ganaderos, de los agricultores o de los equipos de extinción es exactamente la misma con independencia del partido al que pertenezcan.

Por eso resulta especialmente desafortunado utilizar una tragedia para alimentar la confrontación política.

Las instituciones están para cooperar, especialmente en situaciones excepcionales. Si una petición no procede, se explica con argumentos técnicos, jurídicos y operativos. Lo que degrada el debate público es sustituir esos argumentos por la burla, el desprecio o la descalificación personal.

La crispación permanente se ha convertido en un estilo de gobierno para algunos responsables públicos. Todo parece reducirse a ganar el siguiente titular o el siguiente tuit viral. Sin embargo, mientras unos buscan el aplauso de su parroquia política, otros combaten el fuego con temperaturas extremas, arriesgando su integridad física para salvar vidas y patrimonio natural.

Ellos representan la mejor versión del servicio público.

Los demás deberían estar a su altura.

España atraviesa demasiadas emergencias como para añadir una más: la incapacidad de algunos dirigentes para comportarse con la dignidad que exige el cargo que ocupan. La firmeza política nunca debería confundirse con el insulto. La discrepancia jamás debería derivar en el desprecio. Y la comunicacióne institucional no puede transformarse en un concurso permanente de sarcasmos .

Porque cuando la política pierde el sentido de Estado, acaba perdiendo también el respeto de los ciudadanos.
Los incendios pasarán. Los bosques volverán a crecer, aunque tarden décadas. Lo que resulta mucho más difícil de regenerar es una vida pública degradada por el sectarismo, donde cualquier tragedia se convierte en una oportunidad para atacar al rival.

Conviene recordarlo: el humo no vota, las llamas no militan y las cenizas no entienden de ideologías.

Quienes sí deberían entenderlo son aquellos que, desde la responsabilidad institucional, tienen la obligación de estar a la altura de las circunstancias. Porque un ministro puede ganar un aplauso en las redes sociales con un tuit ingenioso, pero pierde una parte de la autoridad moral que exige su cargo cuando el sarcasmo sustituye al sentido de Estado.

Y ese es un incendio mucho más difícil de apagar.

Linkedin: Pedro Manuel Hernández López