La caída de las reclamaciones judiciales por deudas no refleja la realidad empresarial. Tal y como adelantó ayer El Nuevo Digital, aunque los procedimientos monitorios bajaron un 59% en España y un 51,8% en Murcia, el problema persiste. Según el último estudio de la aseguradora Crédito y Caución, actualmente seis de cada diez empresas sufren el impacto negativo de la morosidad. Las compañías evitan los tribunales por miedo a perder clientes.
Este escenario castiga severamente las cuentas corporativas. El 48% de las mercantiles reconoce pérdidas directas de ingresos por estos impagos. Además, los retrasos encarecen los costes financieros para un 23%. Esta falta de liquidez frena la expansión comercial del 21% del tejido productivo y amenaza la supervivencia del 8,1% de los negocios.
El tamaño de la empresa determina quién asume el riesgo. Para retener a su cartera, siete de cada diez sociedades aceptan plazos de pago abusivos. Los autónomos son los más vulnerables, ya que solo el 14% logra imponer sus condiciones de cobro. Este poder de negociación sube al 36% en las pymes y alcanza el 46% en las grandes corporaciones.
Pese a la gravedad de la situación, existe un claro déficit en prevención. Las empresas carecen de políticas sólidas para blindarse frente a los impagos. Solo el 23% ha creado comités de riesgos comerciales para revisar y limitar su exposición. Asimismo, apenas el 19% dispone de departamentos especializados en la gestión del crédito.
Junto a la morosidad, los directivos afrontan otros grandes retos a corto plazo. La incertidumbre geopolítica, un 47%, y el entorno económico con un 39% lideran sus preocupaciones, seguidos de la burocracia con un 38%. En el terreno tecnológico, el avance es lento: solo un 2% utiliza Inteligencia Artificial para predecir el riesgo financiero, aunque un 31% planea integrarla pronto.
