¿Cuántos meses al año trabaja usted para el Estado?

Imagine que cada 1 de enero empezara a trabajar, pero durante los primeros meses del año no recibiera nada de lo que gana. Su salario, íntegro, iría destinado a pagar impuestos. Sólo después de haber satisfecho todas sus obligaciones fiscales comenzaría usted a trabajar para sí mismo.

La ficción tiene un nombre: Día de la Liberación Fiscal. Se trata de calcular qué día del año habríamos terminado de pagar todos los impuestos que soportamos si, en lugar de hacerlo poco a poco y de maneras diferentes, los concentrásemos al comienzo del año.

No existe, sin embargo, una fecha indiscutible. Los cálculos varían dependiendo de qué se considere carga fiscal, del contribuyente que se tome como referencia y, sobre todo, de qué se haga con las cotizaciones sociales. Según adoptemos criterios más restrictivos o más amplios, la liberación fiscal española se situaría entre mediados de mayo y el 20 de agosto. La estimación más difundida —la de la Fundación Civismo— fija en 2026 el 20 de agosto (231 días), dos más que el año anterior.

La discusión técnica es importante, pero puede ocultarnos lo esencial. Que sean diez días más o diez días menos cambia el cálculo; no cambia la realidad que pretende hacernos visible: una parte considerable de los recursos que generamos no queda a nuestra disposición, sino que se destina al sostenimiento del Estado y de los servicios que éste financia.

Ese dinero, además, no va a un Estado abstracto y neutral. Va allí donde deciden, en cada momento y dentro de sus respectivas competencias, Pedro Sánchez y López Miras. Ellos deciden prioridades: cuánto se destina a unas necesidades y cuánto a otras, qué actividades se subvencionan, qué asociaciones reciben fondos públicos o qué programas educativos, culturales y sociales se consideran merecedores de financiación. No hay presupuestos neutrales.

Naturalmente, vivir en sociedad cuesta dinero. Pocos discutirán que haya que sostener hospitales y colegios, carreteras, tribunales, policía, defensa o pensiones. Pero una parte del gasto público no responde a ese mismo grado de consenso. Los presupuestos financian también organizaciones, campañas, programas, observatorios, actividades formativas y políticas sociales o culturales que expresan una determinada concepción de la sociedad y cuya necesidad, orientación o cuantía son perfectamente discutibles.

Eso tampoco tiene nada de ilegítimo. Gobernar consiste, entre otras cosas, en elegir prioridades. Pero precisamente porque esas prioridades se pagan con recursos que proceden de todos, el ciudadano debería poder percibir cuánto aporta y preguntarse no sólo si el Estado gasta con eficacia, sino qué cosas debe financiar el Estado y cuáles no.

Lo extraño es que hayamos conseguido que buena parte de ese coste resulte casi invisible.

El trabajador conoce el salario que ingresa en su cuenta, pero no siempre el coste completo de su trabajo. Pagamos impuestos cuando cobramos y volvemos a pagarlos cuando consumimos. Los encontramos incorporados al precio de muchos productos y servicios, y los pagamos también por tener o transmitir determinados bienes. Cada impuesto tiene su justificación y su mecánica. Pero el resultado conjunto es difícil de percibir precisamente porque rara vez lo contemplamos conjuntamente.

Por eso el Día de la Liberación Fiscal me interesa menos como instrumento de protesta que como instrumento de educación ciudadana. Una sociedad adulta necesita saber cuánto cuesta aquello que decide hacer en común.

Una educación verdaderamente preocupada por enseñar qué significa vivir en sociedad podría dedicar un día al año a explicarlo. Ni siquiera tendría que coincidir con la fecha real. Bastaría con elegir un día. Durante unas horas, los alumnos podrían coger una nómina y aprender qué significan sus conceptos; calcular cuánto cuesta contratar a una persona; descubrir qué parte del precio de determinados productos corresponde a impuestos; comprender qué es el IVA, para qué sirven las cotizaciones sociales y de dónde sale el dinero con el que se paga aquello que llamamos, con expresión particularmente desafortunada, 'servicios gratuitos'.

Y después podrían hacerse la pregunta verdaderamente política: ¿qué recibimos a cambio?

Ni todos los impuestos son un robo ni todo gasto público es necesariamente bueno. Por eso hay que formar ciudadanos capaces de comprender que ninguna decisión pública es gratuita. Cada nueva prestación, cada subvención, cada organismo, cada carretera y cada hospital tienen un coste que alguien debe pagar. Del mismo modo, cada reducción de impuestos obliga a preguntarse qué gasto estamos dispuestos a reducir. Saber lo que cuestan las cosas no determina qué decisión debemos tomar, pero nos obliga a asumir sus consecuencias.

Quizá esa sería una celebración más útil que muchas de las que llenan nuestros calendarios escolares. No celebraríamos el día en que dejamos de contribuir a la sociedad y empezamos, por fin, a vivir para nosotros. Celebraríamos algo bastante más adulto: el día en que entendemos cuánto nos cuesta vivir juntos y adquirimos el criterio necesario para preguntarnos si estamos empleando bien ese dinero.

Linkedin: Manuel Ballester Hernández