Sánchez y el voto: derechos sí, pero también legalidad

(...) " Porque yo le exijo al Tribunal Supremo que el derecho al voto no se prohíbe, sino que se garantiza, al ser un derecho democrático exigible y necesario".

Pedro Sánchez pronunció estas palabras el otro en un día, para criticar la decisión del Supremo sobre el sufragio vinculado a la llamada "Ley de Nietos". En su enfática y frenética  defensa del voto olvidó, sin embargo, una cuestión elemental: garantizar un derecho no significa permitir que se ejerza al margen de los requisitos legales.

El Tribunal Supremo ha mantenido cautelarmente la suspensión de determinadas inscripciones electorales mientras se examina si cumplen las condiciones exigibles. No ha derogado la "Ley de Memoria Democrática" ni ha retirado la nacionalidad a sus beneficiarios. La controversia afecta a la regularidad de ciertas inscripciones y a las garantías que deben proteger el censo electoral. Una cuestión jurídica compleja que merece argumentos, no consignas.

Sánchez ha preferido presentar el asunto como un enfrentamiento entre defensores de la democracia y quienes pretenden restringir derechos. Es una estrategia recurrente: transformar una discrepancia jurídica en una batalla moral, repartir credenciales democráticas y señalar adversarios. Así, cuestionar una actuación administrativa corre el riesgo de presentarse como un ataque al sufragio.

Pero ¿desde cuándo defender el voto obliga a aceptar cualquier inscripción electoral? ¿Desde cuándo investigar si se cumplen los requisitos legales equivale a negar un derecho fundamental? Y ¿por qué el presidente reclama al Supremo una respuesta favorable antes de que concluya la controversia judicial?

El sufragio es un derecho fundamental. También lo son las garantías que aseguran que cada voto corresponda a quien está legalmente habilitado para emitirlo. Ambos principios son inseparables. Una democracia no consiste únicamente en facilitar que vote el mayor número posible de personas, sino en garantizar que lo hagan quienes tienen derecho a ello, en condiciones de igualdad y con seguridad jurídica.

Conviene precisar que haber obtenido la nacionalidad española no convierte automáticamente en legal el ejercicio del voto. Tampoco cabe presumir que los afectados hayan cometido irregularidad alguna. Lo que debe determinarse es si las inscripciones discutidas cumplen los requisitos aplicables. Corresponde a los tribunales resolverlo, no a una arenga política anticipar la conclusión.

Si el Gobierno considera injustificada la medida cautelar, dispone de argumentos jurídicos para combatirla. La discrepancia con una resolución judicial es legítima; convertir al tribunal en antagonista de la campaña electoral es otra cosa. Sánchez puede cuestionar sus decisiones, pero debería explicar sus objeciones sin insinuar que solo su posición representa la defensa de la democracia.

Ante las próximas elecciones generales, la responsabilidad presidencial exige especial prudencia. Sánchez no habla únicamente como dirigente del PSOE, sino como presidente del Gobierno, obligado a respetar la separación de poderes. Las instituciones judiciales no están para satisfacer las necesidades argumentales del Ejecutivo, ni sus resoluciones deberían convertirse en munición partidista.

La memoria del exilio merece respeto. Los descendientes de quienes abandonaron España por razones políticas no deben convertirse en instrumentos de una disputa electoral. Si la ley reconoce su derecho al sufragio, deben poder ejercerlo con todas las garantías. Si existen dudas fundadas sobre el cumplimiento de los requisitos, deben aclararse mediante procedimientos transparentes, sin prejuzgar a los afectados.

Lo inadmisible es presentar cualquier control judicial como una prohibición arbitraria y cualquier discrepancia con el Gobierno como una agresión democrática. Los derechos no se protegen ignorando las reglas, sino aplicándolas con igualdad.

El voto no pertenece a Sánchez, al PSOE ni al Tribunal Supremo: pertenece a los ciudadanos, conforme a la ley. Ningún presidente puede arrogarse su interpretación exclusiva ni convertir una controversia judicial en un plebiscito sobre su propio discurso.

Sánchez exige al Supremo que garantice el voto, pero la democracia también exige que el poder respete a los jueces. Porque el sufragio es sagrado, pero no está por encima de la ley. Y un presidente que solo invoca los derechos cuando respaldan su relato electoral confunde peligrosamente la defensa de la democracia con la defensa de sus propios intereses políticos.

Linkedin: Pedro Manuel Hernández López