Consejos vendo que para mí no tengo

Las 'dos ex' -María Jesús Montero y Susana Díaz- tienen una explicación pendiente ante los andaluces y el resto de españoles. En 2014, cuando Díaz presidía la Junta de Andalucía y Montero dirigía la consejería de Hacienda, el Gobierno socialista vendió 70 edificios públicos a un 'fondo buitre americano' de inversión por 300 millones de euros. 

La operación proporcionó liquidez inmediata, pero obligó a la Administración a seguir pagando alquileres por aquellos mismos inmuebles.

Hoy, ambas protagonizan el debate político desde posiciones distintas. Montero ha ocupado responsabilidades de primer nivel en el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras Díaz comenta habitualmente la actualidad en Espejo Público y critica las actuaciones de los fondos  buitres de inversión en el mercado inmobiliario.

La pregunta resulta inevitable y muy contradictoria, porque ¿con qué autoridad política se denuncia ahora a los 'fondos buitre' sin explicar por qué un Gobierno socialista recurrió a ellos, cuando necesitaba dinero?

La operación de 2014 utilizó una fórmula conocida como 'sale and leaseback'; es decir, vender un inmueble y alquilarlo después para continuar utilizándolo. La Junta ingresó 300 millones de euros y asumió el compromiso de pagar rentas durante veinte años.

En 2023, el Gobierno andaluz de Juanma  Moreno anunció la recompra de aquellos 70 inmuebles por 328 millones.

No se trata de afirmar que vender patrimonio público sea necesariamente ilegal. La Junta justificó aquella decisión por sus necesidades financieras en plena crisis económica. 

Pero esa explicación no elimina la obligación de examinar sus consecuencias ni convierte automáticamente la operación en un éxito político y,  mucho menos económico.

¿Cuánto se pagó en alquileres? ¿Qué coste global tuvo la operación? ¿Fue la venta la mejor alternativa disponible para los contribuyentes?

 Estas son las preguntas que merecen unas respuestas claras y bien documentadas, no consignas partidistas.

Y aquí aparece Susana Díaz y no resulta nada razonable atribuir toda la responsabilidad a la 'Farruquita de Triana' -la 'ex todo' del Gobierno de Sánchez- Montero, como si la operación se hubiera desarrollado al margen de la entonces  presidencia autonómica. 

Montero dirigía el área económica y Díaz encabezaba el Ejecutivo, que tomó la decisión.

Por eso llama la atención que Díaz, desde su presencia habitual en Espejo Público, critique hostil y reiteradamente a los fondos buitres de inversión sin que aquel famoso y antecedente affaire ocupe un lugar prevalente o equivalente en sus explicaciones públicas. 

La cuestión no es impedirle opinar, sino exigirle que contextualice sus críticas a la luz de las decisiones de su propio Gobierno.

¿Son los fondos de inversión censurables por definición o depende de quién negocie con ellos...? ¿Qué diferencia esencial existe entre denunciarlos ante las cámaras y recurrir a ellos desde una Administración pública...?

La contradicción alcanza también al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha convertido la defensa de la vivienda en una de sus principales banderas políticas.

Si determinadas prácticas de los inversores perjudican el interés general, debe explicar por qué se recurrió a ellos y qué condiciones se aceptaron. Si aquella venta fue necesaria y beneficiosa, corresponde defenderla con todas las cifras, incluidos los alquileres y el coste de la recompra.

No basta con señalar a los propietarios, empresas o a los fondos buitres cuando conviene electoralmente. Una política de vivienda seria exige resultados, transparencia, seguridad jurídica y mayor oferta. También exige aplicar los mismos criterios a las decisiones propias y a las de los adversarios.

Conviene distinguir, además, entre responsabilidad política y penal. No estamos atribuyendo delitos a Montero ni a Díaz. 

Estamos reclamando explicaciones sobre una operación realizada bajo su responsabilidad institucional y sobre la distancia entre aquella decisión y determinadas críticas actuales.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer no solo lo que sus representantes denuncian hoy, sino también lo que hicieron ayer, cuando disponían del poder para decidir y hacerlo. 

La memoria política no puede activarse únicamente cuando perjudica al adversario y desaparecer cuando incomoda a los compañeros de partido.

El refrán español lo resume con precisión: 'Consejos vendo, que para mí no tengo'.

Montero debe explicar la operación que dirigió desde Hacienda; Díaz, su responsabilidad como presidenta de la Junta; y Sánchez, la coherencia del discurso de su Gobierno sobre los fondos buitres de inversión.

La vivienda no necesita de sermones selectivos ni debates televisivos que olviden los antecedentes incómodos. Necesita soluciones eficaces, cuentas transparentes y responsables dispuestos a dar la cara.

Porque quienes hoy señalan a los fondos buitre deberían empezar por explicar ¿ por qué, cuando gobernaban Andalucía, vendieron 70 edificios públicos a uno de ellos y, después tuvieron que seguir pagando por utilizarlos?

La coherencia y la legalidad política no se demuestra denunciando las decisiones ajenas, sino teniendo el valor de explicar las propias.

Linkedin: Pedro Manuel Hernández López