¿Un MIR jurídico?

El acceso a los cuerpos jurídicos de funcionarios del Estado se realiza, como sabemos, mediante oposiciones. Así es para ser juez, fiscal, letrado del Estado, notario, letrado de la administración de justicia, registrador de la propiedad y mercantil, inspector de hacienda, letrado de las Cortes, inspector de trabajo, diplomático, etcétera.

Todas ellas tienen en común la necesidad de emplear un número considerable de años, tras superar el grado universitario correspondiente (fundamentalmente Derecho), preparando un 'programa' exigente, formado por más de cuatrocientos temas que comprenden las materias que ha de dominar, con extensión y profundidad, el opositor para tener éxito en los exámenes, tanto teóricos (escritos u orales) como prácticos (casos extraídos de la realidad), en los que consiste la oposición en cuestión.

El sistema de 'oposiciones' ha resultado un éxito, durante muchas décadas, para la selección de los mejores opositores, con criterios contrastados en la práctica de igualdad, mérito, esfuerzo y objetividad. Como se suele decir: “cuando dominar o saber el programa es tan duro y exigente, quien lo logra aprueba antes o después”.

El problema actual, es precisamente 'el después'; esto es, el tiempo que ha de invertir cualquier persona graduada en Derecho para alcanzar una plaza en las citadas oposiciones.

Es un hecho, que las oposiciones más difíciles y, al mismo tiempo, que permiten acceder al ejercicio oficial de profesiones jurídicas esenciales y prestigiosas exigen a los graduados un esfuerzo que, de media, va desde los cinco años y medio, hasta los siete años; con un número no despreciable de opositores (entre el diez y el quince por cierto de los aprobados) que emplean hasta nueve años de estudio.

Es evidente que, con estos datos, el sistema es inviable; y, por tanto, esté a debate desde hace tiempo en la sociedad o, al menos, entre opositores, preparadores, juristas y miembros de tales carreras la modificación o supresión de 'las oposiciones'.

Las propuestas son diversas y van desde aligerar los programas o números de temas, así como las materias que los integren (eliminando aquellas menos importantes o menos frecuentes en la práctica profesional), convocar con más frecuencia oposiciones (anualmente), primar los ejercicios prácticos, eliminar los exámenes orales, etcétera; a otras como implementar en paralelo al acceso por oposición, una vía de “concurso de méritos entre juristas de reconocido prestigio” que podría suponer hasta el 25% de las plazas.

Recientemente el Gobierno parece dispuesto a modificar sustancialmente el sistema de acceso de algunos de estos Cuerpos Jurídicos que, al parecer, son los que más le preocupan (recuérdese el proyecto de ley sobre acceso a la judicatura y fiscalía), suscitando lógicos recelos sobre la imparcialidad en la selección, el agravio comparativo tanto con quienes han estudiado durante años y ganado la oposición, como con los propios opositores actuales que han iniciado o están concluyendo su preparación. Y, con sinceridad, conozco pocos juristas que tras quince años de prestigioso ejercicio profesional quieran integrarse en la judicatura o fiscalía; por el contrario, sin verdadero “prestigio o éxito” tras intentarlo años, muchos.

En mi opinión, es evidente que propuestas como aligerar los programas o convocar oposiciones todos los años, son medidas que pueden ir en la buena dirección; pero me temo no serán suficientes. Es por ello que soy partidario de un cambio de sistema que permita a los jóvenes graduados en derecho encaminarse al ejercicio de las profesiones oficiales jurídicas con mayor agilidad, manteniendo el rigor en la selección de los mejores.

Y para ello, tenemos un ejemplo de éxito en el ámbito sanitario como es el examen general para Médicos Internos Residentes (MIR) que, entiendo con las debidas adaptaciones, puede extenderse al mundo jurídico, ya que tal sistema permite la incorporación de los mejores graduados con total objetividad y la posterior elección por orden de puntuación de las especialidades más importantes. Este método de selección aplicado a las profesiones oficiales jurídicas, permitiría cumplir los requisitos constitucionales (ex artículos 23.2 y 103.3 CE) para el acceso a la función pública de: 'igualdad, mérito y capacidad' y, garantizar la sólida formación teórica y práctica que constituye presupuesto indispensable para la excelencia de la práctica jurídica de los cuerpos más importantes del Estado.

Por ello propongo un MIR Jurídico; esto es, un examen general de acceso a los cuerpos jurídicos del Estado -como el examen para los médicos internos residentes- tipo test, general, único y simultáneo. De modo que tras la oportuna calificación los aprobados, por orden de puntuación, elegirían aquellos Cuerpos Jurídicos que desearan: Jueces, Fiscales, Notarios, Registradores, Letrados de la Administración de Justicia, Letrados de Estado, del Consejo de Estado, de las Cortes, Seguridad Social, Inspectores de Trabajo, etcétera.

De este modo, una vez cubiertas las plazas ofrecidas por cada carrera o cuerpo oficial, los ingresados se integrarían en las respectivas Escuelas de cada cuerpo, en donde tendrían un año de formación puramente teórica (en la cual se estudiarían las materias que actualmente comprenden los programas de las oposiciones) y los siguientes dos años, pasarían a ejercer en prácticas en cada profesión oficial en las oficinas correspondientes (juzgados, fiscalías, notarias, registros, etcétera); obviamente, cobrando un salario acorde a su situación y con una evaluación anual de los objetivos de formación alcanzados; y tras completar con éxito esta fase de formación continuada (teórica y práctica) obtendrían destino definitivo en el respectivo cuerpo, tras ser calificados como aptos.

Dichas Altas Escuelas estarían a cargo de las respectivas corporaciones, instituciones o colegios oficiales, cuyos planes de estudios serían aprobados por las respectivas instituciones y refrendados, como ahora se hacen con los programas de las oposiciones.

Lógicamente, este cambio drástico, estaría sujeto a un detallado régimen transitorio para convocar de inmediato al menos dos oposiciones anuales para dar oportunidad a las personas que actualmente se encuentran preparando ya las respectivas oposiciones.

No me ofrece duda que el nuevo sistema, con las matizaciones y concreciones oportunas, así como la experiencia de cuantos preparadores y opositores hay hoy en día, podría ofrecer a las personas jóvenes egresadas de las Facultades de Derecho un sistema objetivo y justo para encaminar su desarrollo profesional en el noble ejercicio de la función pública, en condiciones de igualdad, evaluando mérito y capacidad.