Mentiras y evaluaciones

Hace algunos meses trascendió a la opinión pública que Cataluña ocultó durante 15 meses que había alterado la muestra de PISA, al catalogar como alumnos con necesidades de apoyo al 23 % de sus estudiantes y, de esta manera, excluirlos de la muestra. Se trata de un porcentaje muy elevado —PISA recomienda un máximo del 5 %— que hace sospechar que esta actuación pudo distorsionar los resultados, haciendo, probablemente, que fueran superiores a los que realmente se habrían obtenido.

PISA es una magnífica herramienta para evaluar las competencias de los alumnos de 15 años. Es una evaluación incompleta, porque sería necesaria otra prueba similar en edades anteriores que permitiera establecer comparaciones, pero está muy bien diseñada y, además, permite la consulta de los microdatos para que puedan realizarse los análisis posteriores que se consideren oportunos.

En el actual ordenamiento del sistema educativo español también existen pruebas de diagnóstico, que se establecieron en la LOE por sugerencia de la OCDE. Sin embargo, no se publican los resultados de manera que las familias puedan conocer el desempeño de los diferentes centros, ni tampoco los microdatos, amparándose para ello en la protección de datos, a pesar de que estos podrían ser anonimizados. Tampoco se hacen públicos los informes prescriptivos que deben elaborarse con medidas para la mejora del sistema educativo. Todo ello hace sospechar que estas pruebas, realizadas por las diferentes administraciones educativas, tienen una utilidad muy limitada.

Este es el escenario actual que tenemos en España. En las evaluaciones educativas internacionales, rigurosas, con datos públicos y comparables con los del resto de países, se producen actuaciones sobre la muestra que pueden terminar distorsionando los resultados al excluir a alumnos de 15 años susceptibles de obtener peores puntuaciones. Y, en las evaluaciones internas, se proporciona una información parcial por diferentes razones, siendo una de las más empleadas la protección de los datos de los menores.

Hay que reconocer que el grado de intervención de los políticos patrios en la educación es elevado. Pero también es cierto que muchas de esas intervenciones carecen de un rigor científico conocido. Buena parte de ellas son ocurrencias, como sucede en las diferentes comunidades autónomas de España y también, cómo no, en Murcia.

En esta comunidad hay varias. Una de ellas se denomina SuperaTE, una iniciativa educativa pública centrada en tutorías en grupos reducidos y en el refuerzo de Matemáticas y Lengua. Cuenta con una inversión de 18 millones de euros hasta 2027 y llega a cientos de centros escolares con el objetivo de mejorar el éxito académico. Si a esto añadimos el PROA, otro programa destinado a apoyar a centros con al menos un 30 % de estudiantes en situación de vulnerabilidad educativa mediante clases de apoyo escolar por la tarde, financiado con otros 6 millones de euros, deberíamos estar a la altura de Singapur en cuanto a resultados en las evaluaciones educativas internacionales.

Y esto no es lo que sucede, como se comprueba en los resultados que ofrece nuestro sistema educativo. Cada uno puede tener sus propias ideas acerca de cómo debe desarrollarse el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero esas ideas y, sobre todo, las políticas educativas que se derivan de ellas deben ser evaluadas para comprobar si ofrecen buenos resultados.

Sería muy interesante evaluar, por ejemplo, si los alumnos que estudian en un programa bilingüe o en un programa digital alcanzan unos conocimientos mayores que aquellos que estudian en un programa ordinario. Actualmente, esta evaluación se realiza mediante encuestas que cumplimentan los propios profesores y los equipos directivos, un procedimiento que difícilmente puede considerarse una evaluación rigurosa de los resultados de estos programas.

Como conclusión, si los resultados de nuestro sistema educativo son malos —y parece que lo son—, en lugar de ocultar o proporcionar parcialmente los datos, sería conveniente adoptar medidas para mejorarlos. Pero, para ello, es imprescindible evaluar de forma rigurosa y transparente tanto los resultados del sistema educativo como la eficacia de las políticas y programas que se ponen en marcha.

Linkedin de Andrés Nieto Morote