Cuando gobernar no admite vacaciones

 

Descansar es un derecho. Pero cuando una crisis golpea a una parte de nuestro territorio nacional, la responsabilidad de gobernar exige algo más que presencia telemática y comunicados oficiales. Ceuta vuelve a plantear una pregunta incómoda: cuánto debemos exigir a quienes ocupan las máximas responsabilidades del Estado.

 

La Real Academia Española define vacación como el “descanso temporal de una actividad habitual, principalmente del trabajo remunerado o de los estudios”. Y añade algo curioso: es una palabra que utilizamos normalmente en plural.

 

Vacaciones. Una palabra necesaria. Todos necesitamos descansar, desconectar y recuperar fuerzas. También un presidente del Gobierno.

 

El problema comienza cuando las vacaciones coinciden con una situación excepcional y la percepción de los ciudadanos es que, quien debe asumir la máxima responsabilidad política no está donde debería estar.

 

 

Ceuta no podía esperar

 

Lo ocurrido en Ceuta a finales de julio difícilmente puede considerarse una situación ordinaria. La entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos provocó una crisis humanitaria, migratoria, social y de seguridad de enormes dimensiones. Semanas después, miles de personas siguen en campamentos provisionales y en las calles de una ciudad de apenas 20 kilómetros cuadrados.

 

La propia ministra de Defensa, Margarita Robles, llegó a pedir disculpas públicamente y reconoció que el Gobierno había actuado tarde ante la crisis. Hace unos días, afirmó que el CNI había informado al Ministerio del Interior de una posible entrada masiva.

 

No es, por tanto, únicamente una crítica de la oposición. Incluso desde Sumar, socio parlamentario del Gobierno, se cuestionó públicamente que Pedro Sánchez continuara de vacaciones en Lanzarote mientras Ceuta afrontaba esta situación.

 

El presidente participó durante sus vacaciones en alguna reunión de coordinación por videoconferencia. Pero la pregunta que muchos ciudadanos se hacen es inevitable: ¿basta con conectarse a distancia cuando una parte de España atraviesa una crisis de esta magnitud?

 

No es descanso, es responsabilidad

 

Reducir este debate a si un presidente tiene derecho a descansar sería un planteamiento equivocado.

 

Claro que lo tiene. La cuestión de fondo es la responsabilidad.

 

Quien acepta dirigir un país acepta también que determinadas circunstancias obligan a cambiar planes, cancelar agendas y regresar cuando la situación lo exige.

 

También recuerdo el caso de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana durante la DANA, cuya actuación durante aquellas horas quedó profundamente cuestionada. Su ausencia del foco público durante unas horas en una crisis de enorme gravedad se convirtió en uno de los principales símbolos de la polémica política que terminó rodeando su gestión y su salida del cargo.

 

Ese precedente sirve para recordar algo esencial: en una emergencia, no solo importa lo que se decide. También importa estar, dar explicaciones y asumir la responsabilidad cuando corresponde.

 

Si algo importante sucede en cualquier empresa, el director puede estar de vacaciones. Pero si ocurre un accidente grave, un incendio o una situación que amenaza la continuidad del negocio, difícilmente podría limitarse a gestionar el problema desde la distancia mientras el resto de la organización afronta la emergencia.

 

La responsabilidad aumenta conforme aumenta el cargo.

 

Y el presidente del Gobierno ocupa el máximo nivel de responsabilidad ejecutiva del país.

 

El riesgo de acostumbrarnos a exigir menos

 

Sin embargo, existe un problema todavía mayor.

 

España parece estar acostumbrándose demasiado rápidamente a rebajar el nivel de exigencia hacia sus instituciones.

 

Dependiendo de quién gobierne, justificamos comportamientos que criticaríamos duramente si los protagonizara el adversario político.

 

Y eso es muy peligroso.

 

La democracia no consiste simplemente en votar cada cuatro años. Consiste también en exigir responsabilidades, respetar las instituciones, garantizar la separación de poderes y recordar que las mayorías parlamentarias necesarias para gobernar no deberían convertirse en una excusa para que pequeñas minorías condicionen de forma permanente decisiones que afectan al conjunto de los españoles.

 

Tampoco podemos seguir interpretando nuestra política desde complejos y heridas de acontecimientos ocurridos hace casi un siglo, ni asumir que tener un determinado color político otorga cierta superioridad moral.

 

España tiene suficientes problemas en 2026 como para continuar viviendo políticamente anclada en 1936.

 

La pregunta que queda

 

Quizá el mayor riesgo no sea una decisión concreta del Gobierno ni unas vacaciones excesivamente largas.

 

El verdadero peligro es el conformismo.

 

Acostumbrarnos.

 

Aceptar como normal aquello que hace unos años nos habría parecido inadmisible.

 

Mirar hacia otro lado porque gobiernan los nuestros o porque pensamos que la política no va con nosotros.

 

Dentro de unas décadas, nuestros hijos y nuestros nietos vivirán en el país que nosotros hayamos ayudado a construir, pero también en aquel cuyo deterioro hayamos permitido con nuestra indiferencia.

 

Por eso, más allá de dónde pase sus vacaciones un presidente, conviene formular la pregunta que de verdad importa:

 

¿Qué España queremos dejar a quienes vienen detrás?

 

Porque de la política podemos apartarnos unos días. Pero de la responsabilidad de exigir, vigilar y defender la calidad de nuestra democracia no deberíamos tomarnos ni un solo día de vacaciones.

 

Linkedin: Pedro Rodríguez Molina