La foto que hoy no se verá: sindicatos y Yolanda Díaz en la firma de la subida del SMI para 2025
El Gobierno ha aprobado este martes, en plena campaña electoral, el decreto ley que eleva el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.286 euros brutos en 14 pagas, hasta alcanzar los 18.004 anuales, un 5,3% más y que entrará en vigor el próximo 1 de enero.
El incremento, que ha pasado hoy por el Consejo de Ministros, supera en cuatro décimas la subida del 4,9% que proponía una comisión asesora compuesta por miembros del Gobierno, académicos y sindicatos. El 4,9% seguía la línea de la inflación, en tanto el ministerio de Trabajo y por tanto el Gobierno valoraron que una mayor subida compensa la pérdida acumulada de poder adquisitivo.
La medida aprobada no cuenta ni con el apoyo de la patronal ni de los sindicatos.
Para el primero de los agentes sociales (CEOE y Cepyme), la aprobación a falta de doce días para unos comicios generales solo responde a unos intereses electorales, al tiempo que venían reclamando que fuera el próximo gobierno quien adoptara la medida. Acusan también al Ejecutivo de Sánchez de imponer la subida sin diálogo y filtrando previamente la cifra a la prensa. Del mismo modo alertan del impacto económico y empresarial que la subida puede tener para los sectores que emplean más mano de obra.
Por último, vienen reclamando que de forma paralela a la subida del SMI se actualicen los contratos con la administración para asumir el coste salarial y defienden que cualquier subida debe pactarse protegiendo la productividad y la creación de empleo.
En cuanto a los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT exigían un aumento del Salario Mínimo un 7%, y que se prohíba la absorción y compensación de pluses, una medida que en ocasiones adoptan las empresas para esquivar la subida real.
También vienen reclamando que los perceptores del SMI no paguen IRPF.
Funcionarios y resto de empleados públicos
Un segundo decreto-ley aprobado hoy recoge un incremento salarial del 4,5% para más de tres millones de empleados públicos.
El rechazo de Croem
La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) rechaza la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional y critica una política económica más preocupada por el titular que por sus consecuencias reales sobre las empresas, el empleo y los trabajadores.
La patronal murciana cuestiona la justificación de este nuevo incremento y, después de las reiteradas subidas registradas en los últimos años que han colocado el salario mínimo interprofesional español en el umbral del 60 por 100 del salario medio recomendado por el Comité Europeo de Derechos Sociales, considera necesario justificar cualquier nueva subida con criterios objetivos y teniendo en cuenta la productividad y la realidad económica de los distintos sectores.
La Confederación denuncia, además, que la medida supone un nuevo desprecio al diálogo social y a la negociación colectiva, al ignorar el esfuerzo de miles de representantes de trabajadores y empresarios que negocian convenios y alterar el equilibrio de las tablas salariales acordadas entre las partes.
En este sentido, Croem deja claro que nunca respaldará medidas que vulneren el diálogo social, con independencia de su contenido, al considerar que el respeto a la negociación entre empresarios y trabajadores constituye un principio irrenunciable. La organización advierte de que las sucesivas subidas del SMI elevan los costes laborales y afectan especialmente a las pymes y a los sectores intensivos en mano de obra, con particular incidencia en la Región de Murcia.
Asimismo, desde la confederación murciana también se cuestiona el efecto real de la subida sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. Las cotizaciones sociales y la persistente inflación pueden absorber parte del incremento salarial, de manera que una mayor remuneración bruta no se traduzca en una mejora equivalente de la renta disponible. El resultado puede ser paradójico: una mayor recaudación, mientras el trabajador recibe una mejora neta más limitada y las empresas asumen mayores costes de contratación.
Desde Croem se considera inapropiado adoptar una decisión de esta trascendencia en pleno periodo electoral. En línea con CEOE y Cepyme, reclama que la actualización del SMI se retome con el Gobierno que resulte de las elecciones generales del 29 de noviembre, mediante una negociación real con los interlocutores sociales y atendiendo a criterios económicos objetivos.
Croem insiste en que la mejora de los salarios debe ser compatible con la productividad, la competitividad empresarial y el mantenimiento del empleo, y no responder a decisiones unilaterales que comprometan la viabilidad de las empresas.


