El consulado de Buenos Aires, desbordado, tardará cuatro años en tramitar la Ley de Nietos

 

El consulado de España en Buenos Aires ha revisado hasta el momento 10.500 expedientes de concesión nacionalidad. Entre ellos no se han encontrado ‘pruebas del exilio’ de los antepasados, lo que está directamente vinculado con la conocida como 'Ley de Nietos' (una disposición acidional de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática). Respecto a ello, el cónsul general de España en Buenos Aires, que es la demarcación mundial con más españoles, a excepción de España, José María Ridao, explica la evolución de estas solicitudes, las resoluciones y la tramitación de expediente.

 

Lo primero que aclara es que los consulados, y el suyo en particular, están olvidados por la administración y que en su caso solo cuenta con menos de un centenar personas y unos recursos limitados. Explica la situación del consulado poniendo el símil de tres afluentes que desembocan en un río principal, que es el consulado.

 

El primero son las personas residentes en Buenos Aires y que son españolas de nacimiento, porque nunca han perdido la nacionalidad. Esta cifra asciende a 364.000 personas que, con regularidad inscriben hijos, matrimonios, testamentos, certificados, pasaportes y toda aquella documentación y tramitación normal de cualquier consulado a nivel mundial. Con el número de trabajadores y este nivel de residentes españoles “como puedes comprender ya tenemos suficiente para no ir colapsados, pero si para tener un trabajo diario completo”.

 

El segundo afluente es el que se ha derivado de la Ley de Nietos. Por la Ley de Memoria Democrática se abrió las solicitudes en los registros y consulados de España en el Exterior. El plazo se inició el 21 de octubre de 2022 y debía finalizar el 22 de octubre de 2024. El 9 de julio de 2024 el Consejo de Ministros aprobó prorrogar un año más la presentación de documentación. El 22 de octubre de 2025 finalizó de manera definitiva la posibilidad de registrar nuevas solicitudes de cita previa o abrir nuevos expedientes bajo este régimen de opción.

 

Durante estos tres años el consulado español en Buenos Aires recibió 645.052 peticiones de cita, en plazo, para presentar la documentación y que se abriera el expediente. Ante el hecho de no poder dar cumplida cuenta de todas estas peticiones, según la ley de procedimiento administrativo la administración está obligada a aceptar toda aquella documentación cuya cita estuviera dentro del plazo. “Evidentemente era materialmente imposible que nosotros pudiéramos recibir a ese volumen de personas, teniendo en cuenta lo que te he dicho, hay toda una serie de trámites, del primer afluente, que deben realizarse si o si. Con lo cual, teniendo en cuenta este procedimiento, por ley tenemos la obligación de aceptar la documentación”.

 

A día de hoy el consulado ha recibido 230.000 documentaciones. “Teniendo en cuenta la lentitud y las tramitaciones que todo esto conlleva, seguiremos recibiendo documentación hasta el año 2030”. De estos 230.000 expedientes solo se han resuelto 30.000. De ellos 18.000 han pedido alta matrícula, pero no todos han ido al censo CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) que servirá de base para el censo cerrado el 1 de agosto para poder votar. De todos ellos 8.500 sí que lo están.

 

Esos 30.000 son los que entran en conflicto con el Tribunal Supremo. Esta es relativa al Anexo I de la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022) sobre la interpretación de la delimitación. El conflicto radica en un exceso reglamentario. Mientras la Ley de Memoria Democrática exigía demostrar que el antepasado perdió la nacionalidad española por exilio, la Instrucción consular del Anexo I flexibilizó el trámite, permitiendo el acceso generalizado a nietos de españoles sin probar dicho exilio. El Supremo dictaminó que una instrucción administrativa no puede alterar una ley. Por ello, exigió revisar estas concesiones y limitar la inscripción automática en el censo electoral (CERA), condicionando la plena ciudadanía a verificar que cada expediente del Anexo I cumpla estrictamente los requisitos legales.

 

“Con lo cual a día de hoy tenemos 18.000 expedientes afectados por el Tribunal Supremo y de ellos los 10.500 que tú me has comentado que no hemos encontrado pruebas del exilio de los antepasados. Pero esto solo es una parte. Aún nos quedan muchos más expedientes para cotejar y si hablamos de los 645.052, seguro que habrán muchos más”.

 

El tercer afluente es el de las votaciones. En la actualidad va gente al consulado para saber si están inscritos y pueden votar. “No te creas que esto es un trabajo fácil. El censo tiene 58.000 páginas. Cuando te viene una persona has de consultar el nombre, buscarlo y, a lo mejor con los mismos apellidos hay más de uno y debes certificar con otros datos su inscripción o no”·. El censo de las personas que pueden votar es de 331.000 personas. El plazo para poder ir a votar en los consulados es de una semana. Hay el voto por correo de estas personas, ahora bien “recibir a todas estas personas desborda los limites de las personas que trabajan en el consulado. Encima el Tribunal Supremo nos pide que demos el listado de los expedientes, que llevemos a cabo las tramitaciones normales y agilicemos ciertos tramites. Es imposible”.

 

Por su experiencia van a votar un 6% de las personas inscritas en el censo. “Y si nos centramos en esas 18.000 personas de las que hemos hablado y que entran en conflicto con el Tribunal Supremo, la cifra es de 600. Esta es la cifra de personas que de todos los expedientes tramitados podrían ejercer su derecho al voto. Sinceramente, no veo el pucherazo que está diciendo el Tribunal Supremo. Se equivoca el Supremo con esto del CERA y el pucherazo”.

 

Con respecto al aumento del CERA y las entidades que han puesto demanda ante el Supremo, Iustitia Europa y VOX, “debo decir que la pandemia hizo mucho daño. Entre los años 2022 al 2026 el ministerio de Exteriores no ha sido claro con las cifras de las personas que se han inscrito en el CERA. Y ese es el problema. No se pudieron tramitar expedientes y, cuando pudimos hacerlo, evidentemente el CERA aumentó considerablemente, pero no porque quiso eramos dar un pucherazo, sino porque llevábamos mucho tiempo sin inscribir a nadie. Si uno lo coteja se dará cuenta que el aumento ha sido proporcionado como los años anteriores a la pandemia”.

 

Termina diciendo que “el aumento del CERA no es por la Ley de Nietos. Esto es falso. EL crecimiento se debe a mil y un motivos. Y si nos centramos solo en este punto nos estamos equivocando”. Lo cierto es que, según hemos podido saber, el ministro de Exteriores José Manuel Albares, niega recibir o hablar con varios cónsules que se han puesto en contacto con él para solucionar este problema y dar trámite a la petición del Tribunal Supremo.

 

* El autor: César Alcalá es un escritor, periodista e historiador español.
Linkedin: César Alcalá