El estado del malestar

 

España necesita recuperar la confianza en sus instituciones y la esperanza de que trabajar, esforzarse y cumplir merezca la pena. Las elecciones ofrecen una oportunidad para decidir qué debemos cambiar y qué no podemos seguir aceptando

 

Hay un cansancio que no se resuelve apagando la televisión. Es el de escuchar una promesa y preguntarse cuánto tardará en incumplirse. El de comprobar que lo inadmisible ayer resulta imprescindible hoy. El de sentir que los problemas de los ciudadanos esperan mientras la conservación del poder ocupa todas las prioridades.

 

Las próximas elecciones generales abren una oportunidad para revisar el rumbo, aunque también semanas de previsible confrontación. A mi juicio, el balance más preocupante de estos últimos años ha sido el deterioro de la confianza. Y sin confianza, cualquier proyecto colectivo empieza a resquebrajarse.

 

Ese es el estado del malestar. La vivienda, el coste de la vida, la atención sanitaria, la seguridad, la inmigración, las oportunidades de los jóvenes y las dificultades de quienes levantan la persiana cada mañana deberían protagonizar el debate. Sin embargo, demasiadas veces acabamos hablando del último insulto. Cambian los titulares; los problemas permanecen.

 

 

El poder necesita límites

 

Gobernar exige negociar. Lo sabemos quienes hemos tenido que conciliar intereses y tomar decisiones difíciles. Pero negociar requiere explicar las concesiones y asumir sus consecuencias. Cuando cualquier principio puede sacrificarse para permanecer en el sillón, el acuerdo pierde credibilidad y el ciudadano acaba preguntándose qué queda de lo que votó.

 

Me preocupa lo que considero una erosión del Estado de derecho. El respeto al Parlamento y a la independencia judicial debe marcar un límite. Criticar una decisión es legítimo; intimidar, intentar neutralizar los controles o desacreditar a las instituciones porque incomodan al poder supone entrar en arenas movedizas.

 

Quien gobierna debe dar explicaciones, aceptar los controles y respetar las mismas reglas que exige a los demás. Y los ciudadanos debemos reclamar esa responsabilidad también a quienes hemos votado. La confianza que depositamos en ellos no es nunca un cheque en blanco.

 

Resulta igualmente agotadora la división entre buenos y malos españoles. Entre quienes se atribuyen el progreso y quienes quedarían bajo sospecha por elegir otra opción. Un país puede convivir con profundas discrepancias. Lo difícil es avanzar cuando cada desacuerdo se convierte en una batalla moral.

 

Que el engaño tenga consecuencias

 

Los ciudadanos debemos reconocer el fariseísmo político: proclamar unos principios y actuar a escondidas en sentido contrario. Cambiar de criterio puede ser razonable si se explica con honestidad. Negar lo dicho, ocultar las verdaderas razones o tratar al elector como si no tuviera memoria o como un lerdo merece una respuesta en las urnas.

 

Quien miente debe pagar un precio político. Si el engaño no tiene consecuencias, termina convirtiéndose en una herramienta rentable. La corrupción debe pagarse, caiga quien caiga. Las siglas no pueden servir de escudo ni el voto de coartada. Quien la encubre o la tolera traiciona la confianza de los ciudadanos.

 

Las responsabilidades penales corresponden a los tribunales, con todas las garantías. Las explicaciones políticas no deberían aplazarse indefinidamente al amparo de los tiempos judiciales. Una investigación no equivale a una condena, pero tampoco justifica cerrar cualquier pregunta.

 

Ahora bien, afirmar que todos los políticos son iguales o corruptos también nos hace daño. Hay personas honestas, de distintas ideas, que trabajan con vocación de servicio. Meterlas en el mismo saco favorece precisamente a quienes incumplen: si todos parecen iguales, nadie responde por sus actos. Distinguir es una responsabilidad del votante.

 

Cambiar sin prolongar el enfrentamiento

 

Creo necesario un cambio político, aunque sería ingenuo esperar que una alternancia disolviera automáticamente el malestar. Un nuevo Gobierno podría afrontar acampadas, manifestaciones o huelgas. Es una posibilidad, no un hecho inevitable ni una razón para atribuir anticipadamente las mismas intenciones a todos los participantes.

 

Manifestarse y ejercer el derecho de huelga forman parte de nuestra democracia. Su legitimidad debe reconocerse gobierne quien gobierne. También merece respeto el resultado electoral. La protesta permite exigir cambios; no convierte por sí sola en ilegítimo a un Gobierno surgido de las urnas.

 

Una mayoría amplia podría aportar estabilidad y facilitar un proyecto coherente. Su utilidad dependería de cómo se empleara: resolver problemas, reconstruir acuerdos y aceptar controles. Tener más respaldo aumenta la responsabilidad. El cambio perdería su sentido si reprodujera los mismos comportamientos con otros protagonistas.

 

Vivienda y bienestar con responsabilidad

 

La vivienda resume muchas de estas contradicciones. Quien no puede emanciparse necesita respuestas. También quien ha ahorrado durante años para comprar una propiedad y teme afrontar un conflicto interminable. Enfrentarlos desvía la atención de las obligaciones de las administraciones.

 

La Constitución reconoce la propiedad privada y su función social, y encomienda a los poderes públicos promover el acceso a una vivienda digna. De ahí no nace un derecho general a ocupar una vivienda ajena. Proteger a quien necesita ayuda y ofrecer seguridad al propietario son objetivos que deben abordarse conjuntamente.

 

Necesitamos vivienda asequible, procedimientos eficaces y atención social. La solidaridad exige recursos colectivos. Resulta injusto descargar sobre un particular o sobre las empresas la solución de un problema que los poderes públicos no han sabido resolver.

 

También escucharemos el aviso de que “viene la derecha”. Ese argumento me parece insuficiente. Una alternativa que respete la Constitución, las libertades y los controles democráticos debe ser juzgada por sus propuestas y su gestión. La alternancia forma parte de la normalidad democrática.

 

Defender el bienestar exige explicar cómo financiarlo y gestionarlo. Sanidad, educación, pensiones y protección social necesitan empleo, empresas viables, productividad y una administración eficaz. Optimizar el gasto público significa respetar tanto a quien necesita esos servicios como a quien contribuye a sostenerlos.

 

La igualdad de oportunidades requiere educación y apoyo para que el origen no determine el destino. También espacio para progresar. Igualar por abajo o desconfiar del mérito debilita esa aspiración. Una sociedad justa ayuda a quien tropieza y permite avanzar a quien se esfuerza.

 

Por eso conviene votar con la cabeza y no solo con el corazón. Comparar trayectorias, propuestas y capacidad de gestión. Exigir prioridades, plazos y responsabilidades. Y mantener esa exigencia después, especialmente si ganan a quienes hemos votado.

 

El estado del malestar empieza a superarse cuando dejamos de resignarnos. ¿Seremos capaces de elegir pensando en el futuro y exigir que quienes gobiernen estén a su altura?

 

Linkedin: Pedro Rodríguez Molina