Menos burocracia, menos impuestos. Otra forma de gestionar lo público

España necesita un debate serio sobre el tamaño de sus administraciones públicas y el destino de cada euro que aportan los contribuyentes. No se trata de cuestionar el Estado del bienestar, sino de algo más práctico: ¿podemos mantener servicios públicos de calidad con una estructura más sencilla, eficiente y menos costosa?

Hoy tenemos un entramado complejo: Administración central, autonomías, diputaciones, ayuntamientos y organismos diversos. Muchos responden a nuestro modelo territorial, pero también pueden existir solapamientos, trámites repetidos y estructuras cuyo coste no se corresponde con el beneficio que ofrecen a la sociedad.

Reducir gasto administrativo no significa cerrar hospitales, ni recortar en educación. Significa identificar duplicidades, simplificar procedimientos y digitalizar de verdad. La prioridad debe ser proteger lo esencial y revisar lo accesorio, con evaluaciones transparentes que permitan distinguir los ahorros efectivos de los meros anuncios.

Cuando una administración reduce sus costes de manera estable, puede equilibrar sus cuentas y abrir la puerta a bajar impuestos. Pensemos en un ayuntamiento que ahorra varios millones de euros con una reorganización seria. Ese margen podría dedicarse a reducir el IBI, determinadas tasas o cargas que afectan a familias y pequeños negocios.

Naturalmente, cualquier rebaja debe basarse en ahorros reales y sostenibles, respetar las obligaciones presupuestarias y no comprometer los servicios. No todo ahorro se traduce automáticamente en una reducción fiscal: también puede ser necesario disminuir deuda o atender necesidades pendientes.

Una menor presión fiscal puede dejar más renta disponible a las familias y facilitar la inversión empresarial. Esto puede favorecer el consumo, la actividad económica y el empleo, aunque sus resultados dependen de qué impuestos se reduzcan, cómo se financie la medida y del contexto económico.

En municipios como Murcia, donde barrios y pedanías requieren atención constante, una gestión más eficiente permitiría estudiar cómo dedicar más recursos a limpieza, mantenimiento e infraestructuras de proximidad. La ciudadanía merece saber cuánto cuesta cada estructura, qué resultados produce y qué alternativas existen.

La política económica debe abandonar la idea de que mejorar los servicios públicos exige necesariamente aumentar los impuestos. En ocasiones, el primer paso consiste en revisar cómo se utiliza el dinero disponible. Desde ASIK consideramos que la eficiencia administrativa, la transparencia presupuestaria y la responsabilidad fiscal deben ocupar un lugar central en el debate público. No proponemos una administración ausente, sino unas instituciones capaces de cumplir sus obligaciones sin trasladar a los ciudadanos el coste de estructuras innecesarias. Gobernar mejor no consiste en gastar más, sino en gastar mejor. Y cuando una administración necesita menos recursos para funcionar correctamente, debe estudiar cómo devolver parte de ese esfuerzo económico a quienes la sostienen: los ciudadanos. 

Linkedin: Jesús Conesa Pérez