Planta de Repsol en Cartagena
El anuncio del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de que la intención de su departamento es mantener los impuestos a la banca y las energéticas "de forma permanente" puede cobrarse sus primeras víctimas en forma de inversiones.
Cuando en 2022 el Gobierno creó este impuesto, lo justificó como una compensación al perjuicio que estaba produciendo la guerra en Ucrania a la economía española. Los dos sectores afectados lo aceptaron con recelo no sin antes avisar de estos pagos afectarían de manera considerable a sus cuentas de resultados y a las inversiones previstas.
En el caso de la banca, a pesar del impuesto que tenía un carácter de extraordinario, los beneficios de ese ejercicio y el siguiente fueron récord. Adoptaron medidas como contener gastos al tiempo que se aprovecharon de las subidas del tipo de interés y aplicaron incrementos en las comisiones.
Entre las energéticas, Iberdrola denunció en los tribunales la creación del impuesto. No obstante, en el año 2022 formalizó un resultado de 4.339 millones de euros, casi un 12% más que el año anterior, y ello pese a ingresar 2.600 millones a las arcas de Hacienda vía impuestos.
En 2023, los beneficios continuaron creciendo hasta alcanzar los 4.803 millones de euros, y ese año pagó 3.482 millones en impuestos, incluyendo el ‘extraordinario’.
Repsol, por su parte, ganó 4.251 millones en 2022 y pagó 444 millones del impuesto ‘extra’. Al año siguiente, redujo sus beneficios a 3.168 millones y abonó 335 M€ del gravamen a las energéticas.
Tanto en el momento en que se aprobó el que denominaron ‘impuestazo a las energéticas’, como en las sucesivas presentaciones de resultados, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, advirtió de que ese gravamen iría en detrimento de las inversiones previstas.
Según los planes de la compañía, la ‘caja’ de Repsol podría destinar hasta 19.000 millones de euros hasta 2027 en reacondicionamiento de plantas y en la elaboración de productos de bajas emisiones, como los combustibles renovables, el hidrógeno 'verde' y el biometano. Para estos últimos, la inversión podía alcanzar los 3.000 millones.
Imaz ya lo alertó en 2022, lo reiteró el pasado febrero durante la presentación de una ‘Actualización Estratégica 2024-2027’ para Repsol, y lo ha vuelto a decir este lunes. Con otras palabras ha señalado: “Si se mantiene el impuesto, nos llevaremos las inversiones a otra parte”.
Y la energética ha comenzado a cumplir su amenaza. Ayer se conocía una primera inversión (pequeña) de 15 millones de euros en una planta de hidrógeno en la localidad de Sines, en la región portuguesa del Alentejo. Al tiempo, Imaz sugería que la compañía dejaba en standby sus planes en España, especialmente los tres electrolizadores previstos en Tarragona (150 MW), Cartagena (100 MW) y Bilbao (100 MW). Solo en el caso de Cartagena, la inversión rondaría los 250 millones de euros, para los que ya cuenta con una ayuda pública de 155 millones.
Mientras Imaz trata de presionar al PNV, partido que presidió entre 2004 y 2008, para que en la negociación de los Presupuestos del Estado el Gobierno dé marcha atrás y renuncie o modifique este ‘impuesto extraordinario’, en Cartagena se cruzan los dedos para que la que sería una de las plantas de hidrógeno más grandes de España salga del ‘barbecho’ en la que la ha metido la compañía.
