Regularizar para incluir

El Gobierno de España ha iniciado el trámite de urgencia para aprobar un Real Decreto que permitirá la regularización extraordinaria de unas 500.000 personas migrantes en España. En la Región de Murcia se estima que podrán acogerse a esta medida unas 20.000 personas que ya viven y trabajan, muchas veces, de forma irregular, en economía sumergida en el país. La decisión, adoptada en el Consejo de Ministros, da continuidad a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por movimientos sociales y entidades del Tercer Sector, que logró reunir más de 700.000 firmas y que fue tomada en consideración en el Congreso con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo Vox.

El alcance definitivo de la medida se conocerá cuando se apruebe el texto del Real Decreto, pero el Ejecutivo ya ha avanzado algunos elementos clave. Las solicitudes podrán presentarse entre abril y el 30 de junio, con el compromiso de resolver los expedientes en un máximo de tres meses. Para acceder, será necesario acreditar una permanencia continuada en España de, al menos, cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales. En el caso de solicitantes de protección internacional, deberán haber registrado su petición antes de esa misma fecha.

La autorización concedida tendrá una vigencia inicial de un año y habilitará automáticamente para trabajar en cualquier sector. Posteriormente, las personas regularizadas podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de la Ley de Extranjería, en un proceso que el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones define como de “integración progresiva”.

Frente al marco de confrontación política que algunos actores están intentando imponer, numerosas organizaciones sociales insisten en que esta no es una “política de apertura”, sino una medida de justicia social dirigida a personas que ya forman parte de la sociedad española. No se trata de incentivar nuevas llegadas, sino de ofrecer seguridad jurídica y derechos a quienes ya residen en barrios y municipios de todo el país.

Diversos estudios respaldan la valoración positiva de la regularización. Instituciones como el Real Instituto Elcano y el CIDOB han documentado los impactos positivos de las regularizaciones en términos de empleo, cotizaciones a la Seguridad Social y cohesión social. La evidencia disponible muestra que aflorar economía sumergida y permitir la inserción laboral formal fortalece tanto los ingresos públicos como la estabilidad de los mercados de trabajo, beneficiando al conjunto de la ciudadanía.

En esa línea se ha pronunciado también el Consejo Económico y Social (CES), que ha valorado de forma globalmente positiva los seis procesos de regularización desarrollados en España en las últimas décadas, bajo gobiernos de distinto signo político, al considerar que permitieron reducir la economía sumergida, mejorar las condiciones laborales y aumentar la recaudación por cotizaciones. El CES ha subrayado en anteriores informes que estos procesos contribuyeron a ordenar flujos ya existentes y a reforzar la cohesión social, evitando bolsas de exclusión estructural.

El respaldo institucional va más allá. Los principales sindicatos y organizaciones empresariales, los denominados agentes sociales, se han mostrado favorables a la medida, al igual que plataformas del Tercer Sector de Acción Social y distintas autoridades religiosas. Este apoyo transversal sugiere que, más allá del ruido partidista, existe un consenso amplio en torno a la conveniencia de regularizar situaciones de hecho consolidadas.

Una reflexión imprescindible en este debate es la relativa a las causas de la inmigración por vías irregulares. Con frecuencia, el foco mediático se sitúa casi exclusivamente en las llegadas por mar o en los saltos a las vallas fronterizas. Sin embargo, la mayor parte de las situaciones de irregularidad en España no se originan en la entrada clandestina por costas o pasos terrestres, la vía más habitual es la entrada regular por aeropuertos o puertos, con visados de corta duración, habitualmente de 90 días como turistas, y la posterior permanencia más allá del plazo autorizado. A ello se suma la llamada 'irregularidad sobrevenida': personas que tuvieron autorización de residencia o trabajo y que, por pérdida de empleo, trabas administrativas o imposibilidad de cumplir requisitos económicos, no logran renovarla y caen en una situación administrativa irregular.

La irregularidad no es, en la mayoría de los casos, el resultado de un cruce clandestino de frontera, sino de trayectorias migratorias complejas en las que influyen factores económicos, laborales y administrativos.

Por ello, una regularización extraordinaria no debe leerse como un incentivo a la entrada irregular, sino como una respuesta a situaciones ya consolidadas en el tiempo. Se trata de personas que han construido vínculos sociales, laborales y familiares en España y cuya situación administrativa no refleja esa integración de facto.

España ha llevado a cabo procesos de regularización con gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, lo que desmiente la idea de que se trate de una decisión excepcional o rupturista. En todos esos casos, el objetivo fue resolver situaciones administrativas enquistadas y adaptar la normativa a realidades sociales y económicas cambiantes.

Resulta difícil sostener que mantener en la irregularidad a cientos de miles de personas que ya trabajan en economía sumergida, muchas de ellas además en sectores esenciales como la agricultura, la hostelería o los cuidados, sea beneficioso para la economía o para la convivencia. La regularización implica igualdad de derechos y obligaciones: cotizar, tributar y poder defenderse frente a abusos laborales por cauces legales.

Las tensiones sociales, cuando existen, no suelen derivar de la ampliación de derechos, sino de la desigualdad y la exclusión. La experiencia comparada indica que la marginalidad administrativa favorece la explotación y la economía sumergida, mientras que la inclusión jurídica refuerza la cohesión. En este sentido, la regularización puede entenderse como una herramienta que reduce vulnerabilidades y fortalece la convivencia intercultural.

En definitiva, la regularización extraordinaria propuesta no es una política de “apertura” indiscriminada, sino una decisión orientada a reconocer y ordenar una realidad ya existente. A la luz de la experiencia previa y del aval institucional -incluida la valoración positiva del CES sobre los seis procesos anteriores- la medida se presenta como un instrumento de cohesión social, estabilidad económica y fortalecimiento democrático.

Linkedin: Juan Antonio Segura