Imagen de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid por el derecho a la vivienda y contra los deshaucios
La patronal murciana Croem se siente víctima directa de una huelga general convocada para el 11 de noviembre por unos motivo políticos y no laborales.
La Junta Directiva de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales se reunía hoy de forma extraordinaria. A su término mostraba su pleno respeto al derecho constitucional de huelga y a la libertad sindical. No obstante, considera que esta convocatoria presenta un marcado componente político “que desvirtúa la finalidad de este típico instrumento de presión laboral y suscita serias dudas sobre la oportunidad de su utilización en las actuales circunstancias”.
En este sentido, Croem considera inadmisible que las empresas, sus trabajadores y el conjunto de la sociedad deban asumir las consecuencias de una medida de presión “dirigida, en realidad, contra las políticas públicas de vivienda, cuya responsabilidad corresponde a los poderes públicos. Asimismo, resulta especialmente llamativo que, tras años sin recurrir a una huelga general y de mantenerse políticas de vivienda que no han logrado resolver los problemas existentes, se convoque precisamente en vísperas de unas elecciones generales”.
En cualquier caso, la patronal hace un llamamiento a la responsabilidad de las organizaciones sindicales, las empresas y los trabajadores para que la jornada transcurra sin incidentes, garantizando tanto el ejercicio del derecho de huelga de quienes decidan secundarla, como el derecho al trabajo de quienes opten por no hacerlo, así como el legítimo desarrollo de la actividad empresarial.
Por otra parte, en un comunicado emitido tras la celebración de la Junta Directiva, Croem afirma que comparte la necesidad de facilitar el acceso a una vivienda digna e insta a los poderes públicos a afrontar este problema mediante políticas eficaces, estables y basadas en el diálogo y el consenso. En este sentido, reitera su disposición a colaborar con las organizaciones sindicales y las administraciones públicas en la búsqueda de soluciones que permitan mejorar el acceso a la vivienda, favoreciendo al mismo tiempo el empleo y la actividad económica.