Subvencionar o invertir

Algo más de 1,3 millones de euros destinados a subvenciones directas. Esa es la cantidad que suman dos de los reales decretos -del ministerio de Igualdad- publicados en el BOE del 29 de octubre de 2026: 965.000 euros destinados a "financiar" (¿?) nueve entidades y otros 380.000 euros para la Federación Española de Municipios y Provincias y para la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR).

Ayudas que deberán tener sus correspondientes justificaciones sociales, pero cuya concesión directa, merece una total transparencia, fiscalización y una explicación pública, sobre los criterios empleados y los resultados que se esperan obtener de todas ellas.

La cuestión no es negar la utilidad de las organizaciones sociales no gobernamentales ni discutir la inexcusable atención a las "personas vulnerables" (¿?).

La cuestión es otra: ¿son estas las obligadas prioridades que necesita España cuando existen necesidades objetivamente "esenciales" que siguen hoy día desatendidas?

Mientras se aprueban estas partidas, nuestros hospitales acumulan listas de espera, miles de ciudadanos siguen afrontando serias dificultades para acceder a determinados servicios socio- sanitarios (residencias de ancianos, prestación infantil odontológica, ayudas para gafas, para pacientes de ELA y sus familias, etc..), las familias soportan una presión económica creciente y nuestras necesarias y publicas infraestructuras reclaman inversiones urgentes.

Por desgracia -el otrora nuestro "buque insignia" mundial de los medios públicos de transporte- el ferrocarril, se ha convertido en el ejemplo más doloroso de esa necesidad de establecer prioridades para mantener sus infraestructuras.

Después de Adamuz y Urda, la conservación y modernización de toda nuestra red ferroviaria, la renovación de sus actuales instalaciones, los sistemas de seguridad y las inspecciones técnicas, deberían ocupar un lugar absolutamente prioritario en la agenda del Gobierno, con independencia de su color e ideologia.

Por eso hay una pregunta muy comprometida que merece una  respuesta mucho más valiente y rigurosa: ¿De haber destinado esos 1.345.000 euros a reforzar el mantenimiento, la seguridad y la conservación  de nuestra red ferroviaria, se habría contribuido a evitar los accidentes de Adamuz y Urda..? ¿Habrían podido salvarse las 115 vidas perdidas...?

Nadie puede afirmar que esa cantidad, por sí sola, hubiera evitado ambas tragedias. Eso corresponde determinarlo a las investigaciones técnicas. Pero sí es legítimo preguntarse ¿por qué se encuentran recursos para unas partidas -a veces, de muy dudosa utilidad- mientras las necesidades de mantenimiento de infraestructuras vitales  siguen reclamando la atención del Gobierno?

Y no estamos hablando solamente de ferrocarriles. Hablamos, en general, de sanidad, de investigación. de educación, de dependencia, de pensiones, de seguridad y servicios públicos.  

Todas ellas son necesidades, muy concretas, que afectan diariamente a millones de españoles.

Por eso, un Gobierno justo, serio y democrático no puede limitarse solamente a repartir subvención tras subvención, y con ello, dar por cumplida su responsabilidad. Además tiene que explicar por qué elige unas prioridades y no otras, acreditar la utilidad de cada ayuda y demostrar que el dinero público produce beneficios reales para la sociedad.

Los impuestos no son ni patrimonio del Gobierno ni una 'caja B' particular de cada ministerio. Son el esfuerzo de millones de trabajadores, de autónomos, de empresas y de pensionistas que esperan que sus aportaciones se traduzcan en servicios dignos y en seguridad.

Gobernar no es repartir dinero. Gobernar es saber dónde hace más falta.

Y cuando hablamos de infraestructuras -por las que circulan diariamente, casi  dos millones de ciudadanos-, el mantenimiento no es un gasto secundario, sino una necesaria obligación. Porque las subvenciones pueden discutirse, revisarse y justificarse, pero la seguridad de los ciudadanos no puede quedar relegada a un segundo plano.

Después de Adamuz y Urda, España necesita menos propaganda presupuestaria y más responsabilidad en la gestión.

Y sobre todo, necesita que ninguna inversión, socialmente necesaria e imprescindible, llegue demasiado tarde o no llegue nunca.

Linkedin: Pedro Manuel Hernández López