
La planta desaladora de Escombreras estaría produciendo 1.600 millones de litros de agua al mes, de la que se benefician cerca de 9.700 agricultores del Campo de Cartagena. Según ha manifestado hoy la consejera de Agricultura en la Asamblea Regional, Sara Rubira, esta desaladora, por cuyo arrendamiento se sentarán en el banquillo el expresidente Valcárcel y el exconsejero Antonio Cerdá, opera actualmente opera al 85% de su capacidad total y “esperamos que alcance producciones cercanas al cien por cien al cierre del ejercicio”.
Rubira defendió que esta infraestructura fue “construida para dar respuesta a todos aquellos regantes perjudicados por la derogación del Plan Hidrológico Nacional por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, los mismos que ahora sufren los continuos recortes del Trasvase Tajo-Segura, que amenaza el desarrollo económico y social del Levante”, añadió.
La consejera detalló que “el 95% del agua producida se destina a uso agrícola”. En concreto, los volúmenes autorizados provisionalmente hasta la fecha por la Confederación se distribuyen en 19’4 millones de metros cúbicos anuales, para agricultores del Campo de Cartagena, y algo más de 990.000 metros cúbicos para uso turístico y creativo.
La capacidad de producción de la planta de Escombreras alcanza los 20 millones de litros de agua al año, “una cifra similar al consumo total de todo el municipio de Cartagena en un año o el 65% de lo que gasta el municipio de Murcia en ese mismo periodo de tiempo”.
Por otro lado, Rubira quiso recordar que “la Confederación Hidrográfica del Segura, o sea el Gobierno de España, es quien tiene la competencia de otorgar las autorizaciones a los usuarios de la planta, una vez que el Gobierno de Rodríguez Zapatero incluyese las aguas procedentes de la desalación de agua de mar en el dominio público hidráulico”.
En esta línea, informó a los grupos parlamentarios que en julio del año 2021 la CHS publicó el listado de proyectos que optaban a recibir agua de la planta, otorgando una serie de autorizaciones provisionales, y que “a pesar de haber transcurrido los 18 meses de plazo previstos para convertirlas en definitivas, la Confederación aún no ha resuelto el expediente”.