Uno de los accesos al polígono Saprelorca
El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha expresado su “indignación y absoluta incredulidad” ante la última decisión del actual gobierno de España, en la que rechaza la solicitud de Saprelorca para convertir en capital un préstamo participativo de 2.368.209 euros. Además, dicho organismo ha exigido su devolución íntegra en un único pago el próximo 31 de diciembre.
La postura del gobierno central se conoció en el transcurso de la reunión del Consejo de Administración de Saprelorca celebrada este pasado lunes, en la que se puso sobre la mesa un certificado del ejecutivo central en el que desestima por escrito la capitalización del citado préstamo, formalizado en 2009 y modificado posteriormente en 2019.
Esta decisión se suma a la postura mantenida por el gobierno central durante el Consejo de Administración, en el que volvieron a votar en contra de la adjudicación de 241.231 metros cuadrados de suelo industrial correspondientes a la ampliación del polígono. La operación, que finalmente salió adelante con el respaldo del resto de consejeros, permitirá avanzar en la implantación de nuevas empresas y la generación de empleo en el municipio.
“¿Qué le pasa al Gobierno de Pedro Sánchez con Lorca? Estamos llegando a un punto en el que contamos los días por castigos e injusticias, y esta es probablemente una de las decisiones más graves que hemos conocido. Estamos hablando de una entidad que lleva más de 40 años trabajando por el desarrollo económico de nuestro municipio y que ahora se encuentra con que uno de sus propios socios pretende exigirle casi 2,4 millones de euros de golpe. Es una auténtica barbaridad, una decisión fuera de toda lógica que pone en riesgo la estabilidad de Saprelorca y que puede tener consecuencias muy perjudiciales para nuestro tejido empresarial. Nadie entiende este ataque”, ha denunciado Fulgencio Gil.
Además, ha añadido que “esto es hacerle daño a Lorca, así de claro ¿A cuántos castigos más vamos a asistir en los próximos días? Esto no es una decisión técnica, una directriz política, politiqueo barato e irresponsable”.
El gobierno de España, a través de Casa 47 (antiguo Sepes) posee el 35,47% del capital social de Saprelorca y forma parte de una sociedad cuya finalidad es precisamente facilitar el desarrollo de suelo industrial, atraer inversiones y favorecer la implantación de empresas.
El alcalde ha manifestado que lo que no podemos entender es que una entidad pública que forma parte de Saprelorca actúe de esta manera contra los intereses de la propia sociedad. Primero se opone a la ampliación del polígono y a la venta de parcelas para que se instalen nuevas empresas, y ahora exige la devolución de casi 2,4 millones de euros en un único pago antes de que termine el año. No es el momento, ni las formas ni responde al sentido común.
El primer edil también ha mostrado su malestar por la manera de proceder del gobierno central en la reunión del Consejo de Administración: “ni siquiera acuden presencialmente a dar explicaciones de una decisión de semejante trascendencia, y trasladan estas decisiones mediante videollamada a través de dos técnicos. No podemos evitar interpretar que detrás de esta actitud existe una directriz política que nada tiene que ver con las necesidades reales de nuestro municipio”, ha añadido.