Vista aérea de la desaladora de Escombreras
La titular del juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, que la semana pasada declaraba la apertura de juicio oral a una quincena de investigados en las diligencias tras la denuncia de irregularidades en el proyecto de la planta desalinizadora de Escombreras (‘caso La Sal o caso Desaladora’) ha decidido sobreseer provisionalmente la imputación que pesaba sobre Miguel Caballero y José Carvajal. Ambos fueron administrador de Hydro Managament y consejero delegado de la misma empresa, respectivamente, mercantil que sí está entre las empresas contra las que se celebra el juicio.
En el banquillo sí se sentarán, además de los representantes Hydro Managament, las personas vinculadas a Actividades de Construcción y Servicios (ACS), Cobra Concesiones, Moncobra, Tedagua, Cobra Instalaciones y Servicios, Cobra Gestión de Infraestructuras y Moncobra como posibles responsables civiles subsidiarios. Y también a las empresas Ariño y Asociados, Despacho González Varas y Arnaldos Abogados como participes a título lucrativo.
Entre los cargos públicos son acusados:
.- El entonces consejero de Agricultura y agua, Antonio Cerdá.
.- Amalio Garrido, gerente del Ente Público del Agua (EPA), vocal y gerente de Hidronostrum.
.- María Antonieta Fernández Cano, secretaria general del EPA, secretaria no consejera de Hidronostrum y secretaria del consejo de administración y consejera delegada de Desaladora de Escombreras SA (DESA).
.- José Manuel Ferrer Cánovas, secretario autonómico de la consejería de Turismo, gerente del EPA y miembro del consejo de administración de Hidronostrum.
.- Andrés Arnaldos Cascales, abogado, secretario del EPA y a la vez su asesor jurídico, así como de Hidronostrum y de DESA y vocal de su consejo de administración.
.- Juan José Beltrán, secretario general de la consejería de Economía y Hacienda, vicepresidente del EPA y del consejo de administración de Hidronostrum.
.- Miguel Ángel Ródenas, director general del Agua, vocal del EPA de la consejería de Agricultura y miembro del consejo de administración de Hidronostrum.
.- Diego Manuel Pardo, secretario general de la consejería de Obras Públicas, vocal del EPA en representación de la consejería de Agricultura y miembro del consejo de administración de Hidronostrum.
.- Diego Cola Palau, director general de Administración Local y vocal del EPA.
El fiscal solicita para ellos entre ocho y catorce años de prisión.
Dentro del ámbito privado y mercantil, estos son los acusados:
.- Ramón Jiménez Serrano, consejero de Hydro Management y apoderado mancomunado; consejero de Tedagua, director general de proyectos integrados vinculado al Grupo ACS y representante y vocal de DESA en representación de Moncobra.
.- Eugenio Barcolomé Llorente, como presidente del consejo de administración de Hydro Management y consejero delegado de Cobra, socio constituyente y administrador único inicial de Desaladora de Escombreras (DESA).
.- Cristóbal González Wiedmaier, director financiero del Grupo ACS industrial y consejero de Hydro Management.
.- Alfonso Aguirre Díaz Guardamino, consejero de DESA, consejero y secretario de la empresa Técnicas de Desalinización de Aguas S.A; y administrador de Hydro Management.
.- José Alfonso Nebrera García, director general de ACS, socio constituyente de Hydro Management y posteriormente apoderado mancomunado.
En distinto grado de participación, el fiscal los acusa de presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos, en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras.
Al mismo tiempo, en el auto notificado la semana pasada, la juez les impone la obligación de depositar una fianza de 70 millones de euros, con los que hacer frente al supuesto daño económico ocasionado a la Comunidad Autónoma, que es una de las partes personadas en el proceso como perjudicada.
