Lázaro busca piso

 

El 2 de octubre, el Congreso rechazó los dos decretos del Gobierno sobre vivienda. Cuatro días después, disueltas ya las Cortes, aparecieron otros dos primos hermanos de los difuntos. ¿Ilegal? Para eso están la Constitución, los juristas y la Diputación Permanente. Pero hay algo más sencillo de entender y molesto: resulta difícil ofrecer seguridad jurídica cuando las normas empiezan a parecer personajes de The Walking Dead.

 

Y la vivienda necesita precisamente lo contrario.

 

En la Región de Murcia hemos perdido 3.503 anuncios de alquiler permanente desde 2018, un 20,5%. Mientras desaparecía oferta, el precio del alquiler en Murcia capital ha subido alrededor de un 60%. La explicación política suele encontrar especuladores, fondos, caseros insensibles y cualquier villano que pase por allí. La economía, bastante menos imaginativa, observa algo más aburrido: hay más demanda peleándose por menos viviendas.

 

Berlín ya hizo experimentos parecidos. Su famoso Mietendeckel contuvo las rentas reguladas, pero dejó una herencia bastante menos fotogénica. Un reciente estudio del IFO, uno de los principales institutos de investigación económica de Alemania, titulado The Price of Regulatory Risk in Housing Markets: Evidence from Berlin, analiza millones de anuncios entre 2017 y 2024. Tres años después de desaparecer el control, seguían apreciándose efectos sobre inversión, construcción, rehabilitación y valoración de los inmuebles. Los autores los relacionan con el riesgo de que aparezcan nuevas intervenciones. Dicho de forma menos académica, una ley puede seguir produciendo efectos después de muerta si quien debe invertir sospecha que puede resucitar. En vivienda, hasta los fantasmas regulatorios ocupan metros cuadrados.

 

Aquí, bajo el pensamiento Alicia (sí, la del País de las Maravillas), parecemos deseosos de comprobarlo.

 

Naturalmente, proteger al inquilino vulnerable, perseguir contratos fraudulentos o aumentar la vivienda asequible son objetivos razonables. La paradoja comienza cuando, para proteger al inquilino, conseguimos que haya menos propietarios dispuestos a tener uno.

 

El problema es que fabricar viviendas resulta desesperadamente lento. Hace falta suelo, licencias, financiación, albañiles, seguridad jurídica y años. Fabricar un decreto exige un Consejo de Ministros y una rueda de prensa. La política contemporánea ha descubierto así un revolucionario sistema constructivo: como cuesta mucho aumentar los pisos, aumentamos las normas.

 

Y para generar malestar todavía somos más eficientes. Una vivienda tarda años en levantarse. La desconfianza puede construirse en una tarde.

 

Quizá por eso gestionamos cada vez menos los problemas y cada vez mejor su explicación. Mientras discutimos quién tiene la culpa de que falten viviendas, siguen faltando viviendas. El Gobierno, más obsesionado con el relato que con la gestión, se ocupa más de las cortinas que de las paredes porque fabricar un culpable siempre será más rápido que fabricar un piso.

 

Lázaro, al menos, cuando resucitó salió del sepulcro.

 

Los decretos de vivienda resucitan con admirable facilidad. Lo que no sale del sepulcro es la oferta de alquiler.