Simplificación administrativa, ¿en serio?

Leyes de Simplificación Administrativas ha habido varias, en 2014, 2017, 2021 y este mes de junio, una nueva. Está claro que las administraciones públicas reconocen desde hace tiempo que su telaraña de reglas y antireglas, de haga Ud. esto, pero también lo contrario, de crear discrepancias y contradicciones entre diferentes niveles de administración, son un lastre para la vida cotidiana, la seguridad jurídica, y la economía regional.

El Decreto-Ley 1/2025, para mí que promete. Todo va a ser más ágil, más digital y más transparente. ¡Bravo! Va a evitar duplicidades y solapamientos competenciales. ¡Excelente! A partir de ahora el silencio administrativo será positivo, es decir que ante la falta de respuesta de la administración en un plazo determinado se considerará una aprobación, no un denegado sin explicación. ¡Fantástico! Es algo que llevamos reclamando los arquitectos apaleados durante mucho tiempo.

Notablemente, el Decreto-Ley plantea una Licencia Básica, que es una autorización preliminar que busca dar seguridad jurídica inicial al promotor sobre la viabilidad urbanística de su proyecto. No es una licencia de ejecución de obras completa, sino un paso intermedio que permite adelantar ciertas actuaciones. Como por ejemplo los movimientos de tierra, preparación del terreno, vallado de la parcela, etc. ¡Qué bien!

Todo esto dentro del contexto de que, en el municipio de Murcia, el tiempo medio para la concesión de la licencia es de ¡17 meses!

Supuestamente, la Licencia Básica otorga al promotor la certeza de que su proyecto es compatible con el planeamiento urbanístico vigente en esa ubicación, reduciendo el riesgo de que la licencia final sea denegada por motivos urbanísticos. ¡Excelente! A partir de ahora los ayuntamientos se ceñirán a controlar los aspectos de una licencia que son de su competencia, que son los aspectos urbanísticos, como por ejemplo la edificabilidad, las alturas, los retranqueos, y poco más. Los arquitectos podremos tirar para adelante, tranquilizar a nuestro cliente, y empezar a construir.

Esta nueva licencia requerirá la presentación de un proyecto básico que demuestre la compatibilidad del uso propuesto y el cumplimiento de las condiciones urbanísticas esenciales mencionadas arriba, sin entrar en el detalle de la ejecución. El ayuntamiento va a hacer lo que debe hacer el Ayuntamiento, que es limitarse a los parámetros urbanísticos del proyecto. Ya no hará falta crear complejos documentos sobre por ejemplo gestión de residuos, que son por lo general, de dudosa utilidad.

Supuestamente, los promotores podrán obtener financiación bancaria sin tener una licencia urbanística completa. Con la Licencia Básica, los bancos tendrán una garantía de que el proyecto cumple con los requisitos urbanísticos esenciales, lo que debería facilitar la concesión de créditos y, por tanto, el despegue de la inversión.

Pero seguimos leyendo. Y nos encontramos con que no es todo lo que parece. En realidad, la Licencia Básica no exime de la obtención de la licencia de obra completa para la ejecución de la edificación. Es decir, podemos desbrozar y mover un poco de terreno para acomodar las futuras cimentaciones, pero para empezar a construir de verdad, tendremos que seguir esperando esos 17 meses para obtener la licencia de obra completa. ¿A qué se enfrenta el promotor? A gastar el 20% del presupuesto en mover roca de una ladera para luego encontrarse con tener que reponer y excavar en otro lado. En realidad, la Licencia Básica sólo permite al promotor tomar unos riesgos que antes no podía, pero a largo plazo, no ofrece ningún beneficio. Coloquialmente, estamos en las mismas.

Como parte de la nueva ley, en la Región de Murcia, siguiendo el modelo de la Comunidad Valenciana, se va a permitir el establecimiento de la Entidades Colaboradoras de Certificación Urbanística (ECU). Son empresas privadas que ayudan al promotor en la tramitación y certificación de expedientes urbanísticos, lo que busca acelerar la obtención de licencias. Desafortunadamente, este sistema promete crear dos velocidades en la atención de la Concejalía de Urbanismo ante el promotor, en lo que debería ser un servicio público. El que paga la ECU, obtiene trato favorable, el que no, se queda el último en la pila de carpetas en la mesa del Concejal. Desigualdad administrativa.

En mi opinión hace falta crear una Licencia Básica que se limite a dar visto bueno a los parámetros urbanísticos de un proyecto y le ponga el sello irrevocable, o si no lo pone dentro del plazo de 3 meses, se considere sellado por silencio administrativo. Para el resto de los detalles del proyecto responderá el título del arquitecto, que para eso estamos. Sin esta claridad, sirve de poco esta simplificación administrativa. Es probable que tenga el efecto contrario al que busca. En serio.

Linkedin: Ernest Berkhout