Imagen de archivo de la consejera Marisa López Aragón, durante una comparecencia pública (CARM)
Ni el récord de recaudación tributaria ni el incremento global de fondos en el sistema de financiación han servido para mover a la Región de Murcia del final de la cola de la financiación autonómica. El último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre la liquidación del modelo correspondiente al ejercicio 2024 vuelve a certificar una brecha que se ha vuelto cronificada: Murcia se mantiene, un año más, como la comunidad autónoma peor financiada de España.
Los datos del estudio retratan la dimensión de esta desventaja. La Región recibe 3.372 euros por habitante ajustado, una cifra que sitúa a los ciudadanos murcianos 294 euros por debajo de la media de las comunidades de régimen común, que cuentan con 3.666 euros. Trasladado al conjunto de la población ajustada regional, este desfase se traduce en un agujero anual de unos 455 millones de euros que las arcas comunitarias dejan de percibir para sostener la sanidad, la educación y los servicios sociales.
La disparidad resulta más evidente al comparar el volumen de recursos con las autonomías situadas en la parte alta de la tabla. Cantabria, la comunidad mejor tratada por el sistema con 4.349 euros por habitante ajustado, dispone de 977 euros más al año por ciudadano que la Región de Murcia. La brecha absoluta con la autonomía cantábrica asciende a 1.512 millones de euros anuales, una distancia desproporcionada para prestar idénticos servicios públicos.
La brecha de la infrafinanciación persiste
El aspecto más crítico que deja al descubierto el análisis de Fedea es la ineficacia del sistema para corregir sus propias asimetrías. Aunque en 2024 la financiación autonómica creció de forma notable gracias al aumento del consumo y la recaudación de impuestos, la inyección generalizada de recursos no alteró las posiciones de partida, perpetuando el desequilibrio estructural que padece la Región desde hace más de una década.
Esta insuficiencia de ingresos tiene una consecuencia directa sobre el nivel de endeudamiento de la Administración regional. Según las estimaciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), el 95,5% de la deuda pública de la Región de Murcia encuentra su origen directo en el déficit estructural que genera el actual modelo de financiación, obligando al Ejecutivo autonómico a recurrir al crédito para cubrir el gasto básico esencial.
Tras la publicación del informe, la consejera de Economía, Hacienda y Transformación Digital, Marisa López Aragón, subrayó que el estudio «vuelve a acreditar con datos independientes una injusticia que se mantiene año tras año». La titular denunció la inacción del Ejecutivo central ante un modelo caducado desde 2014: «Pasan los años, aumenta la recaudación y llegan más recursos al sistema, pero la injusticia permanece. El Gobierno de España conoce perfectamente esta situación y sigue sin afrontar la reforma pendiente».
En lo político, López Aragón criticó los pactos a puerta cerrada y exigió que el modelo se negocie entre todas las comunidades a la vez, evitando tratos de favor a regiones concretas. «El Gobierno no puede continuar retrasando una solución mientras negocia acuerdos particulares. El nuevo modelo debe pactarse entre todas las comunidades, con transparencia, criterios objetivos y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera», concluyó la consejera, enfatizando que la Región «no reclama privilegios, sino disponer de recursos suficientes para atender a sus ciudadanos en igualdad de condiciones».
