Un modelo de planta de biometano
La dirección general de Medio Ambiente ha aprobado la Declaración de Impacto Ambiental, previa a la Declaración Ambiental Integrada, para una planta de generación de gas biometano en el polígono El Salar, en Totana. Eso sí, este órgano administrativo de la Comunidad Autónoma impone una serie de mejoras.
Como informó este periódico, el proyecto lo firma la empresa Totana Bioenergy (antes Zafa Bioenergy), del empresario Alberto Pérez Rodríguez, titular como administrador único de distintas compañías en España y al menos tres de estas características en la Región: Totana Bioenergy, Lorca Bioenergy y Fuente Álamo Bioenergy.
El proyecto de Totana se ubicará en dos parcelas en el polígono El Salar sobre una superficie de 68.000 metros cuadrados y prevé tratar 558.000 toneladas de residuos al año para generar unos 50 millones de metros cúbicos metano, el equivalente a una potencia de 140 GWh (70 Gwh de biometano) al año para uso industrial.
También se contempla la producción de biofertilizantes para uso agrícola, y BioCO2, una fuente microbiana de carbono.
Del más de medio millón de toneladas de residuos que trataría al año, más de un 85% serían purines de cerdo, y el resto se complementaría con gallinaza, estiércol de granjas, la paja para el cultivo del champiñón, restos hortofrutícolas, suero lácteo y restos de la elaboración de vinos y aceite (alperujo).
Entre las condiciones que impone Medio Ambiente se incluyen algunas mejoras en el control de emisiones a la atmósfera que puedan generar molestas a la población (malos olores). También se requieren indicaciones “claras” sobre el tipo de producto fertilizante intermedio o final que se obtenga en la planta.
En materia de protección de suelos, la Dirección General solicita a la empresa que dimensione adecuadamente los cubetos de retención de los diferentes productos y depósitos de combustible para evitar filtraciones.
También se anticipa al futuro cierre definitivo de la instalación y para ello reclama que la mercantil presente un proyecto de desmantelamiento para que el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar la actividad y no se produzca ningún daño sobre el suelo o su entorno.
Del mismo modo se le pide al solicitante un cálculo de la huella de carbono y medidas que compensen el 100% de las posibles pérdidas en la atmósfera. Y sobre el uso de agua se demanda una redimensión de los sistemas de recogida de agua de lluvia y de lixiviados (si existen zonas en las que pueden entrar en contacto con el agua de lluvia), para aportar una mayor resiliencia al proyecto y una mayor adaptación al cambio climático.
