Miércoles, 10 de Septiembre de 2025
Diario de Economía de la Región de Murcia
OPINIÓNDura Lex Sed Lex… pero
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Gabriel Vivancos

Dura Lex Sed Lex… pero


 

El brocardo latino ‘Dura Lex Sed Lex’ que significa ‘dura ley pero ley’ me vino a la mente cuando hace una semana recibí en casa una multa por mal aparcamiento del coche que conduce mi hijo.

 

Cuando analicé jurídicamente la denuncia comprobé la legalidad formal de la misma. En cuanto a la forma no había resquicio para interponer reclamación. Sin embargo, sí que me llamó poderosamente la atención un aspecto de la misma que no tiene mucho recorrido en el campo del derecho pero que desde luego, según mi opinión, sí que lo tiene en el mundo de las ideas.

 

Se trata del kecho denunciado: estacionar el vehículo en la calle Alejandro Seiquer (conocida como calle Correos) el 15 agosto a las 18.49 horas.

 

Como muchos sabrán, en la calle Correos se puede estacionar para carga y descarga los días hábiles de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 19.00 horas. Es cierto, que aunque el vehículo sí que estaba en situación de ‘descarga’ (mi hijo venía de las vacaciones y pasó por casa para no tener que ir cargado con las maletas desde la plaza de garaje situada a unos minutos andando), no era un día hábil.

 

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Por este motivo, (y porque en casa de herrero cuchillo de palo) decidí no recurrir y acogerme a la ‘generosa’ bonificación del 50% por pronto pago que brinda cualquier sanción, pero me quedé con las ganas de encontrar al diligente agente y charlar con él.

 

Sin duda, el policía aplicó el principio general del derecho que da título a este artículo, pero hubiera sido bueno recordarle el también principio romano de la ‘publicae utilitatis’ (es decir de la ‘utilidad pública’) y es que hay que ser muy rígido o tener otro propósito (quizá el recaudatorio) para entender que el 15 de agosto por la tarde en Murcia, un coche estacionado unos minutos en una calle con dos carriles en el mismo sentido, puede molestar a alguien más que al presto agente de la autoridad o a cualquier gato vagabundo que tenga a bien desafiar el calor y cruzar la calle.

 

Acciones como esta hacen surgir la duda del verdadero propósito de estas multas y yendo más allá, de la misma aplicación del derecho. Si de verdad las leyes que aprueban nuestros dirigentes buscan (cómo debería ser su objetivo) la protección del interés general, su aplicación debiera ser moderada por el sentido común del que tiene la potestad para imponerlas.

 

Así no es de extrañar que surjan críticas a este principio jurídico desde todos los frentes de la sociedad, desde penalistas reputados, hasta legos en derecho con sentido de la justicia y del sentido común. El profesor Julio Raffo señaló:

 

 "Cuando un juez dice 'dura lex, sed lex' es que está haciendo una canallada".

 

Y es que el derecho debe ir más allá de la mera aplicación autómata de la ley, porque no se debe olvidar que el mismo, no es más que un mero instrumento y trae causa de su utilidad pública para el bien común.

 

Y claro es ahora cuando en el contexto político actual algunos nos preguntamos por qué no se aplica el ‘dura lex sed lex’ con nuestros políticos. Si la ley es dura para todos, los primeros que deberían aplicársela son aquellos que las hacen, porque de lo contrario, surge la desconfianza de la ciudadanía y cobran sentido las palabras del presidente Benito Juárez de "Para los amigos, justicia y gracia. Para los enemigos, ley a secas".

 

No se puede invocar, con una mano rigor para el ciudadano en una sociedad excesivamente regulada, en la que cualquiera puede estar cometiendo sin saberlo una infracción de las contempladas en las miles de leyes que como un corsé ciñen hasta nuestra forma de pensar, para con la otra mano, cambiar al antojo de los intereses políticos del momento las leyes y la aplicación de las mismas.   

 

Tengo que reconocer que me he quedado con las ganas de recurrir la sanción para saber qué diría un juez; si aplicaría el principio de la utilidad pública (artículo 33.3 Constitución Española) o por el contrario, como me temo, no se complicaría y aplicaría sin más, el literal de la ley. En este caso, yo, como profesional del derecho, no criticaría la sentencia porque sería acorde a ley, pero como ciudadano sí que miraría hacia los tribunales más altos que juzgan a nuestros políticos y se me quedaría cara de tonto al comprobar que la ley no es igual para todos y que la utilidad pública se cincela a golpe de decretos.

 

Difícilmente podía imaginar el aplicado agente que denunció el coche mal aparcado, que su acción iba a desencadenar un terremoto de pensamientos en mi cabeza, desde luego me ha provocado, a buen seguro, más reflexiones que las que le llevó a él a sancionar, lo que no me queda tan claro como probablemente a él, es que hiciera bien su trabajo.   

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