El sentido común también debería ser un derecho

 

Vivimos tiempos extraños. Tiempos en los que parece que todo tiene que dividirnos, enfrentarnos o situarnos obligatoriamente a un lado o al otro. Tiempos en los que discrepar se confunde con atacar y en los que el sentido común, ese que debería acompañarnos en nuestras decisiones, parece haberse convertido en un bien cada vez más escaso.

 

La huelga general convocada el pasado miércoles, 11 de noviembre, me invita a reflexionar precisamente sobre ello. Y su escaso seguimiento debería invitar también a reflexionar a quienes la promovieron.

 

Vaya por delante algo fundamental: el derecho a la huelga es una conquista democrática que debemos respetar, proteger y valorar. Como también debemos respetar a quienes, libremente, deciden no secundarla. Porque la libertad consiste precisamente en poder elegir sin imposiciones ni señalamientos.

 

Ahora bien, respetar un derecho no significa compartir necesariamente todas las decisiones que se adoptan en su nombre. Y mucho menos renunciar a cuestionar la oportunidad, la utilidad o las verdaderas motivaciones de una convocatoria.

 

Personalmente, no comparto esta huelga. No porque considere que falten problemas por resolver, que los hay, y muchos, sino porque creo que necesitamos menos enfrentamiento y muchas más soluciones. Me resulta difícil comprender que una movilización social haya terminado envuelta en una controversia sobre si se dirigía contra el Gobierno, contra la oposición o contra determinados sectores económicos.

 

¿De verdad hemos llegado hasta aquí? ¿En qué momento hemos permitido que incluso las reivindicaciones sociales se conviertan en un nuevo escenario para el enfrentamiento político?

 

Y, sobre todo, ¿qué se ha conseguido?

 

Porque, más allá de las declaraciones, las consignas y el ruido previo, la jornada transcurrió con una repercusión aparentemente muy limitada. Quizá convendría preguntarse si la sociedad está cansada de que se utilicen problemas reales para alimentar enfrentamientos que no aportan soluciones.

 

Convocar una huelga es un derecho. Pero acertar con su convocatoria, sus objetivos y su oportunidad es una responsabilidad. Y cuando una movilización apenas consigue conectar con la ciudadanía, lo razonable no es buscar nuevos culpables, sino preguntarse qué se ha hecho mal.

 

La vivienda es un problema real. Los salarios insuficientes también. Pero las soluciones no pueden construirse exclusivamente desde la confrontación ni desde la búsqueda permanente de culpables.

 

Y aquí quiero expresar una convicción que considero esencial: sin empresas que prosperen, sin inversión, sin productividad y sin creación de empleo sostenible, difícilmente conseguiremos mejorar de forma duradera los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores.

 

Defender esta realidad no significa estar en contra de los trabajadores. Todo lo contrario. Significa comprender que empresarios y trabajadores no son enemigos naturales, sino partes imprescindibles de un mismo proyecto.

 

Detrás de muchos negocios hay personas que han arriesgado sus ahorros, que han renunciado a tiempo con sus familias, que han trabajado cuando los demás descansaban y que han asumido responsabilidades que no siempre se ven. Personas que también sufren la incertidumbre, las dificultades económicas y el peso de mantener una actividad de la que dependen otros hogares.

 

La patronal debe tener voz, como deben tenerla los trabajadores y sus representantes. El diálogo social no puede consistir en escuchar únicamente a quienes piensan como nosotros. Y tampoco podemos olvidar que la riqueza que después queremos distribuir primero debe generarse, con empresas competitivas, trabajadores cualificados y una economía capaz de ofrecer oportunidades reales.

 

Y tampoco parece razonable señalar a quienes, como Amancio Ortega o Juan Roig, han contribuido a generar miles de empleos y riqueza para nuestro país, como si castigar el éxito empresarial con impuestos desorbitados fuera la solución, cuando lo verdaderamente deseable sería que España tuviera muchos más empresarios capaces de alcanzar ese nivel de desarrollo y creación de oportunidades.

 

Algo parecido sucede con la vivienda. Y aquí creo que deberíamos abandonar definitivamente los discursos fáciles.

 

Si faltan viviendas, habrá que construir viviendas. Parece una obviedad, pero se ha convertido casi en una propuesta revolucionaria.

 

Podemos debatir sobre regulación, protección social y acceso a una vivienda digna, pero existe una realidad material que no podemos ignorar: si necesitamos más viviendas y no construimos suficientes donde existe demanda, difícilmente conseguiremos aliviar de manera sostenida la presión sobre los precios.

