Golpe de Estado en Polonia

Una dictadura es un lugar donde no se puede expresar una opinión diferente a la 'verdad oficial'. Pues esto es lo que está pasando en la Unión Europea. Lo último, un golpe de estado en Polonia, afortunadamente fracasado. Antes: Rumanía, Georgia, Moldavia; la dialéctica prorrusa como llave para anular victorias electorales, eliminar candidatos.

Palabras del excomisario Thierry Bretón que amenazó con 'anular las elecciones de Alemania si los soberanistas de Alternativa por Alemania (AfD) obtienen un resultado importante en las mismas'. 'Hagamos cumplir nuestras leyes en Europa. Cuando estas corran el riesgo de ser eludidas y no puedan ser aplicadas y puedan llevar a interferencias (…) Lo hicimos en Rumanía y obviamente lo haremos en Alemania si es necesario', ha señalado Breton a propósito del eventual papel que podría asumir el organismo comunitario en dichos comicios.

Polonia: el golpe palaciego del viernes 30 de octubre

La secuencia es de manual. Viernes 30 de octubre de 2026: el presidente de la República, Karol Nawrocki del partido PiS, despega en vuelo oficial hacia Senegal. Esa misma noche, la jueza Anna Korwin-Piotrowska suspende por un mes al presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, y a su vicepresidente, Bartłomiej Sochański. Se despliega policía en los terrenos del tribunal. Nawrocki da media vuelta al avión, irrumpe en el edificio pasada la medianoche tras un forcejeo con los jueces y exige 'restablecer el orden jurídico'.

Las dos versiones caben en la misma noche. El gobierno de Donald Tusk —ex vicepresidente de la Comisión Europea, pro europeo y atlantista hasta la médula— defiende la suspensión como necesaria 'para restablecer la independencia del poder judicial'; PiS y el propio presidente hablan de golpe de Estado, y Nawrocki acusa a Tusk de 'cometer un crimen contra la Constitución'.

El trasfondo lleva meses calentándose: en 2026 el Sejm eligió ocho jueces nuevos, el presidente juramentó a tres y se negó a juramentar a otros cinco, y la Comisión de Venecia dictaminó —el 13 de octubre— que los ocho son miembros de pleno derecho. El Tribunal, a su vez, abrió expedientes disciplinarios a tres de ellos. Toda la crisis es, en el fondo, la continuación de la guerra por el control del árbitro constitucional que empezó en 2015: el gobierno de Tusk ha terminado aplicando sobre el Constitucional exactamente la estrategia que denunció en la oposición, dejar de publicar sus sentencias en el boletín oficial para privarlas de efecto.

Da igual el signo: si en diciembre de 2015 aquello era un 'golpe polaco', el 30 de octubre de 2026 es un 'restablecimiento'. La dialéctica, otra vez, trabaja en las dos direcciones — y siempre contra el mismo objetivo: quien controle el tribunal controlará qué elecciones y qué leyes sobreviven. De fondo, determinar si las leyes Polacas están por encima o por debajo de la legislación comunitaria.

Rumanía: cuando anular una elección se volvió normal

En la primera vuelta de noviembre de 2024, el candidato sorpresa Călin Georgescu, y sin apoyo de partido, ganó por delante de todo el mundo. Poco después, el Tribunal Constitucional rumano anuló toda la primera vuelta alegando injerencia rusa: TikTok reconoció la eliminación de una red de más de 27.000 cuentas inauténticas, el 'Rey del TikTok' Bogdan Peschir acabó detenido acusado de haber pagado más de 900.000 dólares a 250 influencers, y la campaña que despegó al candidato acabó vinculada en origen a la campaña del partido gobernante liberal, secuestrada —según sus responsables— para apuntalar al outsider. De fondo, siempre hay un tonto que paga y un tonto que va a la cárcel. De facto un atropeyo a la voluntad de los ciudadanos de Rumania.

Georgescu calificó la sentencia de 'golpe de Estado formalizado'. Le siguieron la inhabilitación para repetir —ratificada por el Tribunal en la repetición de mayo de 2025— y el proceso: en 2026 pasó por prisión preventiva y arresto domiciliario en dos causas distintas. La repetición la ganó el europeísta Nicușor Dan con un 55% frente al 46% del candidato George Simion, heredero político del candidato borrado.

Frente a lo que se anuló, lo que aún no se ha demostrado importa: la BBC recuerda que un año después sigue sin haber pruebas públicas e inequívocas de la injerencia rusa que motivó la anulación, ni estar claro quién creó las cuentas. La etiqueta de 'prorruso' hizo, en cambio, todo el trabajo: primero anuló una victoria, después inhabilitó a su autor y al final lo metió en prisión. En la UE no había precedente de una primera vuelta ganada borrada por decreto judicial.

Georgia y Moldavia: la misma vara, dos usos

En Georgia, el partido gobernante Georgian Dream ganó las parlamentarias del 26 de octubre de 2024 con un 54,8%, mientras la oposición y la presidenta denunciaban fraude. La respuesta europea fue distinta de la rumana porque, aquí, el ganador no era el de casa: Bruselas congeló el proceso de adhesión, retiró la exención de visados y su informe de ampliación del 4 de noviembre de 2026 califica aquellas elecciones de celebradas 'en condiciones profundamente comprometidas'. El mismo gobierno ganador, además, gobierna amenazando con ilegalizar partidos opositores y con una ley de 'agentes extranjeros' que ha encogido el espacio de la sociedad civil.

En Moldavia, el espejo: el 28 de septiembre de 2025, el partido proeuropeo de Maia Sandu ganó con un 50,2 % y 63 de los 101 escaños, y esta vez la oposición fue la que denunció fraude, mientras la UE certificaba que había apoyado a Moldavia a 'mantener una elección democrática'.

El patrón no es que no existan injerencias: es que el criterio para creerse las denuncias depende del signo del ganador. Si gana el candidato que Bruselas quiere, la injerencia viene de fuera y las urnas son sagradas; si gana el otro, la victoria es 'comprometida' y hay que rehacerla. Y una observación incómoda: en Georgia casi tres cuartos de la población (un 74%) quiere entrar en la UE. Lo que se discute allí no es el deseo de los votantes, sino quién gobierna pese a él.

Qué hay detrás: las tres hipótesis abiertas

1. El euro. Polonia firmó en 2004 la obligación contractual de adoptar el euro, pero no hay fecha y haría falta una reforma constitucional con dos tercios del Sejm. Bruselas lo declara 'una de las prioridades' polacas en su ficha oficial; el ministro de Hacienda polaco, en cambio, sostiene que 'no hay prisa' porque la economía polaca rinde mejor que la eurozona, y el Eurobarómetro de abril de 2026 marca solo a un 43% de polacos a favor. Mientras, Tusk alerta de una 'amenaza real' de Polexit y el líder de la oposición, Kaczyński, flota conversaciones de salida de la UE. ¿Quién gana si el zloty desaparece y quién pierde si se queda?

2. El oro. El Banco Nacional de Polonia es el mayor comprador de oro del planeta: añadió unas 83 toneladas solo en 2025, ya acumula unas 595 toneladas y su objetivo declarado son 700 (el 30% de sus reservas), por encima de las tenencias del propio BCE. El detalle que incomoda: según recogió Euronews, el NBP se niega a informar al Tribunal de Cuentas polaco de dónde están los lingotes sacados al exterior. Si esas reservas acaban un día gestionadas dentro del sistema del euro, el control del oro dejará de ser una decisión de Varsovia. Nadie ha probado ese traslado; todos lo temen.

3. Los partidos euroescépticos. No existe en Polonia —consta decirlo— ningún partido prohibido. El método es más fino: dejar sin árbitro a quien puede vetar la ruta. Mientras el Constitucional queda suspendido y descabezzado, PiS se escinde (más de treinta diputados expulsados en julio de 2026) y las encuestas sitúan a la derecha más dura —Konfederacja, Braun— en posición de ser imprescindible para cualquier mayoría tras las elecciones de 2027. No hace falta prohibir a los euroescépticos: basta con asegurarse de que, cuando llegue el momento de decidir el euro, el tribunal que podría declararlo inconstitucional ya no esté.

Conclusión: la democracia según el resultado

La Unión Europea nació para ser colonias de los EEUU, con un entramado de instituciones que deben ir dejando a los Estados miembros sin soberanía. Si hay que destruir el campo y la minería nadie podrá oponerse porque no habrá ningún país con la suficiente soberanía.

Tres años y cuatro países después queda una sospecha incómoda: que la regla del Estado de derecho se aplique al revés del orden. Si gana el de casa, la injerencia no existe, por mucha red de bots demostrada; si gana el otro, la injerencia lo explica todo y la victoria deja de contar. Y si el tribunal de la capital se atreve a recordar quién manda, el tribunal se suspende — preferiblemente cuando el presidente de la República está en el aire, camino de Senegal.

La pregunta que queda abierta no es si hubo manipulación en las elecciones de Rumanía, Georgia o Moldavia. Es otra: ¿quién controla el mecanismo que decide qué elecciones valen? Porque mientras esa respuesta siga en manos de quienes acaban de ganar, la irregularidad ya no será una excepción a juzgar: será una herramienta de gobierno.

Linkedin: Aquilino García