El odio de Pedro Sánchez

 

El odio es uno de los sentimientos más destructivos que puede experimentar el ser humano. Cuando se instala en la vida política, sus consecuencias pueden ser todavía más graves, porque transforma las diferencias de opinión en enfrentamientos personales y convierte al adversario en alguien a quien hay que derrotar a cualquier precio.

 

Y esa es, precisamente, una de las mayores críticas que merece, a mi juicio, la forma de gobernar de Pedro Sánchez: haber contribuido a una política de confrontación permanente, en la que demasiadas veces parece que quien no comparte sus planteamientos deja de ser un adversario político para convertirse en un enemigo.

 

Ronald Reagan, uno de los grandes dirigentes políticos que hemos conocido quienes ya tenemos cierta edad, defendía una idea fundamental para la convivencia democrática: los adversarios políticos no deben ser tratados como enemigos personales. Se puede discrepar profundamente, combatir las ideas del contrario y defender con firmeza las propias convicciones sin convertir la política en una guerra de rencores.

 

Ahí reside la grandeza de un verdadero dirigente: saber que España pertenece a todos los españoles, no solamente a quienes le votan. La democracia no consiste en imponer una manera de pensar, sino en garantizar que todos podamos defender nuestras ideas con libertad y respeto.

 

 

Sin embargo, después de más de ocho años de presidencia de Pedro Sánchez, tengo la certeza de que nuestra convivencia política se ha deteriorado hasta extremos verdaderamente preocupantes. El enfrentamiento se ha convertido en una constante y la división entre españoles parece formar parte del paisaje político cotidiano.

 

Me preocupa especialmente esa tendencia a dividir la sociedad entre quienes están con el Gobierno y quienes están contra él. ¿Desde cuándo discrepar del presidente puede justificar que se cuestione la legitimidad de las opiniones de millones de españoles? ¿Acaso quienes no compartimos sus decisiones tenemos menos derecho a defender nuestra idea de España?

 

La presidencia del Gobierno no es patrimonio de ningún partido ni de ninguna ideología. Y quien ocupa La Moncloa debe comprender que los españoles no somos súbditos obligados a aceptar sus decisiones sin protestar.

 

A esta confrontación se añade una política de comunicación que, en demasiadas ocasiones, parece más preocupada por construir un relato favorable al Gobierno que por explicar con claridad los problemas reales de los ciudadanos.

 

Lo hemos visto en cuestiones tan sensibles como la vivienda, donde los anuncios, las promesas y las campañas políticas contrastan con las dificultades que siguen encontrando miles de familias para acceder a un hogar. El presidente puede protagonizar cuantos actos públicos considere oportunos, pero los problemas de los españoles no desaparecen con una fotografía ni con un discurso.

 

También hemos atravesado tragedias nacionales que exigían de nuestros gobernantes una especial sensibilidad: la pandemia de covid, la erupción del volcán de La Palma y la dana de Valencia. Y este año 2026 ha añadido dos tragedias ferroviarias que han conmocionado profundamente a España.

 

El pasado 18 de enero, el terrible accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, dejó 46 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. Nueve meses después, la investigación continúa abierta y las familias siguen esperando respuestas definitivas.

 

Y cuando todavía permanecía vivo el dolor de aquella tragedia, este 28 de octubre se produjo otro gravísimo accidente ferroviario en Urda, Toledo, con un balance provisional de 69 fallecidos.

 

¡115 personas han perdido la vida en dos accidentes ferroviarios en España en apenas nueve meses! Una cifra estremecedora que debería obligar al Gobierno a ofrecer todas las explicaciones necesarias sobre la seguridad de nuestras infraestructuras ferroviarias, las inversiones realizadas y los sistemas de prevención.

 

Dos tragedias que obligan a preguntarse qué está sucediendo con la seguridad ferroviaria española, qué controles se están realizando y si las inversiones y los sistemas de prevención son suficientes.

 

Señor Sánchez, las familias no necesitan solamente promesas de investigaciones exhaustivas. Necesitan respuestas, transparencia y garantías de que se hará todo lo posible para evitar que tragedias semejantes vuelvan a repetirse.

 

Y el ministro Óscar Puente también debe explicar con claridad las circunstancias del accidente de Toledo. Señalar inicialmente una posible actuación incorrecta desde el centro de control de Atocha no puede sustituir una investigación completa sobre el funcionamiento de todos los sistemas de seguridad.

 

Las responsabilidades deberán establecerse con pruebas, pero las obligaciones políticas de supervisión, prevención y transparencia existen desde el primer momento.

 

No sería aceptable que una tragedia de semejante magnitud terminara reducida a la responsabilidad de un trabajador sin que antes se hubieran examinado rigurosamente todas las circunstancias. Tampoco sería justo atribuir responsabilidades individuales sin pruebas concluyentes.

 

 

Señor Sánchez, ¿qué garantías pueden ofrecer a los españoles de que se están adoptando todas las medidas necesarias para evitar otra tragedia? ¿Se han realizado las inversiones suficientes? ¿Han funcionado correctamente los mecanismos de control? ¿Qué actuaciones se emprenderán cuando finalicen las investigaciones?

 

Estas son las preguntas que merecen respuestas, no descalificaciones ni nuevas batallas partidistas.

 

Y mientras tantas familias lloran a sus seres queridos, convendría recordar que el dolor no tiene ideología. No existen víctimas de izquierdas ni de derechas. Existen personas, familias y ciudadanos que merecen respeto, acompañamiento y verdad.

 

La asistencia a los actos de homenaje, la cercanía con las familias y el respeto a sus creencias deberían estar siempre por encima de cualquier diferencia política. Una tragedia nacional exige altura institucional, independientemente de quién gobierne.

 

Señor presidente, España no necesita más enfrentamientos entre españoles. Necesita gobernantes capaces de escuchar, de reconocer errores y de comprender que discrepar del poder no significa estar contra el país.

 

Puede usted combatir políticamente a sus adversarios, defender sus decisiones y aspirar legítimamente a continuar gobernando. Lo que no debería hacer ningún presidente es contribuir a que millones de ciudadanos sientan que sus opiniones son despreciadas por quienes tienen la obligación de representarles.

 

Señor Sánchez, hay algo que ningún gobernante debería olvidar: España no es suya, sus instituciones no son propiedad de su Gobierno y los españoles no tenemos obligación alguna de compartir sus ideas ni de aceptar sus decisiones sin protestar.

 

A mi juicio, su forma de ejercer el poder transmite un preocupante desprecio hacia quienes discrepamos de usted. Y cuando ese desprecio se convierte en confrontación permanente, cuando se divide a los ciudadanos entre buenos y malos españoles y cuando las instituciones parecen ponerse al servicio de los intereses de un partido, nuestra convivencia democrática resulta gravemente perjudicada.

 

El odio político nunca ha construido una nación. El odio divide, enfrenta y destruye la confianza entre ciudadanos. El desprecio hacia quienes piensan diferente tampoco demuestra fortaleza, sino una preocupante incapacidad para comprender que España es mucho más grande que cualquier presidente y que cualquier partido político.

 

Puede usted despreciar nuestras críticas, ignorar nuestras protestas o intentar desacreditar nuestras opiniones. Lo que jamás podrá arrebatarnos es nuestro derecho a pensar libremente, a exigir responsabilidades y a defender las instituciones que pertenecen a todos los españoles.

 

Porque el odio jamás será una forma legítima de gobernar, el desprecio nunca podrá sustituir al respeto y ningún presidente, por mucho poder que acumule, estará jamás por encima de España y de los españoles.

 

Linkedin: José García Martínez