La solidaridad no puede convertirse en el problema

La legítima indignación de una ciudad como Ceuta no puede convertir la solidaridad, la ayuda humanitaria y la atención a personas vulnerables en objeto de rechazo. Proteger la convivencia que ha caracterizado a la ciudad de Ceuta exige respuestas institucionales urgentes, coordinación, responsabilidad e  investigación de las causas, pero también preservar los valores humanos que nos definen como sociedad, sin  olvidar que hablamos de personas, de seres humanos, de niños y niñas, no de cifras o invasores.

Los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio dejaron a la ciudad ante una emergencia humanitaria compleja. Miles de personas llegaron a territorio español y, aunque muchas han regresado a Marruecos, otras continúan en la ciudad. Algunas están alojadas en recursos temporales impulsados por el Gobierno de España y gestionados por organizaciones sociales; otras sobreviven en condiciones precarias en la playa del Trampolín, el polígono industrial del Tarajal o asentamientos improvisados en el monte. Todo ello genera una enorme presión sobre una ciudad de recursos limitados.

Existe cansancio, preocupación y sensación de pérdida de normalidad, junto a un sentimiento de abandono institucional entre ciudadanos que consideran insuficiente la respuesta de las administraciones. Los vecinos tienen derecho a reclamar soluciones, seguridad, planificación, información y recuperación de sus espacios públicos. También pueden exigir al Gobierno de España, a la Ciudad Autónoma y a la Unión Europea que asuman sus responsabilidades.

Pero hay una línea que una sociedad democrática no debería cruzar: aquella en la que la frustración hacia las instituciones termina dirigiéndose contra quienes prestan ayuda humanitaria. Esa línea se atraviesa cuando se intenta impedir que una organización reparta comida o cuando alimentar a personas en extrema precariedad empieza a considerarse parte del problema.

El 27 de agosto, cientos de personas bloquearon durante dos horas el acceso de un vehículo de Cruz Roja que transportaba alimentos hacia la playa del Trampolín. Durante la protesta se escucharon gritos contra la organización.

¿Cómo puede convertirse en adversario a quien lleva comida, agua, asistencia sanitaria o acompañamiento a una persona que duerme en la calle? Una persona puede encontrarse en situación administrativa irregular y seguir teniendo hambre, enfermar o necesitar atención sanitaria y un lugar digno donde dormir.

Confundir a quienes intentan paliar las consecuencias de una crisis con quienes tienen la responsabilidad de resolverla es un grave error. Cruz Roja, ACCEM, Sur Acoge, Engloba, Fundación Cepaim, CEAR, SAMU, Luna Blanca y otras entidades sociales están desarrollando en la ciudad autónoma de Ceuta una labor humanitaria esencial que merece reconocimiento, recursos, continuidad, respaldo ciudadano e institucional. Como cualquier organización o entidad  que gestiona recursos públicos o privados, su trabajo debe evaluarse y supervisarse con transparencia, no perseguirse.

Defender al Tercer Sector no significa concederl patente de infalibilidad, sino reconocer que en una emergencia humanitaria, necesitamos organizaciones capaces de intervenir sobre el terreno con rapidez y experiencia. Por eso la Plataforma del Tercer Sector a nivel nacional, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, ha expresado su respaldo a las organizaciones, a los profesionales y a las personas voluntarias que trabajan en Ceuta, reconociendo también la complejidad que soporta la ciudadanía ceutí.

No debería plantearse una falsa disyuntiva. Defender a las personas migrantes no implica ignorar a los vecinos de Ceuta. Defender a los vecinos tampoco puede significar negar comida, agua, refugio o derechos a las personas migrantes.

El Tercer Sector no es una realidad marginal. El último Barómetro del Tercer Sector de Acción Social señala que estas entidades realizaron cerca de 48 millones de intervenciones durante 2024, cuentan con 546.044 personas asalariadas y movilizan a casi 1,5 millones de personas voluntarias. Su actividad económica equivale al 1,32 % del PIB español.

El sector es solidaridad organizada que llega allí donde los sistemas públicos no siempre pueden hacerlo con rapidez. Por eso debemos evitar que la polarización convierta a estas entidades en objetivo de desconfianza, insultos o amenazas. Es legítimo fiscalizarlas, exigir transparencia y debatir sus modelos de intervención. Otra cosa es deslegitimar la acción humanitaria y social que desarrollan.

Ceuta necesita soluciones políticas, recursos, coordinación administrativa y una estrategia capaz de recuperar cuanto antes la normalidad. Necesita evitar que playas o montes se conviertan en soluciones habitacionales permanentes. Y necesita que su población sienta que el Estado comprende la presión que supone gestionar una frontera exterior europea en un territorio muy reducido.

Pero sería un grave error señalar como adversarias a las organizaciones que intentan evitar que la emergencia sea todavía más dolorosa. Un campamento humanitario no es el objetivo final, sino un recurso excepcional mientras se construyen soluciones más adecuadas. No es el problema, es parte de la solución.

Detrás de las cifras, los debates políticos y los procedimientos administrativos siguen existiendo personas que duermen en el suelo, necesitan comer, recibir atención sanitaria o acceder a condiciones mínimas de dignidad. Su situación jurídica deberá ser resuelta por las autoridades competentes, pero su dignidad no puede quedar suspendida mientras tanto.

Es comprensible el cansancio de Ceuta. Lo que no es comprensible es impedir que alguien entregue comida a quien tiene hambre. Cuando una sociedad empieza a discutir si una persona merece comer, el problema deja de ser únicamente migratorio y se convierte en una pregunta más profunda sobre qué clase de sociedad queremos ser.

Ceuta necesita instituciones a la altura, recuperar su normalidad, su convivencia y su confianza. Y, mientras eso ocurre, debemos proteger a quienes ayudan. Porque la solidaridad no es el problema que debemos resolver: es una parte imprescindible de la solución.

Linkedin: Juan Antonio Segura Lucas