El BOE contra el monte

Cada verano asistimos al mismo espectáculo. Las llamas devoran montes, pueblos y explotaciones agrícolas mientras los responsables políticos comparecen ante las cámaras prometiendo más medios, más helicópteros, más hidroaviones y más millones para reconstruir lo que el fuego ha reducido a cenizas. 

Comienza entonces el inevitable intercambio de reproches entre administraciones: unos culpan al Gobierno central, otros a las comunidades autónomas; unos invocan el cambio climático, otros señalan a los pirómanos o a la falta de coordinación.

Sin embargo, muy pocos se atreven a formular una pregunta incómoda: ¿y si una parte del problema estuviera escrita desde hace años en las páginas del Boletín Oficial del Estado?

No, el BOE no prende una cerilla. Pero sí puede crear las condiciones para que el monte se convierta en un inmenso polvorín. Durante décadas, España ha legislado sobre el medio rural desde despachos alejados de la realidad cotidiana de quienes viven en él. Se han aprobado miles de normas con la mejor de las intenciones —o al menos así se nos ha dicho— para proteger el medio ambiente, garantizar el bienestar animal, preservar la biodiversidad, regular los aprovechamientos forestales o controlar determinadas actividades tradicionales. 
Consideradas de forma aislada, muchas de ellas pueden tener una lógica. El problema aparece cuando todas se acumulan hasta formar una auténtica muralla burocrática que convierte la vida en el campo en una carrera de obstáculos.

El resultado está a la vista.

Donde antes había rebaños de cabras limpiando el monte, hoy crecen matorrales impenetrables... Donde pastaban vacas, ahora se acumula vegetación seca... Donde había viñas, castañares, huertos o pequeños cultivos familiares, hoy prospera el abandono.

Aquello que durante siglos mantuvo el equilibrio entre el hombre y la naturaleza ha ido desapareciendo lentamente, sustituido por expedientes administrativos, autorizaciones previas y un intervencionismo creciente que ha terminado expulsando a muchas familias del mundo rural.

Durante generaciones, nuestros abuelos no necesitaban un manual de gestión forestal para saber que había que limpiar los caminos, aprovechar la leña caída, podar los árboles o mantener abiertos los cortafuegos naturales que creaban el ganado y los cultivos. No eran enemigos del bosque; eran parte de él. Su presencia constituía la mejor política preventiva contra los grandes incendios.

Hoy, en cambio, parece haberse impuesto una idea muy peligrosa: que la naturaleza se conserva mejor cuanto menos interviene el ser humano. La experiencia demuestra que esa afirmación -llevada al extremo- puede producir el efecto contrario. Un monte completamente abandonado no es un espacio protegido, sino un inmenso depósito de combustible natural esperando el día en que una chispa, un rayo o la acción criminal de un pirómano o la de un inconsciente e irresponsable desencadenen una tragedia irremediable.

Cuando esa tragedia llega, el Estado despliega toda su amplia capacidad de respuesta. Hidroaviones, helicópteros, brigadas forestales, bomberos, Guardia Civil, Protección Civil y la UME realizan un trabajo admirable que merece el reconocimiento de todos. Ellos combaten las consecuencias con una profesionalidad que nadie cuestiona. 

Pero conviene preguntarse si no estamos dedicando muchos más recursos a apagar incendios que a evitar que se produzcan.

La mejor política forestal quizá no sea comprar otro helicóptero o hidroavión, sino permitir que vuelva el pastor y el agricultor que abandonó el pueblo porque ya no podía vivir de su rebaño ni de sus ancestrales cultivos.
El verdadero drama de la España rural no es únicamente el fuego. Es el abandono. Se cierran escuelas, desaparecen consultorios médicos, se eliminan líneas de transporte, se reducen servicios públicos y, al mismo tiempo, aumenta el volumen de normas que recaen sobre quienes aún resisten. Se exige cada vez más a quienes producen y se les ofrece cada vez menos para permanecer en sus pueblos.

La consecuencia es siempre muy devastadora: desaparecen los vecinos y con ellos desaparece también el mejor sistema de vigilancia, de prevención y conservación del territorio rural nacional.

No se trata de eliminar toda regulación. Sería absurdo. Una sociedad moderna necesita normas para proteger el patrimonio natural y garantizar la seguridad jurídica. Pero también necesita sentido común. El exceso regulatorio termina siendo tan perjudicial como la ausencia de reglas cuando convierte cualquier actividad tradicional en un laberinto administrativo imposible de recorrer.

Tal vez haya llegado el momento de abandonar esa visión paternalista según la cual el ciudadano siempre constituye un problema y la Administración posee siempre la solución. 

El agricultor, el ganadero, el apicultor o el pequeño propietario no son sospechosos permanentes a los que haya que vigilar, sino  imprescindibles aliados para conservar el territorio. Porque ningún decreto sustituirá jamás al pastor que conoce cada rincón del monte... Porque ningún reglamento limpiará una hectárea de matorral seco y... Porque ninguna circular ministerial reemplazará el trabajo silencioso de quienes han cuidado nuestros paisajes rurales durante siglos.

Los incendios seguirán existiendo. El clima influirá. Los pirómanos también. Pero mientras la política continúe confundiendo conservación con abandono y siga legislando de espaldas al mundo rural, el problema persistirá y se agravará cada vez más y más. 

Nuestros montes no necesitan únicamente más aviones cuando arden. Necesita más vecinos cuando está verde y sobretodo no olvidar el viejo, pero eficaz aforismo, de 'Primum cavere, deinde decernere' (Primero prevenir y después legislar).

Quizá esta sea la lección que todavía no ha aprendido el BOE: proteger la naturaleza no consiste en expulsar al hombre del campo, sino precisamente en permitir que vuelva a vivir dignamente en él y de él.

Linkedin: Pedro Manuel Hernández López