 

No podemos pretender resolver un problema de escasez limitándonos a repartir lo que ya existe. Necesitamos ampliar la oferta, facilitar suelo donde sea adecuado, agilizar licencias, reducir trabas administrativas y ofrecer seguridad jurídica a quienes están dispuestos a invertir y construir.

 

Porque mientras seguimos buscando responsables, hay jóvenes que no pueden independizarse, familias que destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler y trabajadores que no pueden trasladarse allí donde existen oportunidades laborales.

 

Y ninguno de esos problemas se soluciona señalando a quien tiene una segunda vivienda.

 

Es legítimo cuestionar las prácticas especulativas de determinados fondos de inversión, con las que personalmente no comulgo. Pero resulta profundamente injusto meter en el mismo saco a esos grandes operadores y a una familia que, después de toda una vida de esfuerzo, ha conseguido adquirir dos o tres inmuebles.

 

Tener varias propiedades no convierte automáticamente a nadie en especulador. En muchos casos representa décadas de trabajo, ahorro, sacrificios familiares y decisiones económicas legítimas. La propiedad privada, adquirida honestamente y ejercida dentro de la ley, merece respeto.

 

No necesitamos quitarle a unos para prometerles algo a otros. Necesitamos crear las condiciones para que cada vez más personas puedan acceder a aquello que hoy parece inalcanzable.

 

Podemos y debemos combatir los abusos sin criminalizar el esfuerzo. Podemos proteger a quienes necesitan una vivienda sin convertir en sospechosos a quienes han conseguido construir un patrimonio. Y podemos exigir soluciones a las administraciones sin olvidar que la inversión privada también resulta imprescindible para alcanzarlas.

 

La vivienda no debería ser un campo de batalla ideológico, sino una prioridad económica y social. Y eso exige menos titulares, menos culpabilización y muchas más decisiones concretas.

 

Porque el verdadero reto no debería ser enfrentar a propietarios con inquilinos, a empresarios con trabajadores o a unas generaciones con otras. Debería ser encontrar fórmulas para que haya más oportunidades para todos.

 

Y es precisamente ese enfrentamiento permanente lo que más me preocupa.

 

¿Qué mensaje estamos trasladando a nuestros jóvenes? Les pedimos respeto, tolerancia, diálogo y capacidad para resolver sus diferencias. Sin embargo, contemplan diariamente cómo el debate público se reduce demasiadas veces al insulto, la descalificación y el interminable "y tú más".

 

No podemos enseñarles convivencia mientras les ofrecemos enfrentamiento como ejemplo. No podemos pedirles que construyan un futuro mejor si nosotros seguimos empeñados en levantar muros entre quienes deberían trabajar juntos.

 

España tiene una historia de la que aprender y una democracia de la que sentirse profundamente orgullosa. Nuestra Transición fue posible porque personas con ideas muy diferentes comprendieron que había algo más importante que sus discrepancias: construir un futuro compartido.

 

Aquellos hombres y mujeres no tuvieron que renunciar a sus convicciones para entenderse. Tuvieron que hacer algo bastante más difícil: escuchar, ceder y reconocer que nadie podía construir una España mejor excluyendo a quienes pensaban diferente.

 

Ese es el ejemplo que deberíamos recuperar.

 

No se trata de olvidar la historia ni de negar sus heridas. Se trata de aprender de ella sin convertir el pasado en un arma arrojadiza permanente. Las etapas más oscuras de nuestra historia deben servirnos para recordar aquello que nunca queremos repetir, no para alimentar nuevas divisiones. Nuestra responsabilidad no es transmitir a las siguientes generaciones los enfrentamientos de otros tiempos, sino entregarles un país donde esas diferencias no condicionen su futuro.

 

Porque España no necesita volver a enfrentarse consigo misma. Necesita avanzar.

 

Y para hacerlo debemos recordar algo esencial: la libertad es uno de nuestros mayores logros colectivos, pero no debemos confundirla con el libertinaje. Ser libres no significa que todo valga, que podamos despreciar a quien piensa diferente o que nuestros derechos nos eximan de responsabilidades hacia los demás.

 

La libertad exige respeto. La democracia exige convivencia. Y el progreso necesita tanto justicia social como iniciativa empresarial, inversión, trabajo y oportunidades.

 

Quizá ha llegado el momento de dejar de preguntarnos quién tiene la culpa de todo y empezar a preguntarnos qué podemos hacer, juntos, para mejorar las cosas.

 

Porque un país no se hace más fuerte cuando una mitad consigue imponerse a la otra. Se hace más fuerte cuando ambas comprenden que, por encima de sus diferencias, comparten un mismo futuro.

 

Menos huelgas que dividen y más acuerdos que construyen. Menos culpables y más viviendas. Menos enfrentamiento y más empleo. Y, por encima de todo, mucho más sentido común.