¿Hasta cuándo...?

¿Hasta cuándo va a seguir España soportando la humillación de ver cómo su frontera sur se convierte, una y otra vez, en un coladero...? ¿Hasta cuándo los españoles tendrán que contemplar imágenes de miles de personas entrando en Ceuta mientras el Gobierno reacciona tarde, improvisa y se refugia en comunicados tan previsibles como estériles...?

Lo ocurrido en Ceuta no puede despacharse como un episodio migratorio más. Cuando miles y miles de personas consiguen acceder de forma irregular a territorio español en unas pocas horas, no estamos solo ante una crisis de inmigración, sino ante una "invasión oficial" marroquí y ante un auténtico  fracaso del Estado. Y ese fracaso tiene sus responsables políticos concretos.

El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a demostrar que carece de una auténtica política de Estado en materia de seguridad fronteriza y que solo sabe ponerse de rodillas frente al monarca alahuí. Ni capacidad de anticipación, ni firmeza diplomática, ni liderazgo, ni nada de nada. El ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, vuelve a llegar cuando el daño ya está hecho, mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad soportan en primera línea las consecuencias de decisiones políticas que no les corresponden.

Pero lo más preocupante no es únicamente el desbordamiento de la frontera. Es la sensación de impotencia que transmite el propio Gobierno. Cuando un Estado no prevé, no actúa con diligencia y tampoco asume responsabilidades, la confianza de los ciudadanos comienza a resquebrajarse.

Las imágenes de Ceuta son devastadoras: agentes desbordados, instalaciones saturadas y una ciudad que contempla cómo una de las fronteras exteriores de Europa pierde el control.

¿Y dónde está la Unión Europea? Bruselas vuelve a demostrar que habla mucho de solidaridad, pero guarda un silencio ensordecedor cuando la frontera amenazada se llama Ceuta o Melilla. Europa parece recordar que esas ciudades son frontera europea únicamente cuando la crisis ya ha estallado.

España tiene derecho a exigir respeto a su soberanía y a defender sus fronteras. Hacerlo no es xenofobia; es una obligación constitucional de cualquier Estado democrático y debe ejercerse siempre dentro de la legalidad y del respeto a la dignidad de las personas.

Pero hay otra pregunta que el Gobierno evita responder. Si Marruecos puede destinar miles de millones de euros a la construcción de un gigantesco estadio para el Mundial de 2030, levantar grandes infraestructuras y nuevas autopistas, ¿cómo es posible que no encuentre recursos para generar empleo y ofrecer oportunidades a miles de jóvenes que terminan intentando llegar a España? ¿No debería ser esa la prioridad de cualquier Gobierno? Ningún estadio, por espectacular que sea, sustituye un puesto de trabajo. Ninguna autopista devuelve la esperanza a quien abandona su país buscando un futuro mejor. España no puede convertirse indefinidamente en el país que asuma las consecuencias económicas y sociales de problemas cuya solución corresponde, en primer lugar, al Estado de origen y, en segundo, a una política migratoria europea seria, coordinada y eficaz.

Sin embargo, también hay otras preguntas incómodas. ¿Por qué España parece actuar siempre a remolque de los acontecimientos cuando el interlocutor es Marruecos? ¿Por qué la firmeza que exhibe en otros escenarios desaparece cuando se trata de defender con claridad los intereses nacionales frente a Rabat?

Y junto a ellas permanece otra cuestión que sigue proyectando una larga sombra sobre la política exterior española: el caso Pegasus. ¿Se conocen ya todas las circunstancias que rodearon el espionaje sufrido por altas instituciones del Estado? ¿Se ofrecieron todas las explicaciones que merecían los ciudadanos? ¿Se asumieron responsabilidades políticas? ¿Existe alguna razón que explique la extrema prudencia con la que el Gobierno afronta cualquier conflicto con Marruecos? Son preguntas legítimas en una democracia y responderlas debería ser una obligación, no una concesión.

Porque una democracia sólida no puede sostenerse sobre la opacidad, el silencio o la ausencia permanente de explicaciones. La confianza ciudadana no se recupera con propaganda ni con comparecencias cuidadosamente preparadas, sino con transparencia, responsabilidad y decisiones.

Mientras tanto, el Ejecutivo continúa instalado en el relato. Siempre hay una excusa: las mafias, la situación internacional o cualquier otro factor externo. Nunca una autocrítica. Nunca una explicación convincente de por qué España parece limitarse a reaccionar mientras otros marcan el ritmo de los acontecimientos.

Un Gobierno puede equivocarse. Lo verdaderamente grave es que, consumado el fracaso, nadie responda por él. La ausencia de autocrítica y la sustitución de las decisiones por la propaganda terminan debilitando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Y cuando esa confianza se rompe, la crisis deja de ser únicamente migratoria para convertirse en una crisis de autoridad y de credibilidad del propio Estado.

La pregunta que hoy se hacen millones de españoles es tan sencilla como inquietante: ¿qué tendría que ocurrir para que alguien asumiera responsabilidades políticas?

Porque Ceuta no es una frontera lejana. Ceuta es España. Y cuando se desborda Ceuta, no fracasa únicamente una ciudad autónoma; se pone a prueba la capacidad del Estado para proteger su soberanía.

Quizá haya llegado el momento de que el presidente del Gobierno responda con claridad a unas preguntas que ya no pueden seguir aplazándose. ¿Hasta cuándo va a aceptar España que otros condicionen su política fronteriza? ¿Hasta cuándo continuará el Ejecutivo ofreciendo una imagen de reacción en lugar de prevención? ¿Hasta cuándo seguirá la Unión Europea mirando hacia otro lado mientras una de sus fronteras exteriores soporta una presión constante?

Porque gobernar no consiste en esperar a que estalle la crisis para comparecer ante las cámaras. Gobernar es anticiparse, proteger a la nación y asumir las responsabilidades cuando se falla.

¿Hasta cuándo, señor presidente?

Linkedin: Pedro Manuel Hernández López