La felicidad como razón de Estado. ¿Y por qué no en la Constitución?

El Dúo Dinámico nos cantaba todos los años, durante nuestra juventud, aquello de “El final del verano llegó. Y tú partirás…” Y con él llegaba septiembre, el regreso a las aulas y el inicio de un nuevo curso político y académico, cargado de proyectos, ilusiones y de ese deseo, quizá algo idílico, de mejorar el destino y la vida de la ciudadanía. Sin embargo, desde la atalaya que nos ofrecen los años y la experiencia, observamos cómo esta melodía se desvanece lentamente, como un azucarillo que se disuelve en el café, cuando estas políticas contemplan, de forma concurrente, una subida de impuestos y una reducción de los presupuestos destinados a investigación y desarrollo. Y es precisamente ante esta contradicción entre el discurso de las ilusiones y la realidad de las decisiones políticas cuando, como a Bertrand Russell, nos asalta una pregunta inevitable: ¿para cuándo la conquista de la felicidad?

Una cuestión nada baladí y, desde luego, con muchas aristas. En este sentido, los estudios de la Red Internacional Universitaria de la Felicidad traslucen un espíritu doceañista y romántico. Una concepción que postula la felicidad como un derecho y que reclama de toda la sociedad el compromiso de contribuir al bienestar colectivo. Sobre esta base, las investigaciones de la Red de la Felicidad sugieren que estos objetivos, de inspiración utópica, podrían hacerse realidad. Para ello, proponen constituciones, estatutos y códigos de responsabilidad social corporativa que establezcan como finalidad última la maximización de la felicidad de todas las personas, tal como ya se apuntó en la Constitución de 1812 que establecía de forma explícita que "el objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen".

Una Constitución nacida en Cádiz, cuando España era, en buena medida, solo Cádiz y el país se hallaba inmerso en pleno conflicto bélico. Si entonces fue posible plantearlo, ¿por qué no habría de serlo ahora? ¿Por qué no incorporar a nuestra Constitución el derecho a la felicidad? La pregunta no es menor. Hablar de felicidad no significa, necesariamente, caer en un idealismo ingenuo ni pretender que los poderes públicos puedan garantizar la alegría permanente de cada ciudadano. La felicidad pertenece también al ámbito de la libertad individual, de las circunstancias personales y de esa esfera íntima que ninguna ley puede regular. Pero sí puede existir una responsabilidad colectiva en la creación de las condiciones que permitan a las personas desarrollar una vida digna, plena y con oportunidades.

En este sentido, la educación, la investigación, la cultura, la sanidad, el empleo o la innovación no son únicamente partidas presupuestarias. Son instrumentos que pueden ampliar las posibilidades de las personas y, con ellas, su capacidad para construir su propio proyecto vital. De ahí que resulte paradójico hablar de una sociedad más feliz mientras se cuestiona la inversión en aquellos ámbitos que pueden abrir las puertas al conocimiento, al progreso y a nuevas oportunidades. Quizás esta iniciativa pudiera convertirse también en un punto de encuentro capaz de tender puentes y contribuir a superar la polarización y la crispación que hoy se respiran en el Senado y en el Congreso de los Diputados. En tiempos de trincheras políticas, reivindicar un objetivo común como la felicidad de las personas puede servir para recordar que, por encima de nuestras legítimas diferencias ideológicas, la política debería tener siempre como horizonte esencial mejorar la vida de la ciudadanía.

Y aquí la universidad tiene mucho que decir. Su misión no debería limitarse a transmitir conocimientos o formar profesionales. También debe preguntarse qué sociedad queremos construir y qué papel puede desempeñar el conocimiento en esa tarea. Investigar sobre la felicidad, medirla, comprender sus causas y analizar las políticas capaces de favorecerla supone abrir un nuevo campo de reflexión en el que las universidades españolas podrían desempeñar un papel protagonista en la era de la Inteligencia Artificial.

Posiblemente, dentro de algunos años, podamos mirar hacia atrás y comprobar que aquella idea que hoy parece utópica comenzó a abrirse camino en nuestras instituciones. Una sociedad en la que nuestras diferencias no nos separen y en la que, al mirarnos a los ojos, podamos reconocernos, sencillamente, como iguales. Ese era, en esencia, el sueño de Martin Luther King. Nosotros nos apuntamos. Y, desde estas líneas, animamos también a las universidades españolas a recoger el guante. ¿Cuál será la primera en incorporar este hermoso propósito a sus estatutos?

* Espacio de divulgación y transferencia científica.  

Rafael Ravina Ripoll es director de la Red Internacional Universitaria de la Felicidad 

Linkedin: Rafael Ravina

Víctor Meseguer es Investigador Principal del Grupo GAIA y promotor de la Red Internacional Universitaria de la Felicidad. 

Linkedin: Víctor Meseguer