En verde, terreno propiedad de Cartagena Parque dividido por la avenida Tito Didio. En gris claro, parcelas registradas aún a nombre de Zinsa y en azul las balsas con residuos. Fuente: Registro de la Propiedad
Tomás Olivo o, lo que es lo mismo, Cartagena Parque, propietaria de “parte” de los terrenos que ocupó la antigua Española del Zinc (Zinsa), no sale de su asombro. Esta mañana se anunciaba en la Asamblea Regional la imposición de “multas coercitivas” por, al parecer, no haber descontaminado los terrenos junto al barrio de Torreciega en la diputación cartagenera de El Hondón. Y ello pese a los sucesivos requerimientos que se le habían formalizado desde la Administración regional.
Por partes.
El anuncio de las multas coercitivas -que serían mensuales- como medio de ejecución forzosa a un incumplimiento de un acto administrativo, lo ha realizado la titular de Política Social sustituyendo al titular de Medio Ambiente, que hoy se encontraba en la secretaría de Estado de Energía.
Sus palabras eran una respuesta a una pregunta de un diputado del Grupo Mixto que quería saber qué medidas iba tomar el Gobierno regional una vez agotados los requerimientos a Cartagena Parque para que descontaminara los terrenos.
Lo que no se ha mencionado en el parlamento regional es que los terrenos a los que aludía el diputado de la oposición es que esa área no es propiedad de Tomás Olivo.
El empresario murciano se hizo realmente en subasta judicial con 159.446 metros cuadrados en total de un total de 480.000 metros que ocupaba Zinsa sobre una veintena de fincas. Dos de ellas fueron luego propiedad de la promotora inmobiliaria Quorum que, como Zinsa, presentó suspensión de pagos (concurso de acreedores) y cuya liquidación se resolvió parcialmente con la subasta de las dos parcelas que había adquirido.
Cuando se trató de inscribir la compra en el Registro de la Propiedad fue el momento en que la empresa descubrió que únicamente era propietaria de las dos parcelas (un tercio de los terrenos), precisamente los que correspondían a las antiguas edificaciones de la fábrica.
El resto de las parcelas siguen oficialmente registradas a nombre de Española del Zinc.
Cartagena Parque se sintió engañada al desconocer con exactitud tanto la superficie real como su estado de contaminación. Aunque se ha tratado de revertir la situación, el asunto continúa judicializado en la vía civil pendiente de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Las protestas tanto de vecinos como de organizaciones ecologistas son continuas; y desde Cartagena Parque aseguran que no se niegan a limpiar el terreno, “pero el que nos corresponde”. E insisten en que la Comunidad Autónoma conoce cuál es el estado del conflicto, por cuanto está personada en el procedimiento.
Aun cuando la empresa se ofrece a negociar, la administración regional propuso primero una sanción de cinco millones de euros por la negativa a realizar la descontaminación integral de la total de la finca. Finalmente la multa impuesta el pasado enero fue de dos millones de euros y en agosto se volvió a remitir un requerimiento en el que se daba tres meses de plazo para proceder a la limpieza del suelo y el vaciado de las balsas. “Pero si las balsas no son nuestras, están fuera de nuestra propiedad” (ver gráfico), afirman con rotundidad desde Cartagena Parque.
Esta mercantil sí coincide con el principio de Medio Ambiente de que “quien contamina paga”; y precisamente, en base a ese principio, reiteran que no son los responsables de los residuos que pueda contener un suelo que solo les pertenece en parte y que adquirieron en 2019, más de diez años después de que la antigua fábrica cesara su actividad.