Alan F. Westin y la utopía vigilada: de 1971 a la dictadura tecnológica

He leído últimamente libros que describen o diagnostican la situación de la digitalización en occidente:

Contra el rebaño digital (You Are Not a Gadget) de Jaron Lanier, 2010. «La consecuencia es el comportamiento de manada: la anonimidad favorece la agresión y la imitación, y el individuo se convierte en un conjunto de fragmentos procesados por algoritmos».

¿Quién controla el futuro? (Who Owns the Future?), 2013. Analiza cómo las redes digitales concentran riqueza y poder. Acuñó la expresión servidores sirena para describir a los gigantes que capturan datos, reducen empleos y erosionan la clase media; advierte que estas plataformas fomentan el desempleo, agravan las recesiones y socavan la privacidad.

Diez razones para borrar tus redes sociales ahora mismo (Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now), 2018. Las redes sociales son máquinas de modificación de conducta: roban la voluntad propia, fomentan la locura colectiva y nos vuelven miserables.

 Hoy me voy a finales de los 60 y principios de los 70 del siglo pasado.

El Nostradamus del bit

En 1971, el jurista estadounidense Alan F. Westin editó Information Technology in a Democracy, una antología que recogía la euforia y el miedo ante los nuevos ordenadores. Westin no fue un mero recopilador; en su prólogo mostraba un talento casi profético.

Desde entonces han pasado más de cinco décadas y varios ciclos de innovación, pero muchas de sus advertencias parecen escritas para 2026. Este artículo examina cómo el autor anticipó nuestros dilemas actuales —privacidad, manipulación de datos, censura— y los compara con las políticas reguladoras occidentales, especialmente con la Unión Europea (UE), que presume de proteger la democracia mientras diseña una arquitectura que huele a dictadura tecnológica.

Las profecías de Westin sobre un poder basado en la información

En plena era de las tarjetas perforadas, Westin ya escuchaba un zumbido inquietante: “se alzaron alarmas sobre el futuro de la privacidad en una época de grandes bancos de datos, sobre la deshumanización creada cuando las transacciones computarizadas sustituyen a las relaciones cara a cara y sobre el posible ascenso de élites tecnológicas sin fidelidad suficiente a los procesos democráticos”.

No era un ludita: Westin valoraba el potencial liberador de la tecnología, pero observó que el control de la información era un arma de doble filo.

Para ilustrar los peligros, recurrió a un relato de ciencia ficción ambientado en 2020. Tras un “apagón informativo”, un consorcio de tecnócratas convence a la élite estadounidense de que la única manera de preservar la democracia es crear una Comisión Nacional de Diseño de Sistemas que concentre todos los datos. El resultado es un “diseño de información de dos vías”: en la pista reallife se toman y analizan decisiones con información real; en la pista simtrack se envía al público una mezcla de datos reales y fabricados para asegurar su ratificación.

Westin señalaba que el poder “de definir y modelar la realidad social para toda la población está en manos de quienes reconfiguran los sistemas de datos”. Incluso advertía que a los críticos les recordaba a 1984, pero los tecnócratas respondían que su objetivo era “preservar la sociedad democrática”. Sarcásticamente, podríamos decir que inventó el “metaverso gubernamental” 50 años antes de Zuckerberg.

En su anterior obra Privacy and Freedom (1967) ya especulaba que las computadoras y las comunicaciones estaban alterando la relación entre la producción de información y la toma de decisiones, y que se preocupaba por los efectos de la vigilancia en los derechos civiles y el debido proceso. En 1971 abogaba por derechos básicos para los ciudadanos: deberían poder obtener una copia impresa de cualquier fichero con datos personales y saber qué organizaciones o individuos lo han consultado; además, la entidad que mantenga esos ficheros debería asumir responsabilidad legal por la exactitud de la información. En otras palabras, Westin postuló el derecho a la portabilidad y la transparencia de datos décadas antes de que existiera el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Occidente se regula hasta la asfixia: La UE y su obsesión por el “riesgo sistémico”

En 2022 la UE aprobó la Digital Services Act (DSA), un extenso reglamento destinado a “crear un espacio digital seguro”. Las obligaciones no se limitan a retirar contenidos ilegales, sino que obligan a las grandes plataformas a identificar, evaluar y mitigar riesgos sistémicos que puedan afectar al debate cívico, los procesos electorales, la seguridad pública o la salud.

Tal como analiza el centro de estudios CSIS, esto supone ir más allá de los contenidos ilícitos para abarcar material “dañino”, como la “desinformación”. Esta supervisión sistémica corre el riesgo de dar poder omnímodo a las autoridades para presionar a las plataformas a limitar contenidos que no son ilegales pero sí políticamente incómodos, difuminando la frontera entre supervisión legítima y censura. Esto ya lo estamos soportando en la UE, principalmente desde febrero de 2022.

Los críticos estadounidenses han alzado la voz: el comisionado de la FCC Brendan Carr calificó el DSA de “incompatible con la tradición de libertad de expresión estadounidense”; el vicepresidente J.D. Vance lo tildó de “censura autoritaria”, y Mark Zuckerberg acusó a la UE de institucionalizar la censura. Ninguno de estos mensajes es agnóstico, ni neutral. Todos tienen sus propios intereses, pero el resultado final es el mismo: hemos priorizado la Censura frente a cualquier mensaje disidente. Discrepar se convierte en «fascismo», «desinformador» o «negacionista».

CSIS advierte que, ante la posibilidad de multas de hasta el 6 % de la facturación mundial, las plataformas pueden optar por eliminar contenidos más ampliamente de lo necesario para minimizar riesgos, creando un efecto de “censura colateral”.

Otra preocupación son los “trusted flaggers”: organizaciones designadas por los Estados miembros que tienen un canal prioritario para denunciar contenido. Un análisis del Internet Policy Review señala que, aunque algunos celebran que especialistas ayuden a identificar ilegalidades, estos actores se han convertido en censores de parte, ya que vienen financiados por la OTAN o la Open Society Foundation que igualmente imponen determinado tipo de narrativas. No importa la verdad, importa el relato.

La integración de códigos de conducta: un salto cualitativo

El 20 de enero de 2025 la Comisión Europea anunció que el Código de Conducta sobre Discurso de Odio de 2016 se integraba en la DSA, convirtiendo compromisos voluntarios en obligaciones vinculantes. Tres semanas después hizo lo mismo con el Código de Prácticas contra la Desinformación, creado en 2018 y reforzado en 2022. Estos códigos imponen a las plataformas nuevas responsabilidades: demonetizar contenidos «falsos» o «engañosos», reforzar acuerdos con verificadores independientes, ajustar algoritmos para evitar amplificar desinformación y cooperar con la sociedad civil y las instituciones académicas. Además, se exigen auditorías independientes anuales para evaluar el cumplimiento. Todo es falso. Se trata de acallar al disidente.

Para la Global Disinformation Index, calificar estas políticas de censura es una “fundamental mala comprensión” de cómo funciona la tecnología. Aunque, el mismo artículo de TechPolicy.Press reconoce que a partir del 1 de julio de 2025 el código es obligatorio para las plataformas muy grandes y que el incumplimiento puede desencadenar investigaciones y sanciones. La censura se convierte en política de base de toda la UE en línea.

Resultados prácticos: persecuciones y autocensura

Mientras Bruselas redacta códigos, en Alemania el entusiasmo por combatir el discurso de odio se traduce en acciones policiales. Freedom House, en su informe Freedom on the Net 2025, señala que Alemania sufrió uno de los mayores retrocesos entre los países considerados “libres”; las autoridades emprendieron procesos penales contra personas que criticaban a políticos, y la «amenaza de la extrema derecha» fomentó la autocensura.

Según datos del Bundeskriminalamt, 10732 delitos de odio en línea fueron registrados en 2024, un aumento del 34 % respecto a 2023 y casi cuadruplicando la cifra de 2021. El Cato Institute añade que el número de procesamientos por discursos ofensivos pasó de 2411 en 2021 a 10732 en 2024 y que las redadas policiales al amanecer para perseguir publicaciones son habituales; una encuesta reveló que el 44 % de los alemanes sentía que no podía expresar libremente sus opiniones. El contraste con el orgullo europeo por la libertad de expresión resulta irónico: en nombre de combatir el odio, se multiplican las restricciones y el miedo.

Más allá de Europa: el espectro de la dictadura digital

Para evitar caer en un eurocentrismo, conviene recordar que el sueño tecnócrata de Westin se ha materializado con mayor crudeza en otros lugares.

China llevó la manipulación de datos a un extremo orwelliano mediante su sistema de crédito social: un entramado de más de 200 millones de cámaras y sensores evalúa el comportamiento de los ciudadanos; los “buena gente” reciben privilegios como viajes o acceso a educación, mientras que los “desacreditados” no pueden tomar trenes o aviones. El lema oficial anuncia que permitirá “a los dignos vagar libremente bajo el cielo, mientras hará difícil que los desacreditados den un solo paso”. Es un sistema que usa la gamificación y la vigilancia omnipresente para modelar la conducta pública, convirtiendo a los ciudadanos en avatares puntuados.

El modelo chino está siendo exportado. Una investigación de TechPolicy.Press explica que empresas chinas ofrecen “versiones comercializadas del Gran Cortafuegos” y que sus paquetes de “ciudad segura” se venden en Sudamérica y Asia. La popularidad de modelos de inteligencia artificial con censura incorporada amenaza con normalizar el control algorítmico. Los periodistas Josh Chin y Liza Lin describen cómo los autócratas sueñan con una “gestión social automatizada” que elimine el disenso.

Rusia tampoco se queda atrás. En julio de 2025 la Duma aprobó una ley que prohibía no sólo distribuir sino buscar o consultar “materiales extremistas”, combinando el aislamiento tecnológico al estilo chino con tácticas intimidatorias bielorrusas. El objetivo declarado es lograr un control máximo del flujo informativo y forzar la autocensura. El mismo análisis destaca que Moscú invoca la “soberanía digital” para justificar el bloqueo de plataformas extranjeras, el fomento de alternativas domésticas y la imposición de mecanismos de desanonimización, en una ruta que recuerda al Gran Cortafuegos.

¿Reguladores visionarios o aprendices de brujo?

Cuando leemos hoy a Westin, una sensación amarga nos invade: sus advertencias no eran exageradas. El autor temía que la concentración de datos permitiría definir la realidad pública y marginar la participación democrática. ¿Acaso no se parece esto a la “mitigación de riesgos sistémicos” de la DSA, donde algoritmos opacos deciden qué ideas son aceptables?

Westin reclamaba derechos básicos de acceso y corrección de los datos; la UE, con el RGPD, ha avanzado en esa línea. Sin embargo, la misma UE que se presenta como paladín de la privacidad promueve un régimen de vigilancia algorítmica en nombre de la lucha contra el “odio” y la “desinformación”. Como señalaba CSIS, esta presión puede provocar que las plataformas eliminen contenidos más allá de lo requerido y que un único Estado miembro imponga sus criterios al resto del mundo.

Si Westin imaginaba un “simtrack” para validar decisiones reales, hoy podríamos hablar de un feed donde las decisiones algorítmicas moldean la conversación pública mientras los ciudadanos creen participar libremente.

Las intenciones europeas pueden ser legítimas: proteger a las minorías, impedir campañas coordinadas, garantizar elecciones limpias. Pero el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y de códigos de conducta. La paradoja es que Occidente critica las prácticas de vigilancia y censura chinas o rusas, pero adopta herramientas que, con otro nombre y un barniz de defensa de la democracia o protección a menores, producen efectos similares.

La diferencia radica en que en Pekín nadie finge que hay un mercado de ideas; en Bruselas se escribe la palabra “transparencia” mientras se multiplican las obligaciones para filtrar el discurso.

Reflexión final: paren el mundo que me bajo

Alan Westin no fue un profeta infalible: su relato de 2020 habla de guerrillas en Chicago y boicots escolares, no de redes sociales ni de inteligencias artificiales.

Sin embargo, acertó en lo esencial: la tecnología confiere a quienes controlan la información la capacidad de diseñar la realidad, y sin salvaguardias democráticas esa capacidad se convierte en tiranía: es el Tecnofeudalismo de Yanis Varoufakis.

Nuestro mundo de 2026 muestra cómo las aspiraciones de proteger a los ciudadanos pueden transformarse en máquinas de censura automatizadas. Para evitar que las plataformas y los gobiernos se conviertan en Comisiones Nacionales de Diseño de Sistemas, debemos reivindicar las garantías que Westin proponía: transparencia, derecho de acceso a nuestros datos y responsabilidad por su uso.

Sobre todo, debemos defender un espacio público donde cualquier opinión —incluso las que molestan— no sea sacrificada en el altar de la seguridad. Si no aprendemos de los orígenes, corremos el riesgo de que la dictadura tecnológica ya no sea una distopía literaria, sino nuestro día a día.

Linkedin: Aquilino